Menu

Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





Hacia años en que Buenos Aires y Madrid no estaban tan cerca como estos últimos días de febrero gracias a la Visita de Estado del Presidente Macri y su esposa en la que, entre otras actividades, inauguraron la 36ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo – ARCOMadrid-, en la que Argentina ha sido el país invitado.


Argentina y el liderazgo europeo en la regulación de la privacidad global
Con ocasión de esa Visita Su Majestad el Rey subrayaba estos días las "sólidas" relaciones económicas existentes que, en lo económico y como recordaba Don Felipe "España sigue siendo el segundo mayor inversor en Argentina y unas 300 empresas españolas contribuyen en Argentina al desarrollo productivo, a crear empleos directos y muchos más indirectos, y a modernizar y a hacer más competitiva la economía en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía, las infraestructuras de transporte o la banca y los seguros, entre otros”.
 
Don Felipe también recordaba estos días que compartimos con Argentina un “destino iberoamericano común y unos mismos principios y valores universales” entre los que se encuentra “el respeto a los derechos de la persona”.
 
Efectivamente, existe un ámbito jurídico en el que Argentina fue pionero a la hora de alinearse con Europa: su marco normativo de protección de datos de carácter personal. Así, la Constitución argentina del año 1994 prevé un recurso judicial especial, denominado «habeas data» para proteger los datos personales y en el año 2000 aprobó su Ley 25.326 sobre protección de datos personales y el Decreto Reglamentario no 1558/2001 que le valió, en el 2003, ser el primer país de Latino América al que la Comisión Europea reconoció el estatus de “adecuación” de su normativa (Decisión 2003/490/CE de la Comisión, de 30 de junio de 2003). A fecha de hoy sólo Argentina y Uruguay son considerados por la Comisión Europea países que garantiza un nivel adecuado de protección por lo que respecta a los datos personales en Latino América.
 
Precisamente, ese año 2003 en que Argentina era declarado un “país adecuado”, se constituyó la denominada Red Iberoamericana de Protección de Datos en la que participaron 14 países iberoamericanos que, en lo sustancial siguen el modelo europeo de privacidad.
 
No es de extrañar que cuando el pasado mes de mayo se publicó el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 (el Reglamento General de Protección de Datos o “RGPD”) que será de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales argentina (“DNPDP”) inició un proceso de reflexión para modificar su normativa y, precisamente, adecuarla al nuevo Reglamento europeo. El pasado enero de 2016 la “DNPDP” hizo pública a través dela plataforma digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina un anteproyecto de ley de protección de datos personales para reemplazar su Ley 25.326 e Protección de Datos Personales y a la Ley 26.951 conocida como la “Ley del Registro No Llame” (4)
 
Y es que, el que un país sea considerado “adecuado” a efectos de protección de datos por la Comisión Europea, tiene importantes repercusiones económicas ya que exime de la necesidad de procesos de autorización previa las transferencias de datos a dicho país lo que, más allá de facilitar negocios concretos (ubicación de data centers, call centers, etc.) a nadie se le oculta que es de enorme transcendencia en el desarrollo de la economía digital que es hoy por hoy el motor de todas las economías desarrolladas. En tal sentido Argentina en diciembre ha adoptado clausulas modelo para la transferencia interancional de datos personales copiando nuevamente el modelo europeo (ver http://www.allendebrea.com.ar/NovedadLegal/Details/1593/argentina-%E2%80%93-new-regulation-on-data-transfers ).
 
Este paso dado por Argentina de seguir el modelo europeo de protección de datos lleva a una reflexión más profunda que es las fricciones que se están produciendo ya que pese a que, nuestros smart phones, las redes sociales que utilizamos o la gran mayoría de las plataformas de comercio electrónico o de mensajería que utilizamos son norteamericanas  -evidencia que reconoce no sin cierta frustración la Comisión Europea en su empeño por impulsar el Mercado Único Digital (1)- el modelo e regulación en una materia tan crítica con la de la protección y libre circulación de datos es, sin embargo, el modelo europeo.
 
Es cierto que el gran revés que supuso la anulación del programa “Safe Harbor” que facilitaba los flujos transfronterizos de datos entre Europa y Estados Unidos a finales del 2016 (objeto de uno de los primeros post de este blog (2) ha sido momentáneamente superado por la aprobación del nuevo programa “Privacy Shield” (3) pero, pese a ello, y pese al indiscutible liderazgo económico de las empresas tecnológicas norteamericanas en la escena mundial, el modelo de privacidad que se extiende es el que viene marcando Europa y Estados Unidos ha entendido que no puede permitirse que se puedan producir nuevos varapalos a su sistema que dificulten la libre circulación de datos desde o hacia su territorio.
 
La iniciativa tomada por Argentina inspirándose en el modelo europeo está siguiéndose por el resto de la región iberoamericana (México y Colombia tienen leyes siguiendo el modelo europeo y Chile y Brasil están discutiendo proyectos de leyes similares) y resulta una gran oportunidad para que todos los países que los principios de protección y también de libre circulación de datos personales sean efectivos a los dos lados del Atlántico. Es pronto para saber cómo funcionará el “Privacy Shield” norteamericano y qué postura adoptará Estados Unidos ante la evidencia de que la región iberoamericana ha abrazado el modelo del Reglamento Europeo de Protección de datos, pero lo que está claro es que, como bien saben en Argentina “it takes two to tango”.
 
(3) https://www.privacyshield.gov/welcome
(4) 
Para quien quiera ahondar en ese anteproyecto, adjunto un link http://www.allendebrea.com.ar/NovedadLegal/Details/1596/new-argentine-data-protection-bill--deadline-to-file-comments-with-the-dpa-feb-28,-2017 al análisis sobre el mismo realizado por el abogado argentino especialista en Protección de Datos Pablo A. Palazzi http://www.allendebrea.com.ar/Abogado/DetailsSocio/16?printPreview=False  que, en lo fundamental, sigue el modelo europeo del Reglamento General de Protección de Datos introduciendo en su derecho el concepto de “accountability” o responsabilidad proactiva de los responsables de tratamientos de datos.
 

Argentina y el liderazgo europeo en la regulación de la privacidad global
Artículo escrito por Javier Fernández-Samaniego y Pablo Palazzi.

Pablo A. Palazzi, pap@allendebrea.com.ar
Pablo Palazzi es abogado y socio del estudio Allende & Brea. Su práctica se focaliza en empresas de tecnología, propiedad intelectual y protección de datos personales.



Lunes, 27 de Febrero 2017

Nuevos modelos de negocio irrumpen con fuerza en el sector legal. Ya hace un tiempo que el mercado está presenciando la llegada de LPO (Legal Process Outsourcers) y firmas alternativas (Axiom Law, RiverView Law, etc.) que ofrecen sus servicios de un modo diferente al tradicional, tratando de adaptarse mejor a las necesidades del cliente, con mayores índices de eficiencia, flexibilidad y, en muchos casos, a un mejor precio.


¿Han llegado los LIMers para quedarse en la abogacía de negocios española?
Junto a estos modelos de negocio el Legal Interim Management (LIM) o prestación de servicios jurídicos en el marco de proyectos temporales tan conocido en el mundo anglosajón (Estados Unidos, Reino Unido) y en algunos países europeos como Bélgica o Países Bajos, empieza a ser una seria alternativa en España para responder a las necesidades puntuales que tienen despachos y asesorías jurídicas de empresa y -aquí está el cambio de tendencia- el LIM empieza a convertirse en un modelo de trabajo para muchos abogados que prefieren trabajar “por proyectos” en lugar de vincularse de forma indefinida con un despacho o una empresa.

El LIM consiste, pues, en la contratación de abogados (por parte de firmas/despachos de abogados, pero sobre todo de empresas) por periodos breves de tiempo, ya sea para cubrir una necesidad puntual de una compañía con motivo -por ejemplo- de una sustitución en el equipo legal, ya para abordar un proyecto jurídico concreto, generalmente -aunque no siempre- de carácter extraordinario o fuera del día a día del departamento legal de que se trate.

Como decíamos el LIM no es algo nuevo y ha pasado ya una década desde que, por ejemplo, el despacho británico Berwin Leighton Paisner LLP (BLP) creó su aplaudida división de LOD/ “Lawyers on Demand” y aunque el fenómeno tardó en llegar a nuestro despachos y asesorías jurídicas desde hace unos años venimos comprobando que la demanda de este tipo de abogados (LIMers) se ha incrementado y también se ha incrementado el número de abogados dispuestos a trabajar como LIMer.

Los factores son siempre de distinta índole, y afectan tanto a la empresa como al abogado: (i) para las compañías o grupos empresariales quizás el beneficio más evidente sea poder acometer proyectos jurídicos bien definidos, temporalmente acotados y que son consecuencia de una necesidad concreta y normalmente excepcional; y lo mejor: la eficiencia en costes al no tener que aumentar plantilla ni incurrir en costes sociales y el poder contar con un profesional (abogado) con un alto grado de especialización, que prestará sus servicios desde la propia compañía (integrándose en ella por un tiempo preestablecido), a la que aportará aire fresco, valor, criterio, conocimiento sectorial y una gran experiencia en operaciones similares. Es innegable que se trata de un marco de colaboración flexible y con un retorno seguro de la inversión. (ii) Para los abogados “LIMers”, el enriquecimiento de su curriculum en el caso de los más jóvenes o la satisfacción de la aportación de valor en el caso de los más senior es indudable,si bien el gran incentivo para este tipo de abogados viene por la flexibilidad y las grandes posibilidades de conciliación laboral que se convierte en uno de los atractivos principales (compatibilizar el trabajo con la docencia, la investigación o incluso con tener su propio despacho). Además, tienen la posibilidad de conocer diferentes compañías y ambientes de trabajo (y por tanto ganar experiencia in-house) para servir mejor a sus clientes: ello implica colaborar de manera estrecha con profesionales diversos y en diferentes áreas del derecho. Todo ello les proporciona unas habilidades profesionales que no siempre están al alcance de la mano de abogados que ejercen desde posiciones más “tradicionales”. Más ventajas: la posibilidad de elección de la jornada, la racionalización de horarios, la variedad de asuntos, no atarse profesionalmente. En fin, es caballo ganador.

Ahora bien, no todos los abogados valen para “LIMer” o abogado para un proyecto temporal y en nuestra experiencia es imprescindible que quien se plantee esta opción reúna unas cualidades muy concretas: (i) el abogado debe ser “operativo” rápidamente, de manera que resulta imprescindible aprender rápidamente las características de cada negocio. Tiene poco tiempo de integración en su nuevo entorno, por lo que se le exige facilidad de adaptación a la dinámica de una empresa o al ritmo de un equipo de trabajo: y es claro que no siempre resulta fácil adaptarse a proyectos ya en marcha y encajar de la noche a la mañana en una cultura empresarial determinada; (ii) la flexibilidad y, en ocasiones, la movilidad geográfica son dos características indispensables en el currículo de estos abogados; (iii) son imprescindibles un alto conocimiento técnico y experiencia profesional previa (muchas veces en un sector concreto) para poder proporcionar valor añadido y respuestas eficientes desde el principio; (iv) como en cualquier proyecto de otro sector de actividad, un abogado expresamente contratado para llevarlo a cabo ha de tener una clara orientación a resultados; (v) asimismo, es clave ser capaz de trabajar con autonomía, ya que en ocasiones el abogado no contará ni con personal de apoyo ni con supervisión de ningún tipo.

Si hablamos de retribución, el salario mensual de este tipo de abogados suele ser superior al de un abogado “tradicional” de similar categoría y experiencia:. El coste inherente a dicha contratación suele ser repercutido al proyecto que ha originado su contratación. Esta diferencia salarial (positiva) se justifica por el hecho de que el LIMer tiene que proporcionar resultados desde el mismo momento de su incorporación al proyecto; el periodo de adaptación debe reducirse al máximo precisamente por la temporalidad de su colaboración.

Si bien existen algunos obstáculos para el desarrollo de esta figura como el control de calidad del trabajo del LIMer, el régimen de responsabilidad y la nada desdeñable dificultad de localizar a esos LIMers cada vez están apareciendo en nuestro país firmas alternativas y plataformas que junto con algunas empresas de selección altamente especializadas están ayudando a la intersección de oferta y demanda y a la creación de un nuevo “mercado”.

Y es que, cada vez que desde una asesoría jurídica de empresa o un despacho de abogados se plantea la disyuntiva de llevar a cabo una contratación por una exigencia temporal concreta o o por la carencia de una especialidad concreta es el momento de pensar en la figura de un LIMer. También cuando busquen aire fresco, nuevas ideas y criterio jurídico muy orientado al negocio, cuando busquen eficiencia y flexibilidad. Y todo ello a un precio razonable, huyendo de los costes fijos cuya justificación es más que cuestionable en muchos casos. El mercado legal necesita y pide a gritos estas nuevas formas de prestar servicios jurídicos. La rueda gira muy rápidamente en estos tiempos, así que debemos aprender de nuestro entorno internacional y de mercados legales más evolucionados. El LIM ha venido para quedarse. ¡Pongámoselo fácil!

¿Han llegado los LIMers para quedarse en la abogacía de negocios española?
Marta del Coto. marta.delcoto@iterlegis.es
Marta del Coto es consultora de Iterlegis Legal Staffing Solutions, S.L. desde 2014 y responsable de la oficina de Barcelona de la firma. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1992 Abad Oliba, Fundación San Pablo C.E.U.), y es Postgraduada en Técnicas de Gestión Empresarial 
por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Universidad de Barcelona). Diez años en el departamento de Derecho Mercantil de Landwell-PricewaterhouseCoopers en Barcelona y cinco en el equipo gestor de la red internacional de abogados de PwC (PwC’s Global Legal network) permiten tener a Marta del Coto una perspectiva privilegiada de la práctica legal. Ahora, consultora de Iterlegis Legal Staffing Solutions y responsable en Barcelona, toma el pulso cada día al mercado de la búsqueda de abogados.



Lunes, 30 de Enero 2017
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
 Metropolitan Museum of Art. The Adoration of the Magi. ca. 1475
SAMANIEGO Law is commemorating the 500th anniversary of Hieronymus Bosch’s death

Javier Fernández-Samaniego
javier.samaniego@samaniegolaw.com



Viernes, 23 de Diciembre 2016
Reflexiones de un replicante legal.
El veterano abogado de la Asesoría Jurídica de Telefónica Alejandro Sánchez del Campo es, realmente, un “replicante legal” que lleva los últimos tres años embarcado en la muy humana aventura de la reflexión jurídica a través de su blog Replicante legal http://replicantelegal.com/ en el que nos abre una pasarela para conectar derecho y tecnología con un especial atención, replicante él, a los robots, “cyborgs” y demás ingenios.

El autor ha decidido recopilar los artículos de ese blog que junto con otras colaboraciones y material inédito han quedado transformadas en el libro electrónico (y también en papel) Reflexiones de un replicante legal. Los retos jurídicos de la robótica y las tecnologías disruptivas (link: http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/reflexiones-de-un-replicante-legal-duo/8674/4294967101 ) que acaba de ser publicado por Aranzadi y presentado en FIDE en fechas recientes. El libro, al igual que “El futuro de las profesiones” de Richard y Daniel Susskind  que comentamos en el post de marzo de 2016 (http://www.fidefundacion.es/mjuridico/) es, sin duda, un “buen libro para el momento” siguiendo la calificación y clasificación de libros que hacía John Ruskin a la que aludí en aquél post.

El sugerente título del libro y su simpática portada, su autor Alejandro Sánchez del Campo y el nombre de Juan Pablo Nieto Mengotti como prologuista fueron reclamos inmediatos para no condenar al libro a mi cola de lecturas pendientes.

Y es que autor y prologuista son abogados que, como yo, han tenido el privilegio de ejercer la profesión siendo testigos –y actores- de la radical transformación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones desde que se produjo la privatización del sector a mediados de los 90. En su caso, desde la atalaya de Telefónica que de antiguo “campeón nacional” y monopolista ha sabido transformarse en uno de los líderes globales indiscutibles de la revolución digital.

Tal vez por ese bagaje profesional, el autor –al igual que su insigne prologuista- hace gala del poso del abogado de empresa “tradicional” y sólido –no en vano el libro trata de buscar muchas respuestas en nuestro decimonónico aunque bien envejecido Código Civil- pero, a la vez, conserva la curiosidad y espontaneidad del adolescente que no sabe “lo que le está pasando”. Un poco como esos profesores de universidad siempre jóvenes por el efecto simpático que les provoca el contacto con sus alumnos pero que no olvidan a los clásicos. Así, el “replicante legal” acude a Platón y Séneca (pág. 35) para buscar ciber-soluciones a los ciber-problemas, al “Mare Liberum” de Hugo Grocio (pág. 105) para reflexionar sobre los nuevos negocios virtuales y el caso Uber o, a la Homestead Act de 1862 de Abraham Lincoln para buscar soluciones a las leyes que deben regir la minería especial o la colonización de Marte (pág. 103).

Imbuido de esa frescura se explica que uno de los capítulos del libro trate de “Amor y Sexo en el mundo robótico” (pág.91) que, lo confieso, fueron las primeras líneas que leí del libro. Y es que el libro, como recopilación de artículos, admite la lectura intercalada y “desordenada” de sus capítulos como “delicioso totum revolutum” que es.

Así, su lectura se presenta como la visita a un parque de atracciones futurista donde nos esperan, capítulo a capítulo, como si de las distintas atracciones del parque se tratasen, pequeñas dosis de emoción que van desde la exploración de la mente de un criminal  gracias a las técnicas fMRI, las impresoras 4D y sus retos legales o hasta un viaje en el tiempo y todo pagado, por supuesto, con bitcoins y su fascintante tecnología de sustento “blockchain” que va a revolucionar el sector financiero y bancario y la contratación entre ausentes.

Son píldoras de conocimiento que se disuelven rápido en el cerebro y que nos acercan a algunas de las iniciativas pioneras en esta expedición que han emprendido juristas y abogados de todo el planeta como Ryan Calo y el grupo del “We Robot” que arrancó en la Universidad de Miami en 2012 (pág. 45) o los nuevos despachos, iniciativas y emprendedores que están revolucionando la abogacía como Riverview Law o Axiom Law (pág. 122) o IBM y su tecnología Watson (pág. 119). Eso sí, sin olvidar a los clásicos y destilando una preocupación por los aspectos éticos y un profundo humanismo que se percibe desde la  introducción en la que se evoca a Stefan Sweig y su sublime novela “Momentos estelares de la humanidad” y, por último y muy meritorio, sin caer en el charlatanismo que con bastante frecuencia encontramos entre algunos letrados que se adentran en los misterios de la revolución tecnológica sin haber entendido antes “el alma de la toga”.

¿Sueña Alejandro Sánchez del Campo con ovejas eléctricas?

© Javier Fernández-Samaniego, 2016
javier.samaniego@samaniegolaw.com

Reflexiones de un replicante legal.

 



Lunes, 21 de Noviembre 2016
Un terrain vague en la regulación (de lo digital)
Regular el mundo digital es complicado y se ha convertido en un continuo “tira y afloja” entre Administración, empresas de internet y ciudadanos. Como señaló el European Data Protection Supervisor (EDPS) hace menos de un mes “Regulators are often under great pressure to meet public expectations […][[1]] ”. ¿Cómo asegurar lo que pasa en ese mundo sin límites que es internet? Si pensamos que venimos de un sistema hijo de la revolución industrial  que se configuraba desde la oferta (¿qué puedo ofrecerte “yo” empresa a “ti” cliente?) y en el que necesitábamos de garantías; la aparición de un ordenamiento construido desde la demanda (¿qué necesitas? ¿cómo puedo conectarte con quien puede ofrecértelo?) y que responde más a la confianza, hace saltar por los aires todos los esquemas. Esa idea de que “para evitar la ruina en un mundo súper poblado, la gente tiene que responder ante una fuerza coercitiva externa a su psique individual, ante un “Leviatán”, por utilizar el término de Hobbes”[[2]] encuentra una falla de la que no puede escapar. El mercado y cada vez más sectores, se han vuelto distribuidos y furiosamente tecnológicos y digitales.
 
Nos hemos acostumbrado a pensar que necesitamos regular al máximo el sistema para asegurar su supervivencia y las transacciones dentro de él. La posición del que regula es superior y distante a lo regulado, es un masterplanner en el mismo sentido de quien realiza el plan de urbanismo de la ciudad. Una visión que muchas veces no tiene en cuenta la realidad de lo “urbanizado”. Lo digital irrumpe como “un elefante en una cacharrería” y obliga al masterplanner a actuar porque aparece la necesidad (sobre todo en términos de intereses económicos y a nivel político) y la oportunidad. Pero a la vez comienza a renacer una idea “aparcada” durante las últimas décadas (hasta la “explosión” de Rifkin[[3]]) como es la del procomún: el derecho a ser incluido, a tener acceso, a participar “en común”. Y esta idea resulta especialmente sugerente en un mundo digital en el que los retos para el regulador son brutales: IoT, Big Data, plataformas, páginas de enlace, movimientos internacionales de datos, economía colaborativa...Y lo es por dos motivos: por la idea de que quien mejor sabe gobernar la vida de una comunidad es la propia comunidad y por la existencia de protocolos de autorregulación.
 
La regulación y el urbanismo comparten potentes semejanzas como fenómenos “ordenadores” que son, incluso cuando no se desarrollan. El terrain vague, el espacio urbano vacío, libre y disponible fruto, por ejemplo, de las bombas que cayeron en ciudades como Londres en la II Guerra Mundial, pero también de cualquier otro fenómeno de abandono de espacios públicos, se asemeja a lo digital, es un disfuncionalidad del sistema, una anomalía en el orden establecido. Es algo que debía estar regulado o urbanizado, que quizá incluso lo estuvo, pero que no lo está. El poder evocador del concepto hay que entenderlo por la percepción del espacio vacío también como expectativa, como oportunidad, como “espacio de lo posible”. Y quizá, al igual que comienzan a reclamarse esos espacios “de lo posible” en nuestras ciudades, pueda empezar a crearse ese espacio en lo digital, desde el punto de vista de la autorregulación. Un espacio en el que los propios players regulen aspectos de su comportamiento no por dejadez, sino porque sea la opción más eficiente, ágil  y óptima para el sistema. Estoy pensando en una SRO (self regulatory organization) al estilo de la NYSE[[4]] que al amparo de la Securities Exchange Act 1934 regule, mientras la Administración (en este caso, la SEC[[5]]) valide y supervise; que realice el enforcement directo sobre sus miembros apoyándose en la otra sólo cuando no llegue; que represente a un grupo de interés mientras la Administración la controla a ella.
 
Regular es prohibir. Siempre que regulamos decidimos que es preferible conseguir una cierta cantidad de un objetivo social, económico o político a cambio de sacrificar algo (por ejemplo, la libertad de empresa del art. 38 CE). Si pensamos coasianamente[[6] aquellos que pueden manejar a un menor coste los riesgos de lo digital son precisamente las empresas y usuarios de lo digital. Este enorme sector se comporta como un ser vivo, siendo tan grande el reto, tiende por sí mismo a la concentración final en grandísimos players que pueden, de facto, controlar el cumplimiento. Una autorregulación que parta de 3 características básicas: percepción de legitimidad, mecanismos de enforcement creíbles y énfasis en la reputación (transparente y digital) como valor diferencial.
 
Hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes es estúpido, ¿por qué no probar a que el terrain vague de lo digital se desarrolle? ¿Realmente no podemos permitírnoslo? Al fin y al cabo, ¿quién podía hace unos años imaginarse a 11 Ministros escribiendo al Vicepresidente del Parlamento Europeo para no sobre-regular las plataformas digitales?[[7]]
 
[[1]] Opinion 8/2016 EDPS. Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data. Septiembre de 2016. Accesible en este enlace: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Events/16-09-23_BigData_opinion_EN.pdf
[[2]] HARDIN, G., “Political Requirements for Preserving Our Common Heritage”, en P. Brokaw (comp.), Wildlife and America, Howard, Washington DC, Council on Environmental Quality, 1978, págs. 310- 317
[[3]] RIFKIN, Jeremy. La sociedad de coste marginal cero: el internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Grupo Planeta (GBS), 2014.

Un terrain vague en la regulación (de lo digital)
Este artículo está escrito por Ricardo Fernández Flores.
ricardo.fernandez@destinia.com
Ricardo es en la actualidad Director de Estrategia y Regulación en DESTINIA, Profesor de Máster y Doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid.  Dirigió un Despacho especialista de 2013  a 2015 y fundó un Think Tank para desarrollar proyectos de implementación de modelos on-demand, P2P y B2P en sectores tradicionales como el del alojamiento y la energía. Es uno de los impulsores de Energytech Spain.
 



Martes, 25 de Octubre 2016
1 2 3
Javier Fernández-Samaniego
Javier Fernández-Samaniego
Ardiel Martinez
Socio Director de Samaniego Law. Abogado y especialista en asesoramiento contractual y contencioso de proveedores y clientes de Tecnologías de la Información. Fue uno de los abogados pioneros en España en el asesoramiento en materia de protección de datos de carácter personal. Asesora a empresas nacionales y multinacionales en contratos de outsourcing, nuevos modelos de negocio vertebrados en tecnologías disruptivas y en la prevención y resolución de conflictos que involucran cuestiones tecnológicas complejas. Cuenta con estrechos vínculos en Estados Unidos y Latino América. Es árbitro de la sección especializada en TIC de la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid y asociado del Club Español de Arbitraje. Es mediador acreditado por CEDR de Londres y forma parte del Panel de Distinguidos “Neutrales” de CPR en Nueva York. Abrió la oficina de Madrid de Bird & Bird en 2005 y anteriormente colaboró profesionalmente con los despachos Linklaters y Cuatrecasas. Comenzó su carrera como abogado en el ente público CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Miembro del Consejo Académico de FIDE. Senior Fellow del College of Law de FIU -Florida International University.