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Alarma, emergencia y perspectiva de futuro: diferenciar el trigo y la paja


Realmente hay situaciones que todos esperábamos no vivir. Una vez que el destino nos ha llevado a vivirlas es el momento de hacer algunas reflexiones. La primera, la relevancia de las instituciones.



Varios clientes guardan cola para entrar en un supermercado de Badalona. EFE
Varios clientes guardan cola para entrar en un supermercado de Badalona. EFE

A lo largo de los últimos años se ha discutido mucho sobre la “utilidad” de lo público y su carácter <<disponible>>. Muchos habíamos alertado sobre la necesidad de que estos planteamientos tuvieran una lógica estructural y respondieran a criterios de gestión y no a apriorismos conceptuales. Ahora podemos ver la utilidad, la necesidad, lo esencial que resultan los servicios públicos desde los sanitarios a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la defensa en misiones civiles. Si una situación de emergencia como la actual nos sirve para reflexionar sobre los postulados pasados podemos decir que algo habríamos ganado.
 
Pero al margen de esta reflexión sobre la referencia y la consistencia de lo público en la subvención de las necesidades sociales queda, ahora, el análisis desde una perspectiva jurídica de la situación creada. En este punto podemos indicar que al legislador – al común o al de urgencia- le corresponden dos papeles y dos roles perfectamente diferenciables.
 
El primero, resolver con inmediatez algunos de los problemas creados. El Real Decreto de declaración de alarma y la legislación continua que se va publicando en el BOE diario o en los que se publican cada día (que ahora son más de uno diario) son el ejemplo de este intento de solventar las cuestiones caracterizadas por la inmediatez y la urgencia. De esta legislación de emergencia puede decirse poco. Responde a la percepción de las situaciones de mayor gravedad y perentoriedad que el legislador tiene que subvenirlas.
 
Con carácter general podemos indicar que las medidas previstas, primero, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración de alarma y, posteriormente, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 han ido intentando paliar algunos de los problemas que ya eran perceptibles.
 
En el ámbito jurídico, la suspensión de plazos en los procedimientos y los procesos judiciales, la suspensión o demora en el pago de las obligaciones contractuales   o la reordenación del funcionamiento de entidades privadas y su transformación en relaciones y funcionamientos digitales son elementos claves. Con carácter general puede decirse que “gap” o el lapso temporal, la paralización de la vida jurídica que se ha declarado tiene problemas de interpretación y de extensión que habrá que ir matizando si la situación se prolonga. Las matizaciones y el carácter selectivo de la suspensión en materia tributaria son entendible desde la perspectiva de la Administración y de la necesidad de ingresos, pero, realmente, es muy compleja desde la perspectiva de los agentes y los operadores que intervienen en la gestión de este. Las situaciones de dificultad material de realización de trámites no diferencian el tipo de tributo. Pero, realmente, esto es un tema puntual que, probablemente habrá que ir solventando con el tiempo.
 
En este mismo ámbito de la reparación de las contingencias se incluye el conjunto de prestaciones, ayudas, préstamos y subvenciones que este conjunto normativo derivado de la alarma ha ido incorporando al sistema. Su alcance, su necesidad y su extensión y dimensión parece especialmente detectada. Cuánto podrá el Estado prestacional cubrir y durante cuánto tiempo es algo que, ciertamente, habrá que meditar y valorar. La idea central es que se llegará hasta donde se pueda llegar, pero debe indicarse que su consideración tiene, por esencia, que ser temporal y limitada en el tiempo. En algún momento (habrá que determinar cuándo) la anormalidad deberá transitar a la normalidad. Todos debemos entender que la anormalidad no es una forma definitiva de solución de los problemas.
 
A partir de este esquema al legislador, en cuanto levante un poco la cabeza y pueda respirar, le corresponde una segunda labor: encontrar un modelo sostenible que permita solventar la crisis e ir abonando la enorme deuda contraída en esta situación. Buena es, claro está, la primera referencia de las Autoridades Europeas indicando que la deuda procedente de la gestión y solución de la crisis no debe computar en el déficit y que, por tanto, la ortodoxia económica debe, también, contribuir a la solidaridad general con un criterio más flexible.
 
Pero, admitido lo anterior, el siguiente problema es el modelo. El modelo debe diferenciar y no confundir el pago de la factura pendiente y la ordenación de la actividad social. El pago de la factura exige, claro está, reparto de sacrificios y compensación de deudas. La tentación de cargar la factura en unos sectores económicos – los más privilegiados o los más boyantes o los más importantes- conduciría a un empobreciendo futuro que lastra el modelo de crecimiento. El reparto y la contribución general (incluida la pública) es una exigencia. La tentación de hacer este reparto en condiciones esencialmente desiguales es una temeridad que, desde todas las perspectivas, habrá que considerar.
 
Ya en el último plano cabe indicar la necesidad de articular un modelo que cree empleo. Sin duda, este vuelve a ser nuestro reto. El mismo reto que hace unos años y que necesariamente nos hace preguntarnos sobre nuestro modelo de crecimiento y sobre la necesidad de superar nuestra dependencia del sector servicios como elemento central de la economía. En una situación como la presente, la dependencia del sector servicios se ha vuelto dramática en términos estadísticos y de resultados. El sector servicios exige cuidado, preocupación y fomento, pero es, como está visto, muy volátil. Recuperar la confianza y la virtualidad económica de este sector será una labor que exija tiempo, esfuerzo, precisión de medidas, ayuda internacional, diplomacia comprometida y “marketing de país”.
 
Pero, sin duda, el gran reto es equilibrar la dependencia numérica y porcentual de este sector con el resto de los sectores económicos. En los últimos años, en los últimos meses, hemos llegado a pensar que la solución está en el incremento de la responsabilidad colectiva y en el gasto público como elemento de cohesión social. Sin embargo, sin negar los efectos de la desigualdad en las relaciones sociales es lo cierto que la discrepancia se plantea en cómo allegar o solventar la financiación del esquema de solidaridad.
 
Esto nos ha llevado a poner la vista en el sistema tributario y en la exigencia frente a los ciudadanos. Sin negar, igualmente, que caben ajustes en busca de sistemas más solidarios, lo que es evidente es que este modelo ya no suficiente ni mantenible. El esfuerzo o la mayor capacidad contributiva no será capaz ni de ofrecer soluciones ni de seguir creciendo y, por tanto, no será el esquema de solución de nuestros problemas. El sacrificio individual será el que pueda ser, pero no esperemos del mismo la solución a la crisis planteada.
 
Esto nos lleva al punto final: pensemos en clave de sistema económico. La única medida posible – incluso, finalmente, para la cohesión y la igualdad social- es un modelo de crecimiento fundado en el progreso económico. Nuestra función de futuro es crear tejido industrial, empresarial y comercial para que el desempleo pueda reducirse y para que el esfuerzo individual sea mantenible. Por tanto, la labor del legislador es tomar aire y situarse en la necesidad de incentivar el crecimiento y la actividad económica. El diseño de un modelo pensado en esta clave exige imaginación, determinación e impulso. Pensar que la solidaridad y el esfuerzo es condición de unos pocos es lastrar el modelo y perder la perspectiva.
 

Madrid, 18/3/2020.-

Alberto Palomar Olmeda

Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de lo contencioso-administrativo. Miembro del Consejo Académico de FIDE.




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