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Analizamos en Fide las relaciones entre arbitraje e insolvencia en el nuevo Reglamento de Insolvencia (Reglamento 2015/848)


Ambos son mecanismos procesales que persiguen objetivos de muy diversa naturaleza y, en consecuencia, los problemas que se derivan de su “encuentro” resultan de especial complejidad, en particular en el ámbito internacional.



La sesión que Fide organizó el pasado 28 de septiembre, en el Foro de Arbitraje y Litigación Internacional, se centró en el análisis de las relaciones entre arbitraje e insolvencia en el nuevo Reglamento de Insolvencia. Iván Heredia Cervantes, comenzó su intervención identificando algunas de las cuestiones que se pueden suscitar cuando “se encuentran” dos instituciones de finalidades en principio opuestas como el arbitraje y la insolvencia (arbitrabilidad de algunas de las cuestiones planteadas en el marco del concurso, celebración de convenios arbitrales una vez iniciado el procedimiento concursal, etc.), para centrarse a continuación en el análisis en profundidad de las dos cuestiones concretas sobre las que centró su intervención: el tratamiento concursal tanto de los procedimientos arbitrales ya iniciados en la fecha de inicio del procedimiento concursal como de los acuerdos arbitrales que aún no han dado origen a un procedimiento arbitral.
 
Hasta ahora, el vigente Reglamento 1346/2000 contaba con una regla específicamente diseñada para los procedimientos judiciales que se encontraran pendientes antes del inicio del concurso, y en virtud de la cual dichos efectos quedarían sometidos “exclusivamente” a la ley del Estado en el que se tramitara el procedimiento. Pese a la falta de referencia expresa en este precepto, existía también amplio consenso doctrinal en entender que el artículo 15 resultaba también aplicable a los procedimientos arbitrales pendientes y la jurisprudencia inglesa en el Asunto Syska v Vivendi, resuelto por la Court of Appeal el 9 de julio de 2009, así lo había entendido. El nuevo Reglamento de Insolvencia confirma esta interpretación y señala en su artículo 18 que será la ley del Estado de la sede del arbitraje la que regulará “exclusivamente” los efectos que se deriven sobre el procedimiento arbitral de la apertura de un procedimiento de insolvencia. Iván Heredia puso de manifiesto, no obstante, la necesidad de concretar de forma adecuada la referencia que hace el precepto a la aplicación “exclusiva” del ordenamiento de la sede del arbitraje a la luz de la apuesta del Reglamento por una vis attractiva concursus atenuada.
 
 

A continuación se analizó el tratamiento que dispensa el nuevo Reglamento de Insolvencia a los acuerdos arbitrales que aún no han dado origen a un procedimiento arbitral. El ponente puso de manifiesto el erróneo planteamiento seguido por la jurisprudencia española en el asunto resuelto por la A.P de Barcelona el 29 de abril de 2009 (asunto Pirelli) y señaló que, dado que el nuevo Reglamento de Insolvencia no regula expresamente esta cuestión, lo primero que debía determinarse es si dicha ausencia de regulación significa que el nuevo Reglamento la deja fuera de su ámbito de aplicación o si, por el contrario, pese a su silencio, sí la regula y excluye por tanto el juego de los ordenamientos nacionales. En el caso de que se optara por la segunda interpretación, un nuevo problema a resolver consistiría en determinar si, en la medida en que los acuerdos arbitrales son contratos, aunque de naturaleza procesal, deberían recibir el mismo tratamiento que el Reglamento dispensa con carácter general al resto de contratos y, en consecuencia deberían quedar sometidos a la lex fori concursus o si, por el contrario, a la hora de resolver este problema tendría que ponerse el acento en la esfera procesal del acuerdo arbitral y, dado que el Reglamento apuesta por una vis attractiva atenuada, se mantendría la vigencia del acuerdo al margen de lo que estipule la lex fori concursus.
 
Tras la intervención de Iván Heredia Cervantes se abrió un interesante debate en el que se discutió sobre las conclusiones alcanzadas por el ponente y se plantearon nuevas cuestiones como la vinculación de los árbitros a las soluciones contempladas en el Reglamento de Insolvencia.
 




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