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Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa



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Articulo de prueba para la nueva plantilla


Artículo en el que probamos diferentes fuentes para lo que sea




Un día normal

Una sesión
Una sesión
Pensábamos en darle un diseño si acaso como el de la portada. Mas interactivo que el actual de cuadrillas. Y en cuanto a lo de la letra me parece bien. Empecemos con algunas de las combinaciones que queríamos ver.
En privado claro..
Contexto y Objetivos:  
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, permite que las administraciones y otros entes del sector público introduzcan en los pliegos condiciones de tipo social (contratación de personas con discapacidad o con dificultades de inserción, etcétera), laboral (favorecer la formación en el lugar de trabajo y la conciliación, reducir la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud...) y medioambiental (exigencias relacionadas con el límite de emisiones, gestión eficiente del agua, reciclado de residuos, energías renovables...). Estas condiciones podrán recogerse como umbrales de solvencia exigidos para acceder a la licitación, como criterios de puntuación de las ofertas o como condiciones de ejecución del contrato.  

La inclusión en las adjudicaciones del sector público de criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable ¿ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes públicos a un mandato imperativo?  

En la sesión se analizó la evolución de las cláusulas sociales en la contratación de las Administraciones públicas y se expuso el plan de mejora hacia un sistema de responsabilidad social municipal del Ayuntamiento de Logroño aprobado en 2015 para analizar su diseño, contenido e implementación en la práctica así como la posible incidencia en el mismo la nueva La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Contexto y Objetivos:  
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, permite que las administraciones y otros entes del sector público introduzcan en los pliegos condiciones de tipo social (contratación de personas con discapacidad o con dificultades de inserción, etcétera), laboral (favorecer la formación en el lugar de trabajo y la conciliación, reducir la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud...) y medioambiental (exigencias relacionadas con el límite de emisiones, gestión eficiente del agua, reciclado de residuos, energías renovables...). Estas condiciones podrán recogerse como umbrales de solvencia exigidos para acceder a la licitación, como criterios de puntuación de las ofertas o como condiciones de ejecución del contrato.  

La inclusión en las adjudicaciones del sector público de criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable ¿ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes públicos a un mandato imperativo?  

En la sesión se analizó la evolución de las cláusulas sociales en la contratación de las Administraciones públicas y se expuso el plan de mejora hacia un sistema de responsabilidad social municipal del Ayuntamiento de Logroño aprobado en 2015 para analizar su diseño, contenido e implementación en la práctica así como la posible incidencia en el mismo la nueva La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Contexto y Objetivos:  
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, permite que las administraciones y otros entes del sector público introduzcan en los pliegos condiciones de tipo social (contratación de personas con discapacidad o con dificultades de inserción, etcétera), laboral (favorecer la formación en el lugar de trabajo y la conciliación, reducir la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud...) y medioambiental (exigencias relacionadas con el límite de emisiones, gestión eficiente del agua, reciclado de residuos, energías renovables...). Estas condiciones podrán recogerse como umbrales de solvencia exigidos para acceder a la licitación, como criterios de puntuación de las ofertas o como condiciones de ejecución del contrato.  

La inclusión en las adjudicaciones del sector público de criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable ¿ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes públicos a un mandato imperativo?  

En la sesión se analizó la evolución de las cláusulas sociales en la contratación de las Administraciones públicas y se expuso el plan de mejora hacia un sistema de responsabilidad social municipal del Ayuntamiento de Logroño aprobado en 2015 para analizar su diseño, contenido e implementación en la práctica así como la posible incidencia en el mismo la nueva La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

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