Menu

Avances tecnológicos en la investigación del delito, por Helena Soleto




Avances tecnológicos en la investigación del delito, por Helena Soleto
Ante la perspectiva actual de una realidad cada vez más dinámica, donde los medios técnicos y avances tecnológicos coadyuvan a una sociedad en constante cambio, la evolución del fenómeno delictivo no se queda atrás, sumándose al proceso de continua renovación característico de nuestro tiempo.
 
Ello conlleva la permanente puesta a punto de nuestro sistema penal, que requiere de una evolución paralela a la experimentada por la actividad criminal para dar respuesta a las nuevas exigencias de seguridad planteadas por la sociedad contemporánea.
A la hora de analizar el peso y significado que actualmente tiene la tecnología en el sistema de justicia penal, es fundamental el papel que cumple en la conformación de la realidad social contemporánea, marco en que tiene lugar el proceso judicial moderno.

En el ámbito del proceso penal, las ciencias forenses ofrecen hoy respuesta a cuestiones que con anterioridad eran irresolubles o bien resultaban abordables a través de cauces considerados como menos fiables. Sirva como ejemplo la identificación del imputado, que históricamente ha sido realizada en el marco de la investigación criminal a través de métodos basados en la percepción  –como son la rueda de reconocimiento o el testimonio- cuya ratio de error se ha comprobado muy superior a la de las pruebas científicas utilizadas con el mismo propósito; como son el análisis genético o dactiloscópico.

Pero más allá de la aplicación de la ciencia médica a las cuestiones propias de la instrucción judicial, el gran desarrollo científico-técnico experimentado durante el final del siglo XX y el XXI ha dado lugar a una revolución tecnológica sin precedentes cuyas totales implicaciones son aún desconocidas.

En el marco de la llamada sociedad de la información o sociedad del conocimiento se han generado espacios de interacción personal y económica previamente inexistentes. El avance de las telecomunicaciones y el transporte ha modificado las relaciones interpersonales y el flujo económico en tiempo y forma, dando lugar a la deslocalización productiva, cambios en los patrones adquisitivos e inmediatez en la comunicación. La presencia de la tecnología es, en resumidas cuentas, un elemento esencial en nuestra actual forma de vida.

Una de las consecuencias derivadas de esta transformación social ha sido la producción de daño a bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal. Han entrado en escena nuevas conductas delictivas cuya perpetración solo es posible en realidades de uso tecnológico. Conductas que no podrían llevarse a cabo si no es a través de la tecnología, que surgen a partir de la misma y que solo pueden desprender efectos lesivos a partir de su utilización. Son los denominados delitos tecnológicos.

Es por ello que el recurso a la tecnología por parte del Estado cumplen en la actualidad un doble papel en relación con el proceso penal: i) permiten el perfeccionamiento de los medios de análisis para investigación y prueba ofreciendo resultados más fiables, y ii) permiten la persecución de aquellos delitos conectados directamente con la tecnología, cada vez más numerosos.
Haciéndose eco de la realidad descrita y con el ánimo de actualizar la regulación procesal penal en materia de investigación del delito, el legislador decidió hace ahora un año reformar nuestra más que centenaria y muy modificada Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la promulgación de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

La citada reforma, que entró en vigor dos meses después de su publicación, responde al objetivo de adaptar la legislación a las formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías mediante la inclusión de una regulación que de cobertura a las nuevas medidas de investigación tecnológica, en los  Capítulos V a VII del Título VIII del Libro II.

Dentro de las medidas recogidas por la reforma puede encontrarse técnicas antes no contempladas por la legislación, pero que sin embargo no resultaban ajenas a la instrucción penal. Véase la grabación de las comunicaciones orales directas. En estos casos se hacía especialmente necesario dotar de reconocimiento legal a las mismas, pues tal y como indicaba el informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de la norma que dio lugar a la reforma “las carencias de nuestras leyes procesales en materia de telecomunicaciones dificultaban, o incluso impedían en algunos casos, la persecución de formas graves de delincuencia”. Sirva de ejemplo en este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2014 que previamente a la reforma declaro la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, en un supuesto de grabación de las conversaciones de detenidos en los calabozos pese a contarse con resolución judicial motivada, por entender el Tribunal que no existía habitación legislativa suficiente para la intervención de las comunicaciones directas.

Pero, independientemente de introducirse la necesaria regulación que diera soporte a este tipo de diligencias, a través de la LO 13/2015 también se incluyó en nuestro ordenamiento formas de investigación novedosas en el proceso penal, como son el registro remoto de terminales informáticos o el agente infiltrado virtual.

Cabe decir que los citados métodos de investigación del delito junto con el resto de los que la evolución tecnológica actual está dando lugar, resultan tan eficaces como necesarios en el presente contexto social, a la par que se muestran potencialmente lesivos para derechos fundamentales como la intimidad y autodeterminación informativa.

Es por ello que en el momento presente la revisión de los conocimientos tradicionalmente constitutivos del ámbito penal, así como a su profundización y desarrollo resulta obligada para la comunidad jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Helena Soleto Muñoz, Titular de Universidad. Área de Derecho Procesal. Directora del Máster de Justicia Criminal de la UC3M. Subdirectora del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación

 
 




L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    












Semblanzas Fide

Síguenos en redes sociales
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube Channel
Rss