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Derecho al duelo

Reflexiones Sociedad Civil. Madrid, 23/4/2020.-


Hay tiempo para el esfuerzo, para el duelo, para la esperanza, para la recuperación y para la colaboración de todos. No dejemos a nadie por el camino, tengamos para todos algún recuerdo.



La gestión de la pandemia del Covid-19 por los líderes de cualquier país exige asumir retos muy importantes. Existen retos evidentes derivados del colapso de la asistencia sanitaria y del confinamiento, también retos económicos pero no se puede olvidar la atención a la recuperación psicológica de la población.
 
El impacto del virus llegó de forma sorpresiva e impuesta y no permitió tiempo y sosiego para estudiar las respuestas médicas y económicas que se requerían. El impacto psicológico de la pandemia en la sociedad, en cambio, se puede modular porque depende de las sensaciones generales que se transmiten junto con la información. Es inevitable que se produzca un impacto psicológico pero depende de decisiones humanas. Por ello, antes de trabajar en la recuperación del daño, es necesario trabajar en la minimización del mal.
 
En la gestión del impacto psicológico las estrategias pueden ser varias, pero deberían estar condicionadas por un principio previo: cualquier decisión general debe adoptarse en favor de la sociedad.
 
En el año 2004 la sociedad española sufrió un fuerte impacto psicológico por la muerte de 193 personas en el atentado de Atocha. En aquel brutal hecho existieron culpables y responsables identificables, en particular un grupo de terroristas, que había colocado unas bombas queriendo matar a inocentes con el fin de causar temor e influir en el resultado de las elecciones generales que tendrían lugar tres días más tarde.
 
Aun cuando no es fácilmente comprensible para las personas mentalmente sanas un hecho así, lo cierto es que la existencia de asesinos concretos implicó a la sociedad española directamente en el devenir de los acontecimientos, en lo que sucedió tras el atentado. Los españoles sentimos rabia contra la barbarie, reclamamos Justicia, seguimos las investigaciones policiales comprensibles para cualquier ciudadano y pudimos intervenir mediante el voto en la decisión de quién debía gestionar lo que vendría después…
 
Todo ello se realizó con fuertes connotaciones políticas porque no se quiso o no se supo alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo podía haber incluido una disminución del impacto psicológico social. Finalmente éste fue tan grande que pasaron muchos meses antes de que se recuperase la alegría propia de nuestra sociedad mediterránea.
 
Es evidente que hoy también se debe adoptar una estrategia política respecto del impacto psicológico de la pandemia porque la cifra de muertos y afectados es enorme, la duración del confinamiento está generando fuertes repercusiones emocionales en las personas y la recuperación en todos los ámbitos es incierta.
 
Además, el miedo es mayor que en un atentado terrorista: se desconoce el origen del virus, se ignora la duración de sus malignos efectos, no se sabe si regresará en breve, no se comprenden las explicaciones de los especialistas sobre su tratamiento porque quizás ellos mismos aún no tienen certezas… La inseguridad y la repercusión negativa producidas superan a las de un atentado terrorista y son equiparables a las de una gran guerra.
 
Por todo ello es importante modular el impacto psicológico en la sociedad mediante una estrategia decidida con serenidad y valentía.
 
El abanico de posibilidades para esta estrategia abarca desde el ocultamiento de los datos reales –como sucede con los suicidios- hasta la transmisión informativa de la realidad con toda la crudeza -como la visión de los cadáveres en la estación de Atocha-. Sea cual fuere esta estrategia, debe ser decidida con responsabilidad para el beneficio de la sociedad.
 
Parece que en la actualidad la estrategia se decanta hacia la primera vía: se maquilla la realidad y se intenta resaltar sólo lo positivo. De esta manera cuando aplaudimos a las 8 de la tarde al personal sanitario y a nosotros mismos o cuando se difunden por las redes canciones animosas con mensajes positivos, solidarios y esperanzadores, se está camuflando la dura realidad como sucedía en la película “La vida es bella”.
 
Sin embargo, la sociedad española no es un niño como lo era Giosué en la película.
 
Por otro lado, es peligroso que el objetivo de disminuir el impacto psicológico pueda servir de excusa para minimizar las críticas contra la gestión del gobierno o para aumentar sus poderes y competencias impropiamente, más aún en un estado democrático y de derecho, que ha regulado la declaración de alarma con límites.
 
Aun cuando la estrategia asumida pueda ser sincera y esté centrada en crear estímulos positivos y esperanzadores para la sociedad, no se debe ocultar el merecido recuerdo de los miles de huérfanos generados en estas semanas. Ellos necesitan que los acompañemos en su duelo.
 
Está resultando duro para muchos no despedirse de un padre, de una madre o de un familiar, pero aún es peor la falta de compañía durante los momentos en que se siente la ausencia. La falta de un funeral no significa sólo la falta de un homenaje al fallecido, sino la negación de compañía a los vivos, cuando más la necesitan.
 
No debemos olvidar a los familiares de los fallecidos. Tienen derecho al duelo y a la compañía de sus amigos, aunque sea con las limitaciones de una llamada telefónica o de un correo electrónico. Una parte del duelo se desarrolla a través de la comprensión, la escucha y el apoyo de los demás. Para que el inevitable proceso tenga lugar, la sociedad tiene que ser consciente de ese duelo y admitirlo. No debe ser anulado.
 
No es necesario dedicar institucionalmente mucho tiempo a la tristeza pero cualquier estrategia nacional debe respetar el derecho al duelo, al menos mediante un silencio, una música o unas campanas, sin manipulaciones comunicativas ni políticas.
 
La negación del dolor puede llevar a ahogar los lamentos y no es suficiente argumento para tal actitud, querer evitar contagiar a otros la tristeza que los motiva. El mal causado a quien sufre es así mayor. No se puede negar la existencia de la muerte ni de la tristeza, es necesario enseñar a asumirla y a crear una esperanza.
 
Para los creyentes en otra vida tras la muerte, ésta se convierte en una transición hacia otra dimensión. Dejemos a quien así lo cree que pueda transmitir esa esperanza. Es real para muchos y puede ser un contagio positivo que ayude a otros. Negando la muerte se niega esta esperanza y cualquier otra que se pueda imaginar.
Desconozco qué cifra de fallecidos por el Covid-19 será necesaria para declarar un luto nacional pero habrá que reclamar pronto que tenga lugar algún tipo de homenaje, proporcional a la evidencia de la desgracia.
 
Considero compatible la convivencia entre el duelo y la esperanza. El duelo debe producirse, su represión no es buena. Tarde o temprano ese malestar de muchos miles de personas va a estallar y quizás lo haga de forma poco deseable. Los traumas individuales que tratan los psicólogos pueden tener remedio, resulta más difícil cuando el afectado es una parte significativa de la sociedad. La historia muestra numerosos episodios en que esas frustraciones fueron utilizadas por extremistas peligrosos generando los momentos más indignos de la humanidad.
 
Hay tiempo para el esfuerzo, para el duelo, para la esperanza, para la recuperación y para la colaboración de todos. No dejemos a nadie por el camino, tengamos para todos algún recuerdo, especialmente para los más afectados por el virus que son quienes han fallecido o enfermado, y para sus familiares.
 
Tengamos también criterio para no dejarnos imponer una estrategia nacional a nivel personal. No es obligatorio estar de acuerdo con la estrategia de los dirigentes. La libertad está por encima de las imposiciones, aunque utilicen el dudoso argumento de apoyarse en la mayoría de la colectividad. No existe baremo político para los sentimientos porque son individuales y no sociales. Deben estar blindados por el reconocimiento, el respeto y la generosidad.
 
 

Madrid, 23/4/2020.-
 

Miguel Ángel Recio Crespo

Gestor cultural y escritor
Administrador Civil del Estado.

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