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El COVID-19 y las Ayudas de Estado.


La Comisión ha reaccionado esta vez con mayor celeridad ante una crisis y adoptando este marco temporal intenta asegurar una suerte de igualdad de condiciones en el mercado interior.



En el TFUE en los artículos del 107 a 109 del TFUE, se regulan las ayudas públicas, como un mecanismo utilizado por los Estados que puede falsear la competencia en el mercado interior. Se entiende que se otorga una ayuda de estado incompatible con el TFUE cuando: (1) la ayuda sea otorgada por el Estado con cargo a recursos públicos (elemento de imputabilidad), (2) que conlleve la existencia de un beneficio económico a determinadas entidades/sectores/territorios (3) que la ventaja se otorgue a entidades que lleven a cabo actividades económicas, (4) que la ayuda sea selectiva o específica, en el sentido de favorecer a determinadas actividades o producciones en comparación con otros operadores económicos en situación comparable y suponga una excepción en la aplicación del esquema general aplicado al resto de las entidades y  (5) que afecte a las relaciones comerciales entre las empresas de los diferentes Estados.
 
El TFUE, en su artículo 107.3º, establece que podrán ser “compatibles” con el mercado interior una serie de ayudas públicas. A diferencia de las ayudas reconocidas automáticamente como compatibles del artículo 107.2º (desastres naturales, ayudas sociales o Alemania del este..), las ayudas del 107.3º, no son reconocidas como compatibles automáticamente, debiendo ser evaluadas previamente por la Comisión en base a unos condicionantes.
 
La Comisión ya empleó en 2008 como base jurídica el artículo 107.3º (b) y (c) para justificar las ayudas públicas al sector financiero.
 
Las ayudas compatibles otorgadas en base al artículo 107.3º (c) se destinan al salvamento y reestructuración de empresas en crisis (no específicamente entidades de crédito), facilitando el desarrollo de determinadas actividades siempre que ello no sea contrario al interés común. En las primeras decisiones a favor de ayudas a determinadas entidades financieras se tomó como base jurídica este artículo.
 
No obstante, cuando la crisis financiera se tornó en sistémica, la Comisión consideró compatibles una serie de medidas destinadas a asegurar el acceso a la financiación en condiciones equivalentes para todas las entidades de crédito, no ya a entidades concretas. La Comisión entendió, no sin perder casi un mes en debates internos, que era fundamental analizar la compatibilidad de las ayudas desde una perspectiva más flexible, considerando que la base jurídica apropiada debía ser el apartado (b) del artículo 107.3º, en lugar del apartado (c).
 
El artículo 107.3º (b), considera compatible las ayudas de un Estado que tengan como objetivo el poner remedio a una grave perturbación en su economía. Las condiciones para aplicar este apartado (b) son mucho menos restrictivas que en la aplicación del apartado (c), al tratarse éstas de ayudas generales y no de ayudas concretas a entidades en crisis.
 
Pues bien, como consecuencia de la crisis derivada del Covid-19, la Comisión esta vez ha reaccionado mucho más rápido que en 2008 y directamente ha fijado un marco temporal en el que se definen las condiciones en las que los Estados podrán otorgar ayudas excepcionales a las empresas con el objeto de poner remedio a una grave perturbación en la economía de los Estados. Esta vez, directamente, la base jurídica para dichas ayudas es el artículo 107.3º.(b) del TFUE.
 
Este marco temporal es sobre todo para que los Estados ayuden a empresas, pero solamente a aquellas que tienen problemas financieros después del 31 de diciembre de 2019, derivados del coronavirus.
 
En su comunicado, M. Vestager ( Comisaria de Competencia de la Comisión), ha dejado claro que debe evitarse que las medidas que puedan aprobar los Estados se conviertan en ayudas a las entidades financieras que intervengan en el sistema. Estas medidas deben aplicarse a los clientes de los bancos no a los bancos.
 
La Comisión autoriza a que los Estados miembros puedan establecer regímenes de subvenciones o de ventajas o exenciones fiscales, siempre que la medida no exceda 800.000 euros por empresa (muy superior a su regla de minimis), se encuadre en un marco general y se otorgue antes del 31 de diciembre de 2020. Para determinados sectores la cuantía es más limitada.
También se reconoce que los Estados podrán dar garantías o establecerse regímenes de garantía para préstamos bancarios concedidos a las empresas que deban afrontar repentinos problemas de liquidez. Por otro lado, los Estados miembros también pueden autorizar la concesión de préstamos públicos con tipos de interés bonificados a empresas con problemas de liquidez repentinos.

En conclusión, la Comisión ha reaccionado esta vez con mayor celeridad ante una crisis y adoptando este marco temporal intenta asegurar una suerte de igualdad de condiciones en el mercado interior. Tomando como base este marco y teniendo en cuenta también las interesantes reflexiones de la OCDE sobre medidas en materia fiscal a tomar por los Estados, cada Estado miembro ha ido adoptando aquellas medidas fiscales que considere más adecuadas para su economía.

España, ha aprobado a través de varios Reales decretos una serie de medidas fiscales que son a todas luces palmariamente insuficientes. No ha seguido la senda de medidas fiscales adoptados por otros países en cuanto a aplazamientos extraordinarios de impuestos propios (IRPF, IS, IVA), flexibilización de pagos fraccionados, flexibilización en la compensación de créditos y débitos, aprobación de reglas de carry-back de pérdidas derivadas de la situación actual, aprobación de nuevas deducciones e incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades o facilitar compensación de Bases negativas.

Patricia Lampreave Márquez

Abogado con más de 20 años de experiencia en materia de fiscalidad internacional y europea en el sector privado y público. Ha trabajado como experto destacado en fiscalidad internacional en la Comisión Europea, Dirección General de Competencia, Unidad de ayudas de estado fiscales, habiendo ocupado anteriormente un puesto de asesor en la TAXUD en propuestas de coordinación fiscal de los Estados miembros. Desde 2019 es miembro del grupo de expertos del Parlamento Europeo en el área de fiscalidad (evasión y elusión fiscal), ayudas de estado y política fiscal.
 
Actualmente es abogado experto en materia de ayudas y fiscalidad europea. También es Profesor Acreditado Titular de Derecho Financiero y Tributario desde 2009 e imparte clases, entre otros centros, en el Instituto de Estudios Bursátiles.




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