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El Tribunal Supremo falla que los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción


El Tribunal Supremo rechaza la alegación de un exsenador del Partido Independiente de Lanzarote de que los delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos sólo pueden ser cometidos por funcionarios, y confirma la condena impuesta por la Audiencia de Las Palmas como inductor de los mismos.



Fuente: Parlamenta.
www.parlamenta.es

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que asegura que los no funcionarios pueden ser autores de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos por funcionarios, ya sea en la condición de inductor o de cooperador necesario.

Así lo ha dictaminado en un reciente fallo en el que rechaza el argumento del exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, que recurrió ante el Supremo su condena por la Audiencia de Las Palmas, al entender que los delitos por los que se le condenó -inductor de resoluciones arbitrarias dictadas por quienes sí eran funcionarios públicos-, “sólo pueden ser cometidos por funcionario público o autoridad, y él en el momento de los hechos no era ni lo uno ni lo otro”.

Explica el alto tribunal en su sentencia que son hechos probados que tanto Dimas Martín como el exviceconsejero canario de Justicia Francisco José Rodríguez Batllori (éste funcionario público de la Comunidad autónoma de Canarias en el momento de la comisión de los delitos) “se concertaron a principios de 2008 para que el segundo se beneficiara de forma indebida y sin contraprestación alguna de fondos públicos de la isla de Lanzarote”.

Y añade que “para cumplir sus propósitos, se valieron de concejales del PIL en Arrecife, el de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez, y la de Personal, María Luisa Blanco Caraballo, así como de la consejera delegada y el gerente de Inalsa, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta”, todos ellos también condenados por la citada Audiencia.

Si bien el Supremo entiende que no ha quedado probado el supuesto delito de malversación de caudales referido a la empresa Inalsa, motivo por el cual reduce las penas impuestas a Dimas y Rodríguez Batllori, de 5 años y medio de prisión a 2 años y 9 meses en el primer caso, y de los 7 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Las Palmas a 2 año y 9 meses, en el segundo, sin embargo, sí mantiene la condena por dos delitos de prevaricación y otro de malversación (el del Ayuntamiento de Arrecife), destacando el Supremo que fue un “caso claro de arbitrariedad, en el sentido de acto contrario a la Justicia, la razón y las leyes, dictado sólo por la voluntad y el capricho”.

Sostiene el alto tribunal que “en los hechos que se declaran probados queda perfectamente descrito que fue el ahora recurrente, por su ascendencia sobre los otros acusados, quien determinó e hizo nacer en ellos la resolución criminal, resolución que nunca hubiese surgido de no ser por la instigación del ahora recurrente”, añade la resolución.

Y es más, añade el Supremo en su fallo que Dimas Martín, “condenado con anterioridad por otros asuntos, era perfecto conocedor de las influencias que tenía Francisco Rodríguez Batllori en atención a los cargos desempeñados en el Gobierno de Canarias, y que las mismas le podían reportar beneficios en su situación penitenciaria, habiendo realizado, efectivamente, Rodríguez Batllori gestiones para la consecución del tercer grado penitenciario a Dimas Martín”. 




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