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"El alcalde de Zalamea", a debate en Fide para plantear el problema procesal del aforamiento


El objetivo general de estas sesiones que estamos desarrollando en Fide, es debatir sobre cuestiones jurídicas que, siendo de absoluta actualidad, estaban ya presentes en obras clásicas como, en este caso, “El Alcalde de Zalamea”, obra maestra de Calderón de la Barca y del Siglo de Oro español. Resulta llamativo que casi cuatrocientos años después, cuestiones como el aforamiento, la jurisdicción o determinadas prerrogativas sigan siendo objeto de análisis y debate.



“¿Qué es proceso? Unos pliegos de papel que voy juntando para formar con ellos una causa”.
(El Alcalde de Zalamea)
   
 

La disputa entre Pedro Crespo y Lope de Figueroa, finalmente resuelta por el rey Felipe II, nos sirvió, en esta sesión que Fide organizó el pasado 28 de septiembre, de punto de partida para entablar un debate acerca del aforamiento: ¿cuál es su sentido originario?, ¿cumple su función?, ¿cómo es interpretado por las personas de la calle?... Para ello, contamos con Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de Derecho procesal, UNED y Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento, Ministerio de Fomento, a quienes hemos pedido que lideren estas sesiones.
 
ÁLVARO: Viejo cansado y prolijo, agradeced que no os doy la muerte a mis manos hoy, por vos y por vuestro hijo; porque quiero que debáis no andar con vos más cruel a la beldad de Isabel. Si vengar solicitáis por armas vuestra opinión, poco tengo que temer; si por justicia ha de ser,
no tenéis jurisdicción. 
  
Desde el punto de vista jurídico, son dos las cuestiones procesales a destacar en esta obra de Calderón: 

1. La motivación de Pedro Crespo. La venganza es el motor de su acción en un primer momento pero, después, la rechaza para asumir su papel como juez. Su actitud es fundamental ya que, como padre de la víctima, parece difícil comprender y aceptar su papel como juez en la causa.

2. La contienda de jurisdicciones.
CRESPO: Que en fin no os mueve mi llanto?
ÁLVARO: Llantos no se han de creer de viejo, niño y mujer.  (…)
CRESPO: Mirad que soy alcalde en Zalamea hoy.
ÁLVARO: Sobre mí no habéis tenido jurisdicción. El consejo de guerra enviará por mí.
 
Debe ser la autoridad militar, encarnada en Don Lope de Figueroa, quien juzgue a Don Álvaro. Pero el desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de Pedro Crespo. En pleno drama familiar, es elegido alcalde de Zalamea y siguiendo una querella cursada a la justicia por la ultrajada Isabel, aún sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro Crespo prende, juzga y hace ajusticiar a Don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve, cuando el rey Felipe II, revisa la decisión del alcalde, la ratifica y premia su decisión nombrando a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. Es de destacar que en ningún momento se cuestiona la culpabilidad del acusado sino la jurisdicción del Pedro Crespo y, en último caso, el método de ejecución elegido, impropio de la nobleza.

REY: Pues ya que aquesto sea así, ¿por qué, como a capitán y caballero, no hicisteis degollarle?
CRESPO: ¿Eso dudáis?  Señor, como los hidalgos viven tan bien por acá, el verdugo que tenemos no ha aprendido a degollar; y ésa es querella del muerto, que toca a su autoridad, y hasta que él mismo se queje, no les toca a los demás.
REY: Don Lope, aquesto ya es hecho, bien dada la muerte está;  que errar lo menos no importa si así acertó lo principal.. Aquí no quede soldado alguno, y haced marchar con brevedad; que me importa  llegar presto a Portugal. [A CRESPO] Vos, por alcalde perpetuo de aquesta villa os quedad.
CRESPO: Sólo vos a la justicia tanto supierais honrar.
 
La jurisdicción en el ejercicio de la justicia pone sobre la mesa la cuestión, absolutamente actual, del aforamiento, que tiene sus orígenes en el parlamentarismo inglés en fechas no muy alejadas de estas en las que Calderón sitúa el drama de Zalamea.
 
En la apertura de este debate, nos recuerda Mario Garcés que, efectivamente, los orígenes del aforamiento deben buscarse en el parlamentarismo inglés, donde existe un famoso precedente, conocido como el Caso Strode’s (1512). Strode era un parlamentario que había promovido leyes para regular la industria del estaño. Sus actividades contrariaban a los Stannary Courts (Tribunales de las minas de estaño) de Cornwall y Devon. Esos tribunales iban a condenar a Strode por molestar y perturbar a los mineros locales del estaño, condenándolo a prisión. Este encarcelamiento desencadenó una rápida respuesta no sólo de los Comunes, sino del Parlamento en su conjunto. Una ley, conocida generalmente como la Strode’s Act, fue rápidamente aprobada, condenando tanto la acción adoptada por la Stannary Court como advirtiendo a cualesquiera otros órganos frente a persecuciones de análoga naturaleza en el futuro.

Los orígenes del aforamiento se encuentran en las denominadas prerrogativas parlamentarias y, de modo particular, en las dos más características: la inviolabilidad (freedom ofspeech) y la inmunidad (freedom from arrest or molestation). El triunfo del Parlamento en su histórico conflicto con el rey en la Glorious Revolution condujo a la definitiva consagración de estas prerrogativas (de modo muy particular de la inviolabilidad), que con mayor rigor histórico podían ser calificadas en la época de verdaderos privilegios. El aforamiento es, en la actualidad, una situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, como ocurre en España donde existen más de 17.000 aforados —entre cargos públicos, jueces y fiscales— y unos 280.000 si se consideran los aforados en régimen especial. Todas estas personas son juzgados por el Tribunal Supremo o por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, a diferencia de otros estados democráticos donde no existe la figura del aforado o se aplica a muy pocas personas —en Italia o en Alemania sólo goza del «privilegio» del aforamiento el presidente de la República; en Francia, además del presidente de la República están aforados los miembros del gobierno.

 

Miguel A. Lombardía recuerda, que la finalidad del aforamiento es doble: proteger a los cargos públicos y los parlamentarios así como los jueces y fiscales frente a demandas espurias (querella catalana) y también evitar que los jueces de primera instancia sufran presiones al juzgar a personas destacadas de la vida política o a compañeros de profesión. La primera cuestión a plantearse sería si, efectivamente, se cumple esta doble finalidad. En su opinión, suprimir instancias, acudiendo a un tribunal superior, no protege a la persona sino que, más bien al contrario, la desprotege. Los defensores del aforamiento apelan con frecuencia al argumento de que existe un mayor rigor técnico en instancias superiores, algo que, en opinión de Miguel Lombardía, no es necesariamente cierto: estos tribunales no están, por lo general, en el ámbito de la actividad cotidiana. Es habitual apelar, en defensa del aforamiento, al interés público, en el sentido de que se está defendiendo a quienes ocupan determinados cargos. El caso de la querella catalana, demandas injustificadas con el fin de entorpecer un proceso o simplemente, difamar. El interés público se vincula así a la separación de poderes. Pero entonces, el debate debe plantearse en otros términos: sería un debate de recursos, un debate distinto.

Si la finalidad fundamental del aforamiento es la de actuar como mecanismo garantista, existen otros medios, quizás incluso más eficaces, para conseguir el objetivo. Uno de ellos es sin duda el antejuicio, que permite la valoración previa de la veracidad de una denuncia. Esta medida podría aplicarse a muchas otras profesiones, además de a los magistrados.

El antejuicio es, por tanto, una protección frente a la querella catalana y otro tipo de denuncias falsas, que se han multiplicado en nuestro país en los últimos años, produciendo una cierta perversión del sistema. El juez de instrucción no puede iniciar una investigación previa sin abrir el procedimiento, lo que implica costas en lo penal e imputación. En Estados Unidos, por ejemplo, la institución del gran jurado busca remediar en cierto modo esta situación:
 
  • Los grandes jurados no terminan la culpabilidad o la inocencia, solamente deciden si hay evidencias suficiente para iniciar un juicio.
  • Un abogado fiscal/procurador preside el gran jurado, en lugar de un juez.
  • Los grandes jurados se llevan a cabo sin los abogados de la defensa, y generalmente sin que participen los acusados involucrados.
  • Los procedimientos se realizan en secreto, para alentar a los testigos a que testifiquen libremente y para proteger la reputación del posible acusado, en caso de que el jurado determinara no realizar una acusación.
Muchos estados utilizan las audiencias preliminares en lugar del gran jurado. Cada una de estas instituciones jurídicas sirve para evitar enjuiciamientos criminales mal planteados. Las audiencias preliminares y los grandes jurados protegen a las personas de que el gobierno haga acusaciones sin fundamento.

El aforamiento en el caso de los magistrados, en opinión de algunos asistentes a la sesión, el caso de jueces y magistrados es diferente, puesto que parece lógico defender la idea de que un juez de instrucción no debería llevar una demanda contra un colega o un superior, sino que debería hacerlo un órgano superior. ¿Acaso un juez de instrucción no puede defender el interés público?, queda planteada la cuestión de si es el juez o el fiscal quien debería realizar la instrucción. Tal como está definida hoy en España la figura del fiscal, parece claro que éste no puede realizarla, porque tiene dependencia jurídica; sería necesario definir una figura de fiscal distinta. Sería un fiscal independiente, que actuaría en realidad como juez de instrucción.

Del gran debate surgido, podemos destacar tres conclusiones que se alcanzaron en la sesión:

1. El aforamiento no parece ser una medida eficaz en el logro de su finalidad principal (protección frente a demandas espúreas) y, existiendo mecanismos más eficaces (antejuicio) y menos controvertidos, parece razonable eliminarlo o, al menos, limitar mucho su aplicación, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

2. Hoy en día, el aforamiento es causa de escándalo social: se ha producido una cierta perversión del sistema y la creciente judicialización de la vida política y el populismo judicial, llevan a un cambio en la percepción de los ciudadanos. El aforamiento es percibido por gran parte de la población como fuente de desigualdad y privilegio, no como una cuestión de interés público.

3. El debate sobre esta cuestión deja sobre la mesa cuestiones clave del sistema judicial actual: quién y cómo debe realizar la instrucción, cómo proteger las garantías ante las demandas falsas, cómo evitar el aluvión de querellas catalanas o cómo proteger a jueces y magistrados de la presión política y social en determinados procesos.
 
 




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