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El impacto regulatorio en el sector de la energía de las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19

Resumen de sesión Foro Energía y Regulación. 7 de Abril, 2020


Todas las medidas que se quieran adoptar en el sector energético, o usando el sector energético para establecer otras regulaciones, deben ser limitadas al estado de alarma y respetuosas con la CE.



El pasado 7 de abril de 13.00 a 14.30h, se celebró en Fide la primera jornada del Ciclo sesiones del Foro Energía y Regulación sobre el impacto de la pandemia en el sector energético, bajo el título el Impacto regulatorio en el sector de la energía de las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, a través de la plataforma on-line Microsoft Teams.

La ponencia corrió a cargo de José Giménez Cervantes, Socio de Linklaters, responsable del Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados y Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro consejo Académico de Fide y la moderación por parte de Hermenegildo Altozano, Socio responsable del área de energía y recursos naturales de Bird & Bird. Miembro consejo Académico de Fide.

En su breve introducción sobre el panorama actual, el moderador apuntó que en situaciones extraordinarias se adoptan medidas extraordinarias, con carácter temporal, pero preocupa la posibilidad de una nacionalización encubierta de sectores estratégicos.

José Jiménez comenzó mencionando que todas las medidas que se quieran adoptar en el sector energético, o usando el sector energético para establecer otras regulaciones, deben ser limitadas al estado de alarma y respetuosas con la CE. Posteriormente, repasó las medidas más relevantes:
 
1)    Bono social: entre los dos RDL se han adoptado medidas, la primera muy razonable, el bono social que está terminando ahora se renovará automáticamente hasta el 15/09/2020.
-    Elevar el umbral de renta que da derecho a usar el bono social, pero únicamente para los autónomos que tengan derecho a acogerse al cese de actividad o porque hayan visto una disminución del 70% de sus ingresos debido al estado de alarma. El bono social durará tanto como el autónomo/a se mantenga en esa situación, con un máximo de 6 meses. El coste rondará los 4M euros anuales

2)    Prohibición del corte de suministro (no solamente de suministros esenciales sino también derivados) a personas vulnerables. Incrementa el riesgo de impago por la supresión del elemento disuasorio. El comercializador soportará el riesgo financiero, sin que se hayan establecido compensaciones, y las distribuidoras también se van a ver afectadas.

3)    Suspensión de suministro, bajadas de potencia, peajes, etc., quedan prohibidas. Solamente se puede obligar al comercializador a aumentar la potencia contratada. Las modificaciones no están sujetas al plazo al que lo están con carácter general y son gratuitas. Seguramente sea la medida de mayor impacto (37M euros), las comercializadoras seguramente tendrán costes fijos que no van a recuperar. Esta medida afecta a la autonomía contractual de las partes. En el sector gasista, los transportistas y distribuidores asumen el riesgo de las suspensiones de contratos de suministros, mientras que en el eléctrico no.

4)    Suspensión de pago fraccionado gas natural y puntos derivados del petróleo para autónomos y pymes (sin posibilidad de cambiar de compañía durante los 3 meses siguientes a la finalización del estado de alarma): los distribuidores siguen facturando los peajes, emitiendo facturas por peajes de acceso y soportan la demora en el pago. Los comercializadores están exentos de impuestos (hidrocarburos, …) pero no de los peajes.

5)    Los permisos de acceso y conexión a red caducaban el 31/03/2020, con el primer RDL de declaración de estado de alarma, que suspendía todos los plazos de caducidad, lo que ha ocurrido es que se prorroga dos meses tras la finalización del estado de alarma, sea cual sea esta fecha.

6)    Control inversiones extranjeras. Se exige autorización administrativa para actividades que desarrollan los comercializadores, aunque no está muy claro.

 
Por su parte, Mariano Bacigalupo propuso cuatro ejes para articular el debate, el cual resultó muy interesante, participativo y enriquecedor:
 
 
1)    Sobre el grado general de acierto regulatorio de las distintas medidas adoptadas en el marco del estado de alarma: justificación de las mismas y posibles insuficiencias, desequilibrios y disfunciones no perseguidas.
 
2)    La interferencia en relaciones contractuales privadas. El desplazamiento de la autonomía de la voluntad (en particular, de las cláusulas de excepción pactadas en los propios contratos) por medidas regulatorias de emergencia para la suspensión y flexibilización de los mismos. Justificación y valoración, sobre todo en el caso de los contratos con grandes consumidores.

3)    La financiación de las medidas adoptadas, en tanto que comportan una transferencia de rentas. ¿Medidas de compensación o amortiguación? ¿Deber jurídico de soportar? Sectores económicos llamados a un ejercicio cualificado de solidaridad para con el conjunto de la sociedad.

4)    El efecto de las medidas adoptadas en la suficiencia de ingresos del sistema eléctrico y gasista. Compensación presupuestaria, asignación de ingresos fiscales, revisión de peajes y cargos y posible endeudamiento del sistema.
 

Mañana jueves 16 de abril de 12.30 a 14.00h celebraremos la segunda sesión del Ciclo: ¿Cuáles son los impactos económicos y jurídicos del COVID-19 en las transacciones del sector de la energía?




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