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El uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses, a estudio

Conclusiones Grupo de Trabajo Fundación Fide-Fundación Garrigues


Fide y la Fundación Garrigues presentan las recomendaciones del Grupo de Trabajo ADN: el valor de las pruebas forenses y de los límites de su uso



Antonio Alonso, Antonio Garrigues, Lourdes Prieto, Angel Carracedo y Cristina Jiménez
Antonio Alonso, Antonio Garrigues, Lourdes Prieto, Angel Carracedo y Cristina Jiménez
Madrid, 19 de marzo de 2019.- La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) y la Fundación Garrigues presentaron hoy en Madrid el documento: “Recomendaciones para el uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses”.
 
Intervino al inicio del acto Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, quien presentó el Grupo de Trabajo, constituido por ambas Fundaciones, y destacó la rigurosa labor de análisis y reflexión realizada. El trabajo de este grupo se enmarca dentro de los trabajos de análisis e investigación que realiza la Comisión Ciencia y Derecho*.
 
El objetivo primordial con el que se convocó este Grupo de Trabajo, desde la sociedad civil, fue elaborar una serie de recomendaciones para el uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses, planteando el valor de las pruebas forenses y el límite de su uso. Para ello, el grupo se reunió en enero y junio de 2018, en dos intensas sesiones de trabajo.

El documento presentado reúne las principales conclusiones adoptadas por el Grupo de Trabajo. Entre ellas, destacan cuestiones como que se estima proporcional el uso del ADN forense para fines de identificación en casos penales y que se aconseja el desarrollo de estándares de buenas prácticas en la gestión de las bases de datos de ADN. Se plantea, además, la necesidad de que profesionales del mundo del derecho, y en especial jueces y fiscales, sean instruidos para un correcto entendimiento del concepto de cociente de verosimilitud. El documento también aborda la posibilidad de detectar en la escena del crimen perfiles de ADN de personas que no han tenido nada que ver con el delito, cuestión que debe ser tenida en cuenta en la valoración de la prueba. En este sentido, se considera exigible el desarrollo de bases de datos de eliminación de los perfiles de ADN de todos aquellos profesionales implicados en la toma de muestras y en cualquier paso de la investigación. Respecto a las nuevas técnicas de secuenciación masiva y los nuevos marcadores de ADN que aportan información biométrica sobre la apariencia física, se recomienda una reforma legal en muchos países europeos, incluido España. Por último, se recomienda dotar a la genética forense de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para poder llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con la Administración de justicia.
 
El Grupo de Trabajo ha sido dirigido por: Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, Instituto de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de Compostela; Antonio Alonso Alonso, Facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Vocal y Secretario de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN y Lourdes Prieto; Investigadora colaboradora, Instituto de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de Compostela, quienes intervinieron en la sesión presentando las recomendaciones propuestas por el grupo y aportando información sobre las cuestiones planteadas en el debate.

Conclusiones


Imagen tomada durante el acto de presentación
Imagen tomada durante el acto de presentación
Estas recomendaciones son fruto de las aportaciones e intervenciones de todos los participantes en el Grupo, que, si bien lógicamente no representan la opinión unánime del grupo, sí reflejan las cuestiones en las que se ha centrado el debate y la reflexión colectiva.

Han participado en este trabajo de reflexión y debate colectivo: José Andradas Herranz, Funcionario Facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, Administrador Base de Datos ADN; Jesús Agudo Ordoñez, Director, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid; Amaya Arnaiz Serrano, Profesora titular Interina, Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora, Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación; Gemma Barroso Villareal, Comisaria de Policía Nacional, Jefa de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica; María Jesús Buitrago de Benito, Médico Forense Asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; Rosario Cospedal García, Directora General, GENOMICA S.A.U., Grupo Pharma Mar; Jesús de la Morena Olías, Director, Fundación Garrigues; Antonio del Moral García, Magistrado, Tribunal Supremo; Juan Manuel Fernández Martinez, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Miguel García Sagredo, Académico de Número, Real Academia Nacional de Medicina. Profesor Honorífico, Universidad de Alcalá de Henares; Amaya Gorostiza Langa, Gerente, Laboratorio de Identificación Genética GENOMICA S.A.U., Grupo Pharma Mar; Eusebio López Reyes, Inspector de Policía Nacional, responsable de la Base de Datos de ADN de la Comisaría General de Policía Científica; José Juan Lucena Molina, Coronel de la Guardia Civil. Director, Escuela de Especialización de la Guardia Civil; Víctor Moreno Catena, Director Del IAMJL. Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Presidente, UEAP; Mª Dolores Moreno Raymundo, Médico Forense asesor en el Ministerio de Justicia; Jaime Moreno Verdejo, Fiscal de Sala, Tribunal Supremo; Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal y Abogado y Ágata María Sanz Hermida, Profesora titular de Derecho Procesal, Universidad de Castilla la Mancha.

 

(*) La Comisión ciencia y Derecho , constituida por la Fundación Fide y la Fundación Garrigues, está dirigida por Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, y Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y Catedrático emérito de la Universidad Complutense. La integran un conjunto de profesionales que desarrollan su labor en distintas áreas y disciplinas jurídicas, económicas y científicas, con el objetivo compartido de proporcionar una plataforma institucionalizada que promueva y favorezca el diálogo y el entendimiento entre el mundo jurídico y el conjunto de disciplinas científicas.
 
 
 

La Comisión persigue también el objetivo de consolidar un nexo de permanente comunicación entre los dos ámbitos de manera que se establezca una fluida corriente que permita la incorporación legislativa en las mejores condiciones de los avances científicos y tecnológicos que presiden la nueva era del conocimiento.





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