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En la obtención de pruebas en una investigación, ¿vale todo? ¿Incluso la violación a la soberanía nacional y la aplicación extraterritorial de normas?


En un mundo globalizado, no es infrecuente que los distintos elementos de un delito se ubiquen potencialmente en distintos países. ¿Cómo puede compatibilizarse la eficacia en la obtención de pruebas con el respeto a las garantías y principios procesales, incluido el de territorialidad? Cuando hablamos de pruebas electrónicas, generalmente almacenados en un país, pero accesibles desde cualquier otro a través de Internet, ¿dónde están los límites y cuándo se puede estar incurriendo en excesos de extraterritorialidad?



Microsoft y otras empresas del sector tecnológico llevan tiempo enfrentándose estas cuestiones desde una perspectiva que, en el marco de un Estado de Derecho, compatibilice la viabilidad y eficacia de las investigaciones penales y el estricto respeto a las garantías procesales incluyendo la debida protección de los derechos de las personas.

Microsoft ha llegado a plantar cara al Gobierno estadounidense cuando en 2013 un juez federal requirió a la compañía proporcionar el contenido de comunicaciones electrónicas que estaban almacenadas en servidores de la compañía sitos en Irlanda. Microsoft consideró que la solicitud debía tramitarse de conformidad con los mecanismos procesales establecidos legalmente a tal efecto, en particular el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua ratificado entre Estados Unidos y la República de Irlanda, ya que es este segundo país quien tiene jurisdicción sobre los datos ubicados en su territorio. Para las autoridades judiciales estadounidenses, por el contrario, la clave de la cuestión no es dónde está ubicada la prueba, sino quién tiene control, siquiera mediato, sobre ella, y argumentan que Microsoft puede acceder desde Estados Unidos remotamente a esa información almacenada en Irlanda y que, como empresa estadounidense, está obligada a cumplimentar la solicitud que le realicen directamente las autoridades judiciales de dicho país.
 
La posición de Microsoft ha concitado el apoyo de una parte importante de Silicon Valley, con importantes empresas tecnológicas que han presentado alegaciones ante los tribunales en apoyo de esta tesis. Muy relevante ha sido, además, el apoyo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, que se posicionó a favor de la encriptación de los datos para proteger a los ciudadanos: “El cifrado y el anonimato son necesarios para preservar la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la privacidad” argumentó. 

En un escenario como este, en el que las empresas y los jueces y fiscales deben abrirse camino en el Derecho internacional, Fide contará con las intervenciones de Kim Gagne, Director Senior de Relaciones Institucionales de Microsoft, y de Juan Montero Rodil, Director de Competencia, Regulación y Privacidad de Telefónica. Ambas empresas tecnológicas que luchan en los tribunales para proteger los derechos de sus usuarios. 

Asimismo, Fide contará con la participación de Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, y de Elvira Tejada, Fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática; para tener la perspectiva de la Administración y Justicia.

¿Hasta dónde llega la privacidad y cuáles deben ser las garantías procesales? ¿Corre riesgo la soberanía nacional si los Estados pueden llevar a cabo investigaciones extraterritoriales en otros Estados al margen del Derecho internacional? ¿Deben la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea apoyar el posicionamiento de las compañías tecnológicas, el de las autoridades estadounidenses, un equilibrio distinto? Los ponentes responderán a estos y otros interrogantes del moderador Ricard Martínez, Presidente de APEP y Miembro del Consejo Académico de Fide. el martes 29 de marzo de 2016 a las 14:00 horas en la sede de Fide, en C/ Serrano, 26-4ºderecha. Madrid. Más información sobre esta sesión, aquí.

Por Taylin Aroche
@TaylinArBonilla




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