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Evitemos, ahora, el colapso judicial.


El repaso de algunos de los titulares de los últimos días basta para entender que, al más importante de los colapsos que estamos sufriendo en estos momentos, el de nuestros hospitales, le seguirá otro, el de nuestros juzgados y tribunales, si no hacemos nada drástico para evitarlo. Nuestra atención se dirige particularmente a los ya saturados de por sí Juzgados de lo Mercantil, a los que la ley encomienda, entre otros delicados asuntos, la tramitación de los concursos de acreedores. Unimos nuestra voz, en este sentido, a la de muchos compañeros que apelan a nuestra responsabilidad como abogados, como hacía hace unos días Andrés Mochales.



El reciente Real Decreto-ley 11/2020 urge en su disposición adicional 19ª la aprobación de un Plan de Actuación para agilizar la actividad de los Juzgados de lo Social, de lo Contencioso-administrativo y de lo Mercantil tras la superación de la crisis sanitaria. Pero las señales que llegaban desde el Ministerio de Justicia antes de la pandemia no eran desalentadoras. Se anunciaba que el denominado 'Plan Justicia 2030' plantearía los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción no solamente desde la acostumbrada perspectiva del "alivio de la carga de trabajo de los juzgados", sino también como una manera auténtica y complementaria de que los justiciables resuelvan mejor sus controversias.
 
Consideramos que ese enfoque inicial es el que debe profundizarse ahora con premura. Sin desdeñar la agilización procesal como actuación de choque, debe tenerse muy presente que abordar el inminente problema sin plantear medidas de fondo sería como combatir el nefando virus tan sólo con mascarillas y respiradores, sin el horizonte de remedios contra la enfermedad en sí. En el contexto de potencial colapso judicial que se avecina, el Arbitraje es el más potente antiviral y la Mediación la más eficaz vacuna, con la feliz ventaja añadida de que, habiendo sido ya testados con toda garantía, están en condiciones de ponerse desde ya a trabajar bien para atajar los conflictos en fase incipiente, bien para zanjarlos de la forma más eficiente posible.
 
Tanto el Arbitraje como la Mediación cuentan con un marco legal moderno, excelentes profesionales y virtudes (celeridad, especialización, confidencialidad, ahorro de costes en términos absolutos) insustituibles en estos momentos. Sin embargo, las controversias que se resuelven en vía arbitral se cuentan por cientos cada año, frente a los miles de casos que entran diariamente en los juzgados. Respecto de la mediación civil y mercantil, la estadística, casi bochornosa, es conocida como "la paradoja europea de la mediación": menos de un 1% de los conflictos son sometidos a mediación en los países de la Unión Europea pese al elevadísimo porcentaje de mediaciones que terminan con acuerdo, y pese a la satisfacción que muestran sus usuarios una vez probada.
 
El incentivo sincero de los métodos alternativos por parte de los poderes públicos, desempolvando, por ejemplo, el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. La apertura a la colaboración público-privada en materia de resolución de controversias. El uso intensivo de la tecnología, incluso para la solución inmediata de reclamaciones habituales basada en inteligencia artificial. El total replanteamiento de la mal llamada y totalmente fracasada "mediación concursal". Estas son sólo algunas de las ideas latentes con las cuales promover de veras la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, objetivo que constituye uno de los tres ejes perfilados del Plan Justicia 2030.
 
Evitemos el colapso entre todos. El Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, los colegios de abogados, las Cámaras de Comercio, las excelentes instituciones de Arbitraje y Mediación que operan en España, las asociaciones y club de referencia en su promoción, los laboratorios jurídicos de ideas, las consultoras tecnológicas y de legal-tech... Todos los actores tenemos mucho que aportar para evitar ese colapso, previsible pero no ineludible. Y, por supuesto, con el liderazgo de una abogacía alineada con los intereses de su cliente en la persecución de soluciones, no de pleitos.

Madrid, 13 de Abril 2020.

Autores:
© 2020. Javier Fernández-Samaniego y Blas Piñar Guzmán. Samaniego Law.
Este artículo fue primeramente publicado por Expansión Jurídico (07/04/20).




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