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Fide analiza las reformas necesarias en la universidad española.

Resumen de Sesión


El encuentro puso de relieve algunos de los retos a los que se enfrenta la universidad española para aumentar su calidad, destacando como ámbitos prioritarios de reforma el de la gobernanza, la selección del profesorado y el reparto de la financiación de acuerdo con los resultados.



Foto tomada durante la sesión
Foto tomada durante la sesión
El pasado 18 de marzo tuvo lugar la sesión ¿Qué reformas necesita la universidad española?, en el que participaron como ponentes Francisco Marcos, Profesor de Derecho en IE Law School y Miembro del Consejo Académico de Fide y Rafael Van Grieken, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y, como moderadora, María Pilar Canedo, Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El encuentro se centró en analizar y debatir sobre las reformas normativas necesarias para conseguir mejorar el desempeño del sistema universitario y su contribución al desarrollo económico y social. El evento comenzó con dos intervenciones iniciales.

En la primera exposición, a cargo de Francisco Marcos, se analizaron algunos elementos del sistema universitario español desde la óptica de la competencia. En primer lugar, que las universidades son un mercado y que la competencia puede contribuir a mejorar su desempeño. En segundo lugar, que existen problemas de competencia, en particular por la existencia de obstáculos normativos a la competencia y de una fuerte intervención administrativa en distintos ámbitos. También por el papel de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que actúa como elemento facilitador de prácticas restrictivas de la competencia por parte de las universidades. Finalmente, se destacó la necesidad de promover la competencia entre universidades y de aplicar la normativa de competencia para conseguir mejorar el desempeño de las universidades y su adaptación a la demanda.

En la segunda ponencia, a cargo de Rafael Van Grieken, se analizaron cuatro retos principales a los que se enfrenta la universidad española y en los que existe margen de mejora. En primer lugar, el de la gobernanza, y en particular, los mecanismos para elegir al rector. El sistema actual se basa en que al rector lo elige el conjunto de la comunidad universitaria, lo que puede condicionarle y tener efectos indeseados en términos de gobernanza. En segundo lugar, el de la financiación, ámbito en el que podrían reforzarse los mecanismos de rendición de cuentas y tenerse más en cuenta los resultados de las universidades a la hora de repartir la financiación. En tercer lugar, la selección del profesorado, un ámbito en el que los problemas están claros y en el que convendría desarrollar mecanismos para evitar la selección sistemática de candidatos pertenecientes a los propios departamentos que ofertan plazas. En cuarto lugar, el fomento de la transferencia de conocimiento, que requiere la adopción de medidas adecuadas para reforzar la capacidad de las universidades para crear valor y contribuir a mejorar la competitividad del tejido empresarial.

El debate que tuvo lugar a continuación giró en torno al impacto de la normativa vigente en la capacidad y los incentivos de las universidades para prestar sus servicios con calidad. En la discusión se alcanzó un consenso mayoritario en torno a cuatro puntos principales:
  • El objetivo fundamental de las reformas es mejorar el desempeño y la calidad de la universidad española. A pesar de que la universidad española ha avanzado en las últimas décadas, el margen de mejora es considerable, tanto en materia de investigación como de formación y empleabilidad, es decir, de contribución a mejorar el emparejamiento entre oferta y demanda de habilidades en el mercado laboral. Las reformas en distintos ámbitos resultan cruciales para mejorar la calidad de la universidad española.  
  • Es necesario mejorar la gobernanza de las universidades. El problema principal radica en que el gobierno de la universidad, y en concreto el rector, se eligen por los propios miembros de la comunidad universitaria, lo que genera incentivos perversos, resta autoridad al rector y puede incidir negativamente en la eficacia de su gestión. Las reformas en este ámbito podrían pasar por la utilización mecanismos de selección externa o, alternativamente, por la existencia de una instancia externa con capacidad de influencia en la elección del rector. Estos mecanismos existen en otros países de nuestro entorno.
  • Es necesario mejorar los sistemas de selección del profesorado. En el debate se expusieron distintos problemas en este ámbito, como la existencia de una endogamia considerable en los departamentos de las universidades españolas. La mejora de la gobernanza o la eliminación de ciertas restricciones normativas que dificultan la captación de talento proveniente del mercado internacional podrían contribuir a mejorar la selección el profesorado. Por otro lado, se aludió a mecanismos utilizados en otros países, basados en referees externos para valorar los méritos del candidato. En contraposición, el sistema español se caracteriza por desincentivar la participación de candidatos externos, que no pertenecen al departamento que oferta la plaza, y por prácticas que refuerzan estas dinámicas – como la conformación de tribunales de selección de candidatos con un sesgo favorable al candidato interno. 
  • El fomento de la autonomía y la competencia entre universidades se torna fundamental para aumentar la calidad del sistema universitario. Las universidades deberían competir por la financiación, los profesores y los alumnos. El marco normativo incorpora restricciones a la competencia en todos estos ámbitos. Parte de la discusión giró en torno a las universidades privadas y las barreras que confrontan para competir. A pesar de que existen obstáculos que limitan la capacidad de competir de esta clase de universidades, la existencia de barreras a la competencia es un problema más general, que afecta a todo el sistema, y en particular a las universidades públicas, que siempre seguirán teniendo un papel fundamental en nuestro sistema. La normativa debería mejorarse en distintas áreas para aumentar la competencia entre universidades. Se destacaron especialmente dos ámbitos. En primer lugar, el de la financiación. En particular, se consideró que es necesario cambiar la normativa para que los resultados se tengan más en cuenta a la hora de repartir la financiación entre universidades. El papel que los resultados juegan en la actualidad es limitado. Los incentivos deberían situarse en la dirección correcta. Por ejemplo, desde la perspectiva de una mejor selección del profesorado, si el reparto de la financiación tuviese más en cuenta los resultados, las universidades tendrían más incentivos a captar talento. En segundo lugar, la transparencia. Es necesario aumentar la transparencia en las universidades españolas, para fomentar la competencia en la selección de profesorado o reducir la asimetría de información entre prestadores del servicio y estudiantes. Por ejemplo, en la actualidad, los estudiantes no disponen de información sobre distintos parámetros que resultan relevantes para elegir una universidad, entre otros, información relativa a la empleabilidad de los egresados. Ni las universidades públicas ni la administración publican de forma regular esta información. La opacidad actúa de restricción a la competencia entre universidades a la hora de competir por los estudiantes.
En suma, el encuentro puso de relieve algunos de los retos a los que se enfrenta la universidad española para aumentar su calidad, destacando como ámbitos prioritarios de reforma el de la gobernanza, la selección del profesorado y el reparto de la financiación de acuerdo con los resultados. La competencia puede jugar un papel determinante para mejorar el desempeño de las universidades y por este motivo algunas de las reformas tendrían que encaminarse a eliminar obstáculos normativos que impiden que las universidades compitan más intensamente.   















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