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Fide ha celebrado su primer Ciclo de sesiones sobre comunicación y lenguaje jurídico claro

Las sesiones tuvieron lugar los días 29 de mayo y 11 de junio de 2019.




El hilo conductor de las sesiones ha sido el planteamiento del modo de comunicar el Derecho por los denominados “operadores jurídicos”. Y es que, como en cualquier ámbito de las relaciones sociales, en el jurídico, el objetivo de la comunicación es conseguir la comprensión a todos los niveles.

Como se puso de manifiesto, la especialidad del lenguaje jurídico es fruto de una tradición muy rica, pero hoy demanda una actualización que ponga al día muchas expresiones, depure conceptos, se ajuste a las reglas de la Real Academia y, como fin primordial, sea claro y comprensible. De hecho, muchos problemas jurídicos, económicos y sociales de estos últimos años están ligados a dificultades por la falta de claridad en el lenguaje jurídico.

Un dato que se ha destacado en estas sesiones ha sido el derivado de encuestas, todavía recientes -y tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo General de la Abogacía Española- según el cual, un 82 por ciento de los ciudadanos no entiende bien el lenguaje del Derecho. La consecuencia inmediata es la desconfianza en las instituciones y, en general, en el trabajo de los juristas. La consecuencia mediata, es la inseguridad jurídica y el incremento de la litigiosidad.

Ante esta situación, el punto de partida de ambas sesiones fue el acuerdo acerca de la necesidad apostar por el lenguaje jurídico claro.

I. La primera sesión, el 29 de mayo, se centró, fundamentalmente, en el ámbito público y se denominó: “Lenguaje y comunicación jurídica en la elaboración de las normas y las resoluciones judiciales”.

La sesión estuvo moderada por el periodista Javier Badía, autor del blog Lenguajeadministrativo.com.

La primera intervención corrió a cargo de Cristina Carretero González, profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción jurídica en ICADE, en la Universidad Pontificia Comillas. En ella, definió lo que es el lenguaje claro, así como el lenguaje jurídico claro y lo diferenció de otras figuras con las que en ocasiones se confunde, pero de las que se debe distinguir (como es la lectura fácil). Por otra parte, se describió la situaciónn en la que se encuentra España en materia de lenguaje jurídico claro, apreciándose la falta de continuidad de políticas públicas como la que se iniciaron en 2009 con la constitución de la Comisión de Modernización de Lenguaje Jurídico y los informes que en ella se prepararon y que no tuvieron continuidad.

A nivel mundial, tanto los países de nuestro entorno europeo, como los países iberoamericanos y Estados Unidos vienen impulsando, desde hace años, dentro de sus políticas públicas, el uso de un lenguaje claro que las instituciones públicas se comprometen a utilizar en las distintas manifestaciones de su actividad, en especial en la elaboración de normas. En varios países iberoamericanos se han creado redes de lenguaje claro, que coordinan la actuación de los distintos poderes del Estado en esta materia y cuyo ejemplo se está extendiendo cada vez a más Estados.

También intervino Julio Carlos Fuentes Gómez, Administrador Civil del Estado, quien insistió en la necesidad de reforzar el papel de la Comisión General de Codificación, dentro de la cual habría que crear una sección permanente para la claridad del lenguaje jurídico, integrada por juristas de prestigio a los que correspondería la “corrección técnica, de claridad del lenguaje jurídico y de estilo de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones”, que hoy se prevé y no se lleva a cabo. Por otra parte, se destacó el papel que, desde esta perspectiva, puede llevar a cabo, mediante una revisión inicial de las normas, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, recientemente creada. El último aspecto a destacar fue la necesaria formación que deberían recibir todos los servidores públicos en materia de redacción jurídica clara.

Por su parte, Juan Carlos Campo Moreno, Magistrado en servicios especiales y ex–Secretario de Estado de Justicia, destacó en su intervención la importancia de la comunicación en los tribunales y las dificultades a las que se enfrenta. A este respecto destacó que la claridad no es fácil, sino fruto de una enorme depuración de la comunicación y pensar a quién se dirigen las sentencias. Abordó las causas en las que se asienta la oscuridad del lenguaje jurídico; Unas de tipo histórico que enlazan con el tránsito de súbdito a ciudadano, otras, enlazan con la idea de que  el lenguaje se hace más oscuro en cuanto produce más beneficios materiales, esa oscuridad se ve incrementada con rasgos imperativos sobre todo en los actos de comunicación. Juan Carlos Campo también se refirió al papel de la prensa y al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así como al problema de las filtraciones de sumarios judiciales. Termino proponiendo una serie de medidas ,muy amplias, que iban desde códigos deontológicos hasta una mejor depuración en la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la potenciación de los gabinetes de comunicación radicados en los Tribunales Superiores de Justicia implementándose con la idea del “juez comunicador” siguiendo el modelo holandés.

II. La segunda sesión tuvo lugar el 11 de junio y en ella se trató el desafío del lenguaje claro en la contratación de los sectores financieros y aseguradores.

En esta sesión intervino como moderador Julio Carlos Fuentes Gómez, que destacó la importancia del artículo 1288 del Código Civil, según el cual la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la oscuridad. De ese mismo precepto se desprende que la oscuridad no tiene premio, sino todo lo contrario.

Victoria Fernández-Calderón Trueba, de los servicios jurídicos del BBVA España, expuso el esfuerzo que vienen haciendo para asegurar la claridad de los contratos que celebran con sus clientes. Para ello han puesto en marcha el proyecto “TCR” (transparencia, claridad y responsabilidad) que implica, entre otros aspectos, la formación adecuada en la preparación de los contratos y la involucración de Servicios Jurídicos en todo el proceso de contratación, desde el diseño del producto, acciones de comunicación y marketing, planificación y redacción promoviendo contratos con una estructura y un formato (que incluye un índice y un glosario) dirigidos a facilitar su comprensión. Este esfuerzo conlleva una planificación con el objetivo de asegurar la comprensión de los contratos, teniendo en cuenta a quiénes se dirigen y en qué contexto se van a ofrecer.

A continuación, intervino José María Elguero Merino, Doctor en Derecho, experto en seguros y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Partiendo de que el volumen de primas de seguros en España representa el 5,5 % del PIB -cerca de 65,000 millones de euros-, explicó el ponente las dificultades del lenguaje jurídico en este sector, derivadas, en buena parte, de las redacciones ambiguas de los condicionados de los contratos. La Ley de Contrato de Seguro ya exige, en su artículo 3, que “las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa” y como los tribunales vienen aplicándolo (como es el caso de una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 17 de octubre de 2017, en la que se refería a la práctica imposibilidad de lectura del condicionado de la póliza por estar redactado en una letra minúscula). José María Elguero se refirió también a las expresiones ambiguas que se pueden encontrar en la Ley de Contrato de Seguro, entre las que destaca “a primer riesgo”, “regla proporcional” o a términos dudosos, como claims made o gasto razonable, entre otros. Ello se liga a las dificultades que ofrecen las cláusulas delimitadoras del riesgo o la propia delimitación temporal de las coberturas.
 
La sesión finalizó con la intervención de Sergio Álvarez Camiño, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, que expuso los tres pilares fundamentales para la comprensión del lenguaje de los contratos, que son:
  • La claridad y la precisión, que exige el citado artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. Y como complemento, también la simplificación, en la línea que ha marcado la guía elaborada por UNESPA para simplificar el lenguaje del seguro, aunque subraya que no se trata solo de cambiar el nombre a las cosas, sino de redactarlo con claridad. Se refiere a las expresiones legales y regulatorias que resultan imprecisas, como las participaciones preferentes, los derechos consolidados de los planes de pensiones, o los seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión.
  • La necesidad de una educación financiera efectiva, a través de la cual se explique y se divulguen las cuestiones económicas que aquí concurren.
  • Y el comportamiento económico, marcado por la psicología y los sesgos en la toma de decisiones. Unos sesgos determinados por la influencia del lenguaje, por la presentación de la información y por la experiencia de cada persona.




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