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Fiscalidad medioambiental


En el marco de las sesiones que Fide está organizando sobre temas en materia de Derecho ambiental, el pasado 14 de febrero tuvo lugar la relativa a fiscalidad medioambiental.



Imagen tomada durante la sesión.
Imagen tomada durante la sesión.
España es uno de los países de Europa que menos recauda por impuestos ambientales. La última evaluación de la OCDE del desempeño ambiental, presentada en 2015, apuntaba que, aunque España ha mejorado notablemente su situación ambiental, dispone de un amplio margen para reforzar la aplicación de impuestos medioambientales y reducir los gravámenes sobre el trabajo, con el fin de estimular el crecimiento económico.

Es cierto que en los últimos años se han establecido algunos impuestos verdes. Tal es el caso del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se grava el consumo de determinados productos, atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Pero hay otros muchos ámbitos en los que todavía se puede avanzar. De hecho, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han pedido también a España el incremento de la fiscalidad verde.

Para estudiar hacia dónde debe evolucionar la fiscalidad ambiental, se contó con la presencia de Gonzalo Sáenz de Miera -Director de Cambio Climático de Iberdrola y Vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde- y Marisa Ramírez -Abogada del Departamento de Derecho Fiscal en Alemany, Escalona & de Fuentes-. La sesión, que dio lugar a un interesante debate, estuvo moderada por Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho.

Gonzalo Sáenz de Miera recordó que el Acuerdo de París, firmado por la práctica totalidad de países, marca un hito en el proceso internacional de negociaciones para la lucha contra el cambio climático. Entre sus objetivos se establece el mantener el incremento de la temperatura mundial muy por debajo de 2oC con respecto a los niveles preindustriales. El sector energético es clave en la consecución de estos objetivos ya que es uno de los principales generadores de emisiones de efecto invernadero, pero, al mismo tiempo, ha de ser también clave de la solución que pasa por la descarbonización del modelo energético. Las políticas económicas y, en concreto, la fiscalidad tienen un papel fundamental para dar las señales de inversión y de consumo necesarias para avanzar hacia esa descarbonización. En el caso del sector eléctrico, además de los impuestos específicos establecidos, existen otros elementos que se financian a través de la tarifa eléctrica (por ejemplo, los mecanismos de apoyo a las renovables) que en definitiva suponen una parafiscalidad adicional en un sector que puede ocasionar distorsiones y desventajas competitivas entre energías.

Para el Director de Cambio Climático de Iberdrola, una propuesta de reforma fiscal ambiental basada en el principio el que “contamina paga” debería: 1) introducir un impuesto a las emisiones de efecto invernadero con carácter general a todos los sectores y fuentes de emisión; 2) suprimir de las tarifas aquellos elementos que deban ser financiados por el consumidor energético; y 3) introducir un impuesto a otras externalidades (por ejemplo, la emisión de partículas finas y otros elementos causantes de la contaminación del aire). Una reforma en estas líneas daría la señal económica eficiente y sería, además, un importante mecanismo de financiación de la política climática. Ya existen ejemplos de éxito de reformas fiscales ambientales a nivel internacional, donde se pone de manifiesto su potencial y la importancia de un buen diseño para asegurar la viabilidad a largo plazo.

Marisa Ramírez, por su parte, realizó un exhaustivo repaso de los distintos impuestos “verdes” que existen en España a nivel estatal y autonómico, y concluyó que no existe una verdadera fiscalidad ambiental en nuestro país, por lo que reclamó una revisión en profundidad del sistema para que se puedan introducir impuestos verdes como ocurre en otros países de la Unión.

Tras la interesante intervención los ponentes y un intenso debate con varios de los asistentes, se llegó a la conclusión de que resulta imprescindible reformar el sistema impositivo español para instaurar una verdadera fiscalidad ambiental que desincentive las actividades más contaminantes.




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