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GT La mejora de la gobernanza de las empresas públicas en España




De acuerdo con la OCDE las compañías de titularidad pública (State-Owned Enterprises) son aquellas compañías en las que el Estado ejerce el control, variando de manera significativa el tamaño y la estructura de propiedad entre unos y otros países. En un extremo se sitúan aquellas en las que el Gobierno puede mantener un porcentaje minoritario y la compañía goza de una amplia autonomía de gestión, mientras que en el otro extremo se sitúan las compañías que pueden depender al 100% de un ente público y recibir instrucciones de su Ministerio de tutela. Las SOEs frecuentemente combinan objetivos comerciales y no comerciales, si bien tanto para la OCDE como para el FMI los primeros deben ser predominantes.
 
En nuestro país, dentro del Sector Público Institucional existen actualmente 5.751 entidades (sociedades, consorcios, fundaciones, organismos autónomos, universidades, etc) con personalidad jurídica propia vinculadas en mayor o menor grado a una Administración central, autonómica o local. De los anteriores, el 39% son sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales. Si a estas entidades con personalidad sumamos las administraciones públicas en sus diferentes formas de personificación (comunidades autónomas, ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, etc) llegamos a los 18.754 entes públicos que existen actualmente en España.

El Buen Gobierno de estas entidades es un aspecto nuclear para su correcto funcionamiento, debiendo procurar la adopción de estándares que mejoren su transparencia, eficacia y adecuada rendición de cuentas.

A partir de las recomendaciones de los distintos organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea, etc) sobre gobierno corporativo, así como de las best practices de países de nuestro entorno, el Grupo de Trabajo propone realizar un diagnóstico de la situación actual de las empresas públicas en nuestro país, así como analizar cuál sería el instrumento normativo más eficaz para la posible introducción de mejoras (recomendaciones de expertos, estatuto de la empresa pública, normativa legal, etc) y en qué podrían consistir.
 
El grupo de trabajo se centrará en las cuestiones vinculadas a la gobernanza, así como a los sistemas de control y transparencia.




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