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¿Hacia dónde debe avanzar la Administración en las próximas décadas?


En la actualidad, el peso del Sector Público no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado respecto a décadas anteriores, pasando de un 30% del PIB en 1980 a un 41%.



La actual Administración española difiere significativamente de la del siglo pasado, y aunque algunas de las infraestructuras y servicios públicos se encuentran entre los más avanzados del mundo (p.e. la Sanidad), o los índices de satisfacción de servicios como el agua alcanzan el 75%, la realidad es que las diferentes administraciones deben ser aún más ágiles y proactivas. En ello influye lo que, en terminología de Acemoglu, se denominan “capturadores de rentas”: partidos políticos, empresas, sindicatos, grupos funcionariales, etc., en ocasiones más interesados en mantener sus privilegios que en el beneficio del conjunto de la ciudadanía.
 
Y precisamente por la existencia de estos grupos, y porque la Administración está fuertemente condicionada por el contexto socioeconómico y tecnológico en el que se desarrolla, debe adelantarse a la evolución de esos aspectos y tener una visión y un liderazgo a largo plazo. Sin importar que suene utópico, buscamos administraciones excelentes y funcionarios líderes, con alta autoexigencia y vocación de servicio, que faciliten las iniciativas de los ciudadanos adelantándose a los problemas.
 
En el caso español es, además, especialmente necesario que la Administración se acerque al ciudadano y se recupere el orgullo del servicio público introduciendo mecanismos de participación. A esto se refiere el concepto de “Open Goverment”, que busca alinear tres factores clave: transparencia en la gestión de los recursos públicos; accesibilidad de los servicios para cualquier persona y en cualquier lugar, y una adecuada capacidad de respuesta a las nuevas ideas y demandas que surjan en la sociedad.
 
En los próximos años los retos que se presentan son complejos e interconectados: demografía e inmigración; desarrollo de la tecnología y uso de las Redes; movilidad entre regiones; medio ambiente; y el siempre difícil equilibrio entre sostenibilidad presupuestaria y una oferta de servicios que permita la reducción de las desigualdades sociales.
 
Respecto a los retos demográficos y migratorios el envejecimiento de la población y la mayor demanda de servicios sanitarios implicará un aumento del gasto entre 8 y 14 puntos del PIB.  España es el tercer país más longevo del mundo, detrás únicamente de Suiza y Japón, y puede llegar a convertirse en el primero en 2040. Si a esto le añadimos que la tasa de fecundidad es únicamente de 1,20 (la segunda más baja de Europa, después de Malta) nos daremos cuenta de la necesidad de una gestión activa para conseguir que no siga disminuyendo el saldo demográfico y que aprendamos a convivir con un mestizaje que supone que, actualmente, entre el 14 y el 28% de la población en edad laboral no ha nacido ya en España.
Y si los retos demográficos y el tratamiento de la soledad son básicos, los retos tecnológicos y el fomento de la innovación son igualmente prioritarios. Los funcionarios que se incorporen a lo largo de la década de 2020 serán jóvenes acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales, y para aprovechar este potencial de cambio las formas de acceso a la Administración deben experimentar una revolución para atraer ese talento, que a su vez es clave para modificar sus propios hábitos de conducta. Será deseable una mayor meritocracia y una movilidad entre los empleados públicos y privados, que facilite una rápida adaptación a los nuevos perfiles que se necesiten en cada momento.  Es lo que de manera muy gráfica William Eggers, del Center for Goverment Insights, expresa diciendo que los Gobiernos deben “operar como Ámazon”. Sin ir tan lejos, citar como ejemplos de adaptabilidad el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, o el Goverment Digital Service (GDS) que ha automatizado muchos procesos en la administración inglesa.
 
Pero, sin embargo, no debemos ser ilusos y pensar que la tecnología es neutra, por lo que esa administración deberá estar también vigilante para garantizar una “ciudadanía digital”, que haga que los nuevos homos digitalis se muevan en el ámbito de las redes sociales con los mismos derechos que en el mundo exterior.
 
Por lo que respecta a la conectividad y movilidad entre territorios, en España en el año 2030 casi el 50% de la población española vivirá en las 15 ciudades de mayor tamaño (en 1950 ese porcentaje era el 15%). Y aunque en los últimos años los grupos políticos han señalado, con acierto, la necesidad de actuar ante la despoblación, la realidad es que la gestión eficaz de esas grandes metrópolis incidirá de manera aún más directa en los ciudadanos, quedando reservado a la Administración central (y europea) los servicios más generales: regulación y arbitraje de los mercados, defensa, o infraestructuras entre otros.
 
Y para convertir estas ciudades en inteligentes (y no sólo tecnológicas), y que los ciudadanos vean los beneficios de sus decisiones, seguirá siendo necesaria la colaboración público-privada y una gobernanza del modelo a través de una mejor regulación (por ejemplo, a través de Agencias especializadas) y una supervisión de cómo, con qué calidad, y a qué precio se prestan los servicios municipales.
 
Y, como no, el papel clave de las Administraciones en cuanto a los retos ambientales (pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, gestión del agua, mitigación del cambio climático, etc.) y la toma de conciencia tanto de las nuevas oportunidades, como de la importancia de un país como España, enormemente rico en biodiversidad: con un total de 45 Reservas de la Biosfera; un 35% de su territorio cubierto de bosques; y un total de 5.900 km de costas repartidas entre el litoral peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias.
 
En definitiva, la Administración de las próximas décadas tendrá la misma o mayor importancia que ahora ya que el individuo por sí solo nunca podrá responder a aspectos como el envejecimiento, las desigualdades, la inmigración o los aspectos medioambientales. Y para garantizar una regulación justa y eficaz de estos temas deberá prepararse mejor ante los cambios y actuar proactivamente, diseñando una orientación estratégica coordinada para cada uno de los niveles central y territorial.

Manuel Fresno Castro

Interventor-Auditor del Estado en excedencia. Director General Financiero y de Control de Gestión de ADIF. Anteriormente Director General Financiero de Renfe Operadora. Desde 2001 responsable de equipos de auditoría en la División de Control Financiero de la IGAE y desde 2009 Jefe de División. Presidente del Comité de Auditoría y vocal de diferentes Consejos de Administración de empresas públicas. Inscrito en el ROAC y miembro del Comité de Auditoría del ICAC. Certificado en COSO por el Instituto Americano de Auditores Internos (IIA). Miembro en excedencia de los Cuerpos de Interventores-Auditores del Estado y Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Primer ciclo de Doctorado en Derecho Fiscal y Tributario (UCM). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM.

Artículo publicado originalmente en el Blog de Fide en El Confidencial