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¿Hacia un derecho penal económico de autor?, 21 de abril


El pasado 21 de abril se celebró la sesión online: ¿Hacia un derecho penal económico de autor? del cual presentamos un breve resumen de los temas abordados.



El pasado 21 de abril se celebró la Sesión Online: ¿Hacia un derecho penal económico de autor? organizada por Fide, el la que participó como ponente Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho penal y abogado. Socio fundador de Rodríguez Ramos Abogados, moderada por Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Presentamos a continuación un breve resumen de los temas abordados en la sesión: 

La sesión tuvo por objeto el análisis de recientes sentencias relativas a causas incardinadas en el ámbito del Derecho penal económico (fundamentalmente, en delitos contra la Hacienda pública, delitos de corrupción y otros análogos generalmente con trascendencia mediática) que levantan fundadas sospechas de que está renaciendo un Derecho penal económico de autor, tanto en el aspecto que le es propio por afectar al Derecho penal sustantivo, cuanto también en el procesal.
 
En el primero, mediante la elaboración de sentencias “creativas” que adolecen de interpretaciones que pueden ser consideradas extensivas contra reo conculcando el principio de legalidad en su aspecto de taxatividad mediante una interpretación estricta, y en el ámbito procesal, conculcando el principio de presunción de inocencia supliendo la falta de prueba mediante una interpretación extensiva de lo que se considera una “prueba indirecta, circunstancial o indiciaria”, tras diseñar un “perfil del delincuente” acusado, incluyendo como hechos probados algunos incluso ajenos a la causa.
 
La discusión se centra en cuestiones nucleares del Derecho penal como son los inherentes al principio del hecho y al de culpabilidad. Teniendo en cuenta que el Derecho penal castiga conductas dolosas o imprudentes tipificadas en la ley y, por tanto, se castiga por hechos concretos constitutivos de delito y no la forma de ser u otras características del autor, llaman profundamente la atención que estos principios consolidados del Derecho penal moderno, comiencen a flexibilizarse a dar lugar al resurgimiento del denostado Derecho penal de autor. Es decir, a un Derecho penal que impone penas o medidas de seguridad no como respuesta a hechos probados tipificados como delito, sino ateniendo al perfil del delincuente.
 
Parecía que desde el CP 1995, el llamado Código penal de la democracia, habíamos pasado página a la Ley de vagos y maleantes de 1933 y a la Ley de peligrosidad y rehabilitación de 1970 que permitían incluso medidas de seguridad predelictuales en atención a la peligrosidad futura del autor.
 
El ponente señaló ciertas características de este retorno al Derecho penal de autor agrupando los temas surgidos en las sentencias de los últimos años:
  • Una primera característica, se percibe, en la prisión preventiva. Parece primar en los casos mediáticos una supuesta “alarma social”, donde se produce una especial tensión entre la libertad y la sensación de “seguridad” supuestamente reclamada por la sociedad. Un cierto exceso de sobreprotección de la sociedad. Se produce un difícil equilibrio entre la prevención general y especial.
  •  En el ámbito legislativo, se aprecia una expansión del Derecho penal cada vez mayor y un cierto populismo legislativo. Todo ello se traduce tanto en el ámbito sustantivo, como procesal del Derecho penal, y el ponente lo ejemplifica en los siguientes casos:
  1. Doctrina Parot
  2. Delitos con múltiples perjudicados
  3. Agotamiento de los plazos en la prisión preventiva en los delitos económicos
  4. Permisos penitenciarios o beneficios penitenciarios (art. 102 LGP) que se deniegan no respetando los principios de la prevención especial (art. 25.3 CE)
  5. Delitos contra la Hacienda pública, donde la construcción de la “simulación” elimina toda posibilidad de considerar el ahorro fiscal o el conflicto en aplicación de las normas tributarias (art. 15 LGT), basado siempre en pruebas indirectas o de indicios.
  6. Delitos de corrupción, en los que la lucha política se traslada al ámbito judicial produciéndose un doble fenómeno ante la falta de pruebas directas: a) la regla general es la prueba indiciaria y b) se convierten en prueba (de indicios) hechos no son meritorios, sin duda, pero que no son delictivos.
  7. Por último, un problema inherente al lenguaje de las sentencias y la adjetivización de los comportamientos produciendo una “intimidación ambiental” relajando el mandato de taxatividad.
 En conclusión, todos estos ejemplos ponen de manifiesto también que: por un lado, la instrucción (investigación) está en manos de unidades especiales de la policía (UDEF, UDICO, UCO), en vez de estar sometida al Ministerio Fiscal y al Juez y, por otro, a la sentencia (juicio oral) se les atribuye además el rol de “peritos”, distorsionando en uno y otro caso las competencias judiciales.
 
La discusión fue muy fructífera, con intervención de numerosos asistentes.

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