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Hacia un nuevo sistema de pagos instantáneos, por Paula de Biase


Realizar pagos en 10 segundos a nivel europeo ya es una realidad.



Una sociedad moderna y digital exige cada vez más inmediatez en los negocios y las transacciones. El mundo de los pagos no es una excepción. En respuesta a dicha necesidad, varios Estados Miembros, incluyendo España, habían lanzado o estaban trabajando en sus propias soluciones para realizar pagos instantáneos. No obstante, fomentar la utilización de infraestructuras nacionales implicaría que dichas soluciones verían su límite en las fronteras nacionales.
 
En este contexto, en 2014 se identificó la necesidad de crear una infraestructura paneuropea para ejecutar pagos en tiempo real. Desde esta semilla, su puesta en marcha ha sido realizada en tiempo récord. En 2016 se publicaron las reglas de este nuevo esquema de pagos instantáneos por el European Payment Council (EPC) y desde noviembre de 2017 ya es una realidad.

Su nombre genérico es SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), pero cada entidad puede utilizar su propia marca a la hora de comercializar el servicio. Se trata de una infraestructura tecnológica armonizada y compartida a nivel europeo basada en los parámetros de las transferencias de crédito SEPA, lo que facilita su integración desde un punto de vista operativo. En definitiva, funciona como una transferencia SEPA, pero muchísimo más rápida.
 
En noviembre de 2017, el nuevo esquema se lanzó con la participación de 8 países. Actualmente, ya están involucrados más de 1.000 proveedores de servicios de pago de 15 Estados Miembros, incluyendo, Austria, Francia, Estonia, Alemania, Holanda, Italia, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, entre otros. Según datos del EPC, esto representa un 25 % de los proveedores de pago europeos. La idea es extender su uso a los 34 Estados Miembros, pero la adhesión al esquema no es obligatoria. Sin embargo, si una entidad opta por adherirse, debe aceptar, por lo menos, ser beneficiaria de transacciones SCT Inst.
 
Las entidades que se adhieran a este esquema deben abonar una tasa para participar, pero no está regulado el precio que estas puedan cobrar a sus clientes por este servicio. Esto es una cuestión comercial. Mientras alguna entidad puede optar por fijar una comisión por operación, otras pueden preferir incluirlo dentro de un paquete de servicios a sus clientes.

Claves para entender el SCT Inst son:

¿A quién se dirige?: el esquema está disponible para cualquier cliente de las entidades adheridas al SCT Inst, ya sean personas físicas, jurídicas o administraciones públicas, salvo que las propias entidades limiten a quién ofrecer el servicio. No obstante, la limitación de importe por transacción restringe bastante su uso en las transferencias corporativas.
 
Tiempo de ejecución: en un máximo de 10 segundos el cliente debe recibir una confirmación de que la transacción ha sido efectuada o rechazada. Esto significa que todas las comprobaciones y compensación de la operación tienen que ocurrir en 10 segundos, lo que representa todo un reto en términos de gestión de riesgo. En situaciones de procesamiento excepcionales, este tiempo puede llegar a un máximo de 20 segundos.
 
Límite por operación: para limitar el riesgo de fraude, actualmente el límite por operación es de 15.000 euros. No obstante, está previsto que este límite se revise anualmente. En todo caso, las entidades adheridas son libres de acordar un importe mayor o un periodo de ejecución todavía más rápido, ya sea de forma bilateral o multilateral. Hasta el momento, ninguna entidad ha notificado al EPC acuerdos en este sentido.
 
Moneda de la transacción y disponibilidad: la operación tiene que ser en euros, pero esto no impide que la cuenta del ordenante o beneficiario sea en otra moneda. El sistema está disponible 24 horas/365 días al año y las entidades adheridas tienen que ser capaces de procesar operaciones con esta disponibilidad.
 
Por otro lado, es importante señalar que el SCT Inst es la infraestructura tecnológica de base, pero las entidades pueden añadir funcionalidades o limitaciones adicionales y elegir los canales a través de los cuales el cliente puede acceder al servicio (por ejemplo, solo por móvil). Un ejemplo de ello es el caso de Bizum, solución española en entorno móvil que, aparte de realizar transacciones en tiempo real, añade la funcionalidad de vincular una cuenta corriente a un número de móvil, pero se aplica un límite por transacción muy inferior a 15.000 euros.
 
¿Hacia dónde nos movemos?: Las funcionalidades del nuevo esquema sientan las bases de una natural curva de aprendizaje por parte de entidades y usuarios hacia nuevos niveles de servicios que permitan una fácil adaptación a los avances tecnológicos. 
 
En este camino, nos enfrentamos día a día al difícil equilibrio entre dar respuesta a la demanda social de soluciones que faciliten la vida cotidiana y mantener el control de riesgos y la seguridad en las transacciones (fraude, blanqueo de capitales, etc).
 
Conscientes de esta realidad y de la velocidad de los cambios, las reglas del SCT Inst están sujetas a un procedimiento de revisión y mejora periódicas. En este sentido, se prevé que un nuevo rulebook se publique a finales de 2018.
 
La puesta en marcha de esquemas como el SCT Inst y los nuevos servicios de iniciación de pago previstos en la nueva directiva de servicios de pago (PSD2) – que permiten iniciar pagos directos de una cuenta corriente - auguran una nueva era en los medios de pago, en la cual las tarjetas no obligatoriamente se mantendrán como protagonistas.

 

Paula De Biase

Paula De Biase es responsable de la práctica de Servicios Financieros en Pérez-Llorca, donde se incorporó en 2007. Es experta en Derecho Mercantil y Financiero y asesora a clientes nacionales y extranjeros en todo tipo de operaciones corporativas y financieras, incluyendo fusiones y adquisiciones, restructuraciones societarias y project finance. Tiene además experiencia en operaciones de financiación y en la asesoría consultiva en mercado de valores y derecho financiero y bancario, en particular en relación con la inversión, comercialización y cumplimiento normativo de productos, entidades o actividades sujetas a supervisión por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Licenciada en Derecho por la Universidad Federal - UPFE de Recife (Brasil). En 2006 se postuló como Experta en Derecho Contractual por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, São Paulo (Brasil), y en 2007 realizó un Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.





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