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Hacia una justicia común Europea, por Francisco Pleite Guadamillas


La Unión Europea es un proyecto que avanza lentamente y con gran esfuerzo entre interminables debates políticos. Uno de los pilares básicos sobre los que se debe asentar el proyecto europeo es la justicia, así se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales dispone que toda persona cuyos derechos y libertades estén garantizados por el Derecho de la Unión y hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el citado artículo, igualmente tiene derecho a ser oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.



Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias – una, de 27 de febrero de 2018 sobre la asociación de jueces portugueses y otra de 24 de junio de 2019 sobre incumplimiento de Polonia- que suponen un gran avance en el proceso de integración europea. Más allá de las declaraciones programáticas y los Tratados el Tribunal de Justicia ha desarrollado los requisitos imprescindibles que deben reunir los sistemas judiciales en los países europeos.
 
La reciente sentencia de 24 de junio de 2019 se ha dictado como consecuencia de la reforma aprobada en Polonia, que entró en vigor el 3 de abril del año pasado, y que disponía la reducción de la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, afectando a un tercio de los mismos, que debían cesar en el momento de su entrada en vigor. Preveía la posibilidad de mantener la condición más allá de la edad de 65 años, pero con la autorización discrecional del Presidente de la República de Polonia. La ley dejaba la configuración del Tribunal Supremo al criterio del Presidente de la República. El Tribunal de Justicia suspendió la vigencia de la reforma polaca, aún a pesar de tratarse de una norma de organización institucional interna, y, posteriormente, declara en la citada sentencia que incumplió el Tratado de la Unión Europea al no garantizarse la independencia de los jueces del Tribunal Supremo.
 
El Tribunal de Justicia considera que todo órgano judicial de los estados que componen la Unión Europea que interprete y aplique el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Los órganos judiciales deben desarrollar sus funciones con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico o de subordinación y recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, debe estar protegido de injerencia o presiones externas. Las garantías de independencia e imparcialidad se extienden a los nombramientos, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros y, sobre todo, a la inamovilidad para  garantizar la libertad de los  que tienen la misión de juzgar.  La independencia exige que las normas que rigen el régimen disciplinario de los jueces y magistrados otorguen las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen puede utilizarse como sistema de control político de contenido de las resoluciones judiciales.
 
A las anteriores sentencias hay que añadir las Conclusiones que presentó el abogado general don Eugeni Tanchev el 27 de junio de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18 sobre cuestión prejudicial planteada por la Corte Suprema de Polonia. En las citadas Conclusiones se recoge sistemáticamente el contenido de la garantía de independencia de los jueces en el derecho de la Unión. Esta garantía está reconocida en el artículo 47 de la Carta derechos fundamentales y que está consagrada en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
 
En las Conclusiones se afirma que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) las garantías de independencia hacen referencia al nombramiento, la duración de las funciones, las causas de abstención de recusación y de revocación de los miembros para tratar de eliminar cualquier sombra de duda en los justiciables sobre la imparcialidad de los tribunales. Se hace hincapié en que la medida relativas al nombramiento de jueces y al régimen disciplinario aplicable son aspectos importantes para garantizar la independencia de la magistratura en el derecho de la Unión, y la existencia de un órgano independiente encargado de seleccionar a los jueces, aunque no tenga funciones jurisdiccionales, las reglas sobre su composición y funcionamiento, en la medida que inciden sobre estos aspectos, pueden ser tenidas en cuenta a los fines de apreciarse si una jurisdicción nacional ofrece las garantías de independencia suficientes a la luz del artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales. Esto supone un paso muy importante porque podría llevar a cabo un test de control de la independencia de los órganos encargados del gobierno de los jueces y magistrados, es decir de aquellos órganos que tengan encomendadas las competencias de selección, nombramiento y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
 
No obstante, si bien no existe un modelo uniforme los Consejo de la magistratura, se considera que tienen algunas características comunes relativos a su misión de salvaguardar la independencia de los jueces y a su funcionamiento en el seno de los sistemas judiciales y de los órdenes jurídicos respectivos a fin de mantener el respeto del Estado de derecho y los derechos fundamentales.
 
Para el Abogado general estas características comunes incluirían que los Consejos deberían salvaguardar la independencia de los jueces, lo que significa que deben estar libres de toda influencia de las autoridades legislativas y ejecutivas; su composición debería garantizar la independencia de dicho consejo y permitir un funcionamiento eficaz, en particular en principio deberían estar compuestos al menos por una mayoría de jueces elegidos por sus pares, de este modo el procedimiento selección debería ser realizado de una manera objetiva y transparente garantizando una amplia representación del poder judicial a todos los niveles; los nombramientos de los miembros de los Consejos no deben ser simultáneos a la renovación de los parlamentos y la selección, nombramiento y promoción de los jueces debe ser efectuado por Consejos de la magistraturas independientes de autoridades ejecutivas y legislativas. Por lo tanto, las disposiciones que regulan la composición y las funciones de los Consejos de las magistraturas deberían estar guiadas por el objetivo primordial de asegurar su papel, consistente en salvaguardar la independencia de los jueces y así evitar la influencia de las autoridades legislativas y ejecutivas  en el nombramiento de los jueces y magistrados. Aunque los estados son libres de elegir el modelo de Consejo de la magistratura estas características, según el Abogado general, deberían respetarse para tratar de preservar la confianza de la sociedad en la justicia, requisitos imprescindibles en una sociedad democrática.
 
Hay que esperar al dictado de la sentencia para ver en qué términos se determinan, en su caso, los requisitos que se consideran esenciales de los Consejos de las magistraturas. No obstante, de lo anteriormente expuesto se desprende que se ha iniciado el camino para que los Estados miembros cumplan las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión respecto de las condiciones de organización de sus instituciones judiciales. Es aquí donde radica el enorme salto  que se da hacia la integración europea al extender el Tribunal de Justicia el control a la organización interna de los tribunales de los estados miembros y garantizar los valores del Tratado de la Unión Europea. De nada serviría reconocer derechos a los ciudadanos europeos si los sistemas judiciales de los estados miembros no los garantiza de manera uniforme y coherente por falta de independencia e imparcialidad.  Esperemos que a este paso le sigan otros que vayan configurando un espacio común de derechos y libertades europeo, aunque sea vía pronunciamientos judiciales.
 

Francisco Pleite Guadamillas

Magistrado y doctor en derecho















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