Menu

Implicaciones legales del seguimiento digital del COVID-19 en España.


Parece evidente que el COVID-19 va a obligarnos a decidir lo que es normal, y lo que no. Pero no solo en materia sanitaria sino, además, en lo jurídico. Lo delicado es que, en ambos casos, la palabra que cada vez más cobra fuerza es la misma, “control”.



El surgimiento de las tecnologías de seguimiento digital del COVID-19 que están siendo implementadas por muchos gobiernos a nivel mundial es un claro efecto colateral producto de esta pandemia. Tal y como afirmó recientemente la Comisión Europea [1], se trata de medidas innovadoras, puestas a la orden del día, en un intento más por gestionar y frenar la propagación del virus.

En esa línea, el pasado 28 de marzo, el gobierno de España publicó en el BOE la orden ministerial SND/297/2020 [2], según la cual encomendó a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo siguiente:
 
a) Desarrollar soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles para la recopilación de datos con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios del país, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos.
 
Esta medida pasa, primero, por la creación de una aplicación informática que permita realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique y, en ese sentido, determinar cuál es el nivel de probabilidad de que esté infectado por el COVID-19. La herramienta ha de ofrecer además al usuario información sobre el virus, y consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación.

En segundo lugar, la orden encarga el desarrollo de un asistente conversacional (chatbot) [3] para ser utilizado vía aplicaciones de mensajería instantánea y, finalmente, el de una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles.
 
b) Analizar la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, eso sí, de manera agregada y anonimizada.
 
Esta orden ministerial demuestra el interés del gobierno español en apostar por las nuevas tecnologías como una herramienta más para la concreción de medidas excepcionales y urgentes que faciliten la contención del COVID-19. Ahora bien, dadas las características esenciales del diseño que algunos de estos desarrollos tecnológicos pudieran tener, hay quienes consideran [4] que dichas medidas representan una forma de intromisión ilegítima estatal en el ámbito privado y más íntimo de las personas. Habida cuenta de ello, la gran pregunta –por ahora– es saber si realmente esto es así.

Para dar respuesta a dicha cuestión, primero, es importante tener presente que las medidas contenidas en la orden ministerial SND/297/2020 encuentran su encuadre legal en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara en España el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Igualmente, se asienta en lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Por su parte, tal y como específica la misma orden, estas medidas han cumplir además con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.

Ahora bien, teniendo en cuenta el contenido de la orden y su basamento legal, se puede colegir lo siguiente: las medidas de seguimiento digital de individuos impulsadas por el gobierno español, en principio, han de considerarse proporcionales –y, por ende, legítimas– ya que han sido dictadas y puestas en marcha en circunstancias excepcionales y de interés público, siendo así temporales, necesarias y adecuadas en función de un propósito claramente previsto y delimitado (la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). Además, representan una fórmula menos invasiva de retención limitada de datos. Esto se traduce, por un lado, en que el procesamiento de los datos que se obtengan mediante dichas medidas permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar; y, por otro, que el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento se hará únicamente de manera agregada y anonimizada.

Por tanto, siguiendo los criterios técnicos que, sobre esta materia, han publicado el Comité europeo de protección de datos [5] y la Agencia española de protección de datos [6], se entiende que las medidas decretadas en la orden SND/297/2020, a priori, se ajustan a Derecho, en tanto que a través de ellas las autoridades públicas españolas sólo podrán procesar anónimamente los datos de ubicación proporcionados libremente por los ciudadanos (es decir, procesar los datos agregados de manera tal que las personas no puedan volver a identificarse), y exclusivamente para la gestión de la crisis del coronavirus. Así pues, en su conjunto, esas medidas no tienen por qué representar una intromisión ilegítima a la privacidad de las personas, la vulneración a los derechos de protección de su propia imagen, protección de datos, intimidad y libre circulación. Ahora bien, queda por ver cómo estas medidas se traducirán, operativamente, en el terreno de la realidad.

En España, concretamente, hay proyectos de desarrollo de tecnologías de seguimiento digital que, en la línea de lo expuesto en la orden ministerial, ya están poniéndose en marcha tanto en comunidades autónomas [7], como a nivel nacional [8]. Según las autoridades del gobierno español, son herramientas informáticas que no representan una devaluación del estado de Derecho. En su lugar, se trata de tecnologías que sólo permiten manejar de manera confidencial, agregada y anónima datos voluntariamente proporcionados por los ciudadanos, y que, a nivel estadístico, serán útiles para trazar –en tiempo real y con predicciones basadas en modelos matemáticos y algorítmicos– la movilidad de las personas y comprender así su influencia en la tasa real de contagio. Ahora bien, superada la crisis del COVID-19, se entiende que esos datos deberían ser destruidos por completo.

En cualquier caso, está claro que volver a la normalidad es algo que todo el mundo desea, pero –por ahora– no es una tarea fácil de alcanzar. Parece evidente que el COVID-19 va a obligarnos a decidir lo que es normal, y lo que no. Pero no solo en materia sanitaria sino, además, en lo jurídico. Lo delicado es que, en ambos casos, la palabra que cada vez más cobra fuerza es la misma, “control”. Por ende, el gran desafío ahora está en hacer un gran ejercicio de reflexión individual que nos permita convivir en un ambiente de mayor control estatal debido a la emergencia sanitaria, pero sin que ello represente la pérdida total de nuestras libertades. Por tanto, las medidas de seguimiento digital son un instrumento de control que puede utilizarse en el marco de una crisis sanitaria, pero que –al mismo tiempo– ha de estar sometido a información, transparencia y rendición de cuentas públicas [9]. De todas formas, una vez que pase la pandemia, quedará por ver –y sólo el tiempo lo dirá– si todo esto terminó siendo así.
 

 
 

[1] Comisión Europea (2020). Recomendación C(2020)2296 final, del 08/04/2020, sobre “una caja de herramientas común de la Unión para el uso de la tecnología y los datos para combatir y salir de la crisis de COVID-19, en particular en relación con las aplicaciones móviles y el uso de datos de movilidad anónimos”, disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_on_apps_for_contact_tracing_4.pdf, fecha de revisión: 09/04/2020.
[2] Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162, fecha de revisión: 08/04/2020
[3] Presidencia del Gobierno de España, “El Gobierno pone en marcha Hispabot-Covid19, un canal de consulta sobre el COVID-19 a través de WhatsApp”, nota de presan del 08/04/2020, disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/080420-consulta.aspx, fecha de revisión: 09/04/20.
[4] Al respecto, ver: ÁLVAREZ, J. (2020). “Magistrados del Constitucional consideran que el control telemático de los asintomáticos vulnera derechos”, Cadena SER, disponible en: https://cadenaser.com/ser/2020/04/07/tribunales/1586276503_396232.html, fecha de revisión: 08/04/2020.
[5] “Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak”, adoptado el 19/03/2020, disponible en: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf, fecha de revisión: 08/04/2020.
[6] Dictamen Nro. N/REF: 0017/2020, de fecha 12/03/2020, emitido por el gabinete jurídico de la agencia española de protección de datos, disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf, fecha de revisión: 08/04/2020.
[7] A la fecha 06/04/20202, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura serían los nuevos puntos que se sumarían a la Comunidad de Madrid (pionera) en la implementación de medidas de seguimiento digital del COVID-19. Más información sobre el proyecto impulsado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, ver: https://www.coronamadrid.com/, fecha de revisión: 09/04/2020.
[8] Al respecto, ver https://asistencia.covid19.gob.es/, fecha de revisión: 08/04/2020.
[9] ver: MADRID PÉREZ. A. (2020). “Vigilancia digital: antes y después del COVID-19”, revista “mientras tanto”, publicado el 30/03/20202. Disponible en: http://www.mientrastanto.org/boletin-189/notas/vigilancia-digital-antes-y-despues-del-covid-19, fecha de revisión: 08/04/2020.

Milton J. Meza Rivas

Doctor en derecho y ciencias políticas egresado de la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona.




L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            












Semblanzas Fide

Síguenos en redes sociales
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube Channel
Rss