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La Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, un año después de su entrada en vigor


Fide celebró el 8 de febrero una sesión para analizar esta Ley, en la que participaron Isaac Querub, Gabriel Elorriaga y Javier Gómez Gálligo.



De izq. a dcha, Gómez Gálligo, Querub y Elorriaga
De izq. a dcha, Gómez Gálligo, Querub y Elorriaga
La recuperación de la nacionalidad española por parte de los sefardíes originarios de España es una deuda histórica, de reparación de la injusta expulsión de los judíos en el Siglo XV. Sefarad (España) ha permanecido en los descendientes de los expulsados, que siguen hablando el ladino y conservando costumbres españolas, en la comida, vestidos, formas matrimoniales, etcétera.

La ley 12/2015, culmina un proceso histórico de acogimiento por España de sus expulsados, que tuvo precedentes en los decretos de 1924 y 1948 por los que se protegió y naturalizó por España a judíos sefardíes perseguidos en Grecia, Turquía y Egipto. Esta ley ha sido analizada por Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, que impulsó ante el Rey y el Ministerio de Justicia su adopción; por Gabriel Elorriaga, ponente en el Congreso de los Diputados de su tramitación legislativa en el Parlamento; y por Javier Gómez Gálligo, Director General de los Registros y del Notariado y Miembro del Consejo Académico de Fide, autor del anteproyecto de ley y de la instrucción de desarrollo de la Ley 12/2015 y  de su plataforma tecnológica.

Durante la sesión se concluye que ha sido una ley que ha logrado un equilibrio, entre el rigor necesario para evitar que se acoja a la nacionalidad española personas que tan sólo buscan un pasaporte de la UE; y la necesidad de reconocer la nacionalidad española a quienes realmente acrediten la condición de sefardí y su vinculación con España.

Desde un punto de vista histórico es culminación del reconocimiento por España de la comunidad judía, que se impulsó con la visita a la Sinagoga del Rey Juan Carlos en 1992. Desde un punto de vista jurídico se ha atribuido a los notarios la competencia para la acreditación de la doble condición de sefardí y su vinculación con España.

Se afirma la necesidad de que el notario sea riguroso en la acreditación de la condición de sefardí, pero un poco más flexible en el tema de la vinculación con España, muchas veces más difícil de probar y que está insista en la condición de sefardí, y porque la propia Instrucción de la DGRN de 2015 ofrece numerosos medios de prueba de esa vinculación.

Y en todo caso que el informe favorable de la Federación de Comunidades Judías en España debe ser suficiente para esa doble acreditación, no sólo por ser la Federación la entidad oficial que ha suscrito convenios con el Reino de España sino también por el rigor y conocimiento que tienen sobre la materia.




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