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La “Ley de fomento del ecosistema de Startups” en España: una urgencia nacional.


En España hay mucho talento y ganas de emprender, contamos con unas escuelas de negocio reconocidas a nivel mundial, y unos centros tecnológicos punteros en el ámbito científico.



Cuando se reflexiona acerca de la cultura emprendedora en España, las valoraciones que suelen hacerse son: “es que aquí los jóvenes no tienen espíritu emprendedor”, “es que los universitarios solo piensan en grandes empresas”, “es que los padres solo quieren que sus hijos sean funcionarios” “es que nadie sale de su zona de confort” entre otras.

Dichas expresiones son muy de afterwork o de ponencias motivacionales. Pero en España por supuesto que hay mucho talento y ganas de emprender, contamos con unas escuelas de negocio reconocidas a nivel mundial, y unos centros tecnológicos punteros en el ámbito científico.

Por aportar un dato objetivo de la competitividad de la startup española, podemos reflexionar sobre los resultados de la convocatoria europea de subvenciones para startups más competitiva y atractiva del continente, el Instrumento PYME (actualmente redefinido como EIC Accelerator - European Innovation Council Accelarator). Los últimos datos, de 2018, nos dicen que de las 1644 propuestas enviadas desde toda Europa, se seleccionaron 63 proyectos a financiar, siendo 12 de ellos españoles; es decir, fuimos el país líder con un 19% del total, por delante de Alemania, Noruega, Francia, Suecia o Italia.

Fuente: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
Fuente: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
Por tanto, nuestra tecnología es lo suficientemente buena, y si bien una cultura como la emprendedora es en todo caso multifactorial (educación, economía, historia, estratificación social), todos sabemos que cualquier cambio o evolución cultural, económica o social viene acompañada de un suceso, ecosistema o necesidad que la provoca y promueve. Por ello, esta ley debe facilitar a los jóvenes (y no tan jóvenes) la puesta en marcha de startups y el impulso de las mismas durante los primeros años de vida.

Pero no debemos de focalizarnos sólo en los emprendedores. Esta ley debe promover, además de la inversión privada (tanto de business angels como de corporates), los programas públicos de mentorización y capital riesgo especializándose en verticales tecnológicas y geográficas; así como la generación de spin-off originarias de universidades y centros tecnológicos. También son fundamentales las mejoras fiscales de manera progresiva (atendiendo a las diferentes fases de crecimiento), la empatía legislativa y laboral dado el carácter internacional de las startups, los programas de subvención y préstamos blandos que financien anticipadamente el MVP core, y posteriormente, la expansión sectorial y comercial de la compañía.

El problema de esta ley, o más bien oportunidad, es que es una apuesta, debe ser una apuesta. Una apuesta a futuro, entendiendo que los gastos públicos y redefinición de procesos o mejoras fiscales, provocarán un aumento del PIB del país y un salto en el reconocimiento como potencia tecnológica a nivel mundial, con todo lo que ello conlleva, gracias a la propia definición de valor de las startups.

Personalmente creo que, si entre todos conseguimos que en 2023, aunque no seamos referentes, nos hayamos subido al carro del emprendimiento, que nuestros jóvenes lo consideren como una opción de futuro, y que las grandes empresas y fondos de inversión consideren que España es un país atractivo para sus programas de aceleración, podríamos darnos por más que satisfechos.

En la misma línea, esta estrategia de apuesta por el emprendimiento, debe acompañarse desde las instituciones públicas con el apoyo a los emprendedores en sus diferentes fases. Y destaco esto porque los programas de aceleración públicos o los centros de investigación y universidades, muestran un mapa polarizado, poco conocido, y falto de coordinación.

En ocasiones conocemos empresas, centros tecnológicos o iniciativas públicas, con unas posibilidades de sinergia muy potentes, y a veces ni siquiera se conocen,  aún “viviendo” a veces a menos de 200 km. El identificar y difundir las tecnologías y regiones concretas, no solo es atractivo para las colaboraciones nacionales, sino para que, cuando una empresa como Tesla, esté decidiendo donde establecer su fábrica en Europa, piense en una región de España dada su especialización tecnológica y logística, y su idiosincrasia pública de I+D+i.

No obstante, la consulta pública previa realizada sobre esta ley, al menos en su redacción y ámbitos de acción sugeridos, es realmente esperanzadora. Cita los aspectos anteriormente comentados, e incluso recoge propuestas más avanzadas aún, como es incentivar la participación de startups en instrumentos de compra pública innovadora, promover la captación de talento, o la participación de colectivos vulnerables en este tipo de iniciativas.

Abel Fernández

Partnership Manager, Leyton.

Artículo original publicado en el Blog de Fide de El Confidencial