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La esencialidad del derecho en la crisis Covid-19


El pasado 9 de mayo se cumplieron 70 años de la Declaración de Schumann, principio de la Unión europea. Es una fecha para tener muy presente, cuando la resiliencia de la sociedad civil está a prueba y con ella el Derecho de los ciudadanos.



Históricamente, cada epidemia -o pandemia, en razón de su extensión geográfica- anticipó y aceleró los grandes cambios estructurales de la sociedad y de la economía de su tiempo. Ya sean las migraciones previas a la edad moderna del final del siglo XIV, en la peste negra; la creación del eje Norte -Sur, en las epidemias de cólera y viruela del siglo XIX o las grandes transformaciones ideológicas y geopolíticas del siglo XX (gripe y ébola, pero especialmente sida).  Las epidemias causadas por coronavirus o zika, del siglo XXI acelerarán de seguro, la transformación digital y deseablemente, la medioambiental (Green deal).
 
Para España, europeísta mas allá de su cualidad de Estado miembro, la Unión Europea es el referente de todo cambio.
 
En una época muy difícil también para Europa, para su identidad y liderazgo, la transición digital y ecológica, elementos de su crecimiento mas sostenible, están presentes en la política de las Instituciones. La pandemia acelera aún más estos objetivos.  
 
¿Cuál esta siendo la labor legislativa de la Unión Europea en la pandemia?  

En la limitación de sus políticas sectoriales esencialmente desarrolla una actividad coordinadora de algunos elementos sanitarios y económicos, mientras es demandado un Fondo de solidaridad efectivo. https://ec.europa.eu/growth/index_en

También el Parlamento europeo, destacando una resolución de 17 de abril en relación a una acción coordinada de los Estados miembros frente a la pandemia. Puede verse en el link, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
 
En el ámbito económico la Unión desarrolla un marco temporal sobre medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote epidémico. Puede verse en el link:

(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

En el programa se rompen diques tradicionales en el Derecho de la competencia y en el sistema de ayudas de Estado.  Provisionalmente se falseará el mercado interior, permitiendo ayudas de Estado e incluso, más allá de la creación de deuda subordinada, la toma de posición provisional de los Estados en el capital accionarial de empresas estratégicas como ultimo recurso, a fin de evitar la toma de posición de inversores de terceros Estados.  

En la misma línea la Comisión, en Comunicación de 25 de marzo de 2020 instó a los Estados miembros que ya cuentan con un mecanismo de control de las inversiones extranjeras directas, a que utilizaran al máximo este tipo de instrumentos para evitar flujos de capital procedentes de países no pertenecientes a la UE que pudieran socavar la seguridad o el orden público de la UE. En este contexto solicitó a los Estados miembros que establezcan un mecanismo de control completo incluidas las inversiones extranjeras directas.  España adoptó esta medida en el RDL 11/2020, de 30 de marzo (Disposición Final Tercera).

En esencia, la Unión Europea es consciente de que la pandemia COVID-19 supone una severa ralentización del conjunto de la economía europea, afectando a las empresas, el empleo y los hogares. Y por ello la Comisión, considera que es necesario establecer medidas de apoyo para garantizar que los mercados cuenten con liquidez suficiente, contrarrestar los daños sufridos por empresas viables y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después de la pandemia.
 
En algunos sectores permite a los Estados miembros un especial soporte a los operadores de la industria de los viajes y el turismo. Introduciendo su esencial política de protección de los consumidores, subraya que las ayudas deben permitir garantizar el abono de las solicitudes de reembolso causadas por la pandemia de COVID-19.

 El 13 de mayo, día en que se realiza esta breve reflexión, además de un programa e-Invocing, que profundiza en la transformación digital, se publica una guía -Sure Programme- que deberá permitir recuperar la libertad de movimientos en el territorio de la Unión Europa, levantando fronteras. Como viajar a salvo por Europa, supone además un ejercicio de reformulación del turismo intracomunitario, sector especialmente castigado por la crisis sanitaria.

https://ec.europa.eu/growth/content/tourism-and-transport-commission’s-guidance-how-safely-resume-travel-and-reboot-europe’s_en  

Además, en el concreto ámbito del Derecho de sociedades, la Comisión presentó el pasado 29 de abril una propuesta sobre medidas temporales relativas a las sociedades anónimas (SE) y sociedades cooperativas (SE) europeas. Estas son de regulación directa de la Unión europea, mediante Reglamentos (CE) nº 2157/2001 y (CE) nº 1435/2003, de los que cuelgan sendas directivas sobre implicación de los trabajadores. El nuevo Reglamento, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, escrito, se dirige a la ampliación a un año, desde seis meses, no mas allá del 31 de diciembre de 2020, el plazo de celebración de la junta general prevista en el art. 54 de ambos textos.
 
Una encuesta de la Comisión pone de manifiesto que casi todos los Estados miembros han legislado con urgencia en la crisis Covid-19,  ampliando los plazos para la formulación de cuentas, auditoría y su publicidad y por tanto la celebración de las juntas  Asimismo, se puso de manifiesto el incremento del uso de nuevas tecnologías en el funcionamiento de las juntas generales y ejercicio del derecho del voto.
 
Por otra parte, en el ámbito académico europeo, el European Law Institute (ELI) ha publicado trece principios jurídicos que deben permitir afrontar la crisis sanitaria hasta la vuelta a la normalidad. Estos principios comienzan recordando los valores democráticos de la sociedad europea y la necesidad de mantener las bases de los principales Tratados internacionales durante su gestión. Pueden ser considerados una buena guía de gobernanza de la crisis en aspectos esenciales como el sistema jurídico o la forma de hacer leyes; pero también la educación, el Derecho de contratos y la insolvencia.   Pueden verse en:
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf  

En España, como en otros Estado europeos, se ha creado un verdadero corpus iuris sobre la legislación de emergencia en todas las áreas del ordenamiento. La pandemia ha adquirido una rubrica jurídica unitaria, la legislación Covid-19. Puede ser consultada, en forma de libro digital y gratuito en una gran labor recopilatoria, en  www.boe.es.  

En el contexto descrito, el Derecho debe ser un instrumento eficaz para el cambio y protección de la sociedad. Singularmente el Derecho privado es el instrumento de la sociedad civil; de su autonomía, de la persona, de sus intereses económicos. Es el Derecho del ciudadano. Lamentablemente cada vez más olvidado en su libertad individual.

La legislación de urgencia en el Derecho privado presenta tanto en España como en otros países en el ámbito patrimonial, dos objetos esenciales:  la suspensión de plazos y la relajación de formas.  En la Tribuna de Derecho Privado de los meses de marzo, abril y mayo de la Revista digital de El Economista (Buen Gobierno, Iuris & Lex) me referí a determinados aspectos del Derecho privado en la pandemia:  Ejercicio de acciones; Sucesiones mortis causa, Derecho de sociedades, a cuyo estudio me remito, https://www.eleconomista.es/ecoley/.
    
Pero, preocupa la forma de legislar tras dos meses en estado constitucional de alarma.
 
Especialmente los ukase, ordenes ministeriales sectoriales derivadas del Real Decreto de alarma 463/2020 y sus prórrogas, en la que por ejemplo se pretende suspender de facto el derecho de propiedad y se sanciona el título jurídico en litigio de la okupación.  También preocupa la creación de un clientelismo político, mucho mas allá de la indiscutible ayuda temporal a muchas familias a fin de que asegurar un mínimo vital en estas circunstancias excepcionales.
 
¿Hay un riesgo real de cambio en España hacia el autoritarismo?.  Para que esto no sea posible, más allá de la concreta normativa técnica, el papel de las Instituciones debe ser preservado y con ellas nuestro modelo de vida democrático.
 
El pasado 9 de mayo se cumplieron 70 años de la Declaración de Schumann, principio de la Unión europea.  Es una fecha para tener muy presente, cuando la resiliencia de la sociedad civil está a prueba y con ella el Derecho de los ciudadanos.
 

Ana Fernandez-Tresguerres

Notaria de Madrid. Académica de Numero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Consejera Académica de Fide.

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Martes, 25 de Agosto 2020 - 16:25 Despedida
















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