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La prestación excepcional por incapacidad temporal como consecuencia del virus Covid-19: una excelente respuesta de la seguridad social


Los aspectos ligados a la protección sanitaria y social de los afectados está siendo un ejemplo de rigor y compromiso institucional. La rápida y eficaz reacción que desde los primeros días de la crisis tuvo la Seguridad Social es clara muestra de ello.



Un ciudadano, protegido por una mascarilla, consulta la información de cierre de una oficina de empleo en Madrid. JOSÉ AYMA
Un ciudadano, protegido por una mascarilla, consulta la información de cierre de una oficina de empleo en Madrid. JOSÉ AYMA
De la terrible situación que estamos viviendo con la pandemia provocada por el COVID-19 sacaremos en el futuro muchas conclusiones, del ahora ya podemos sacar algunas. Una primera es que mientras los aspectos ligados con lo laboral están generando un terrible estruendo por muchos y diversos motivos, los aspectos ligados a la protección sanitaria y social de los afectados está siendo un ejemplo de rigor y compromiso institucional. La rápida y eficaz reacción que desde los primeros días de la crisis tuvo la Seguridad Social es clara muestra de ello.

Tras las lógicas dudas iniciales (Criterios 2/2020  y 3/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social), el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (en adelante, “RDL 6/2020”), incorporó en su artículo quinto, la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo (en adelante, “AT”) de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. Establece el citado precepto en su apartado 1 que: “Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social (en adelante, “IT”), aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”. Requisitos básicos para causar la prestación son, por un lado, la necesidad de acreditar que la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social y, por otro, que acredite la situación de necesidad con el correspondiente parte de baja médica, por enfermedad o por aislamiento, emitido por los Servicios Públicos de Salud (art.5.2 RDL 6/2020).

La norma citada incorpora una regulación, no se olvide, “excepcional”, a la hora de definir el juego de la prestación por IT, acorde, en todo caso, con el tiempo que estamos viviendo. Para su recta comprensión debe partirse de que la IT es, esencialmente, un seguro que pretende cubrir dos tipos de contingencias que aparecen de forma simultánea: pérdida temporal de la salud del trabajador y pérdida de ingresos. Por ello, se distingue entre una prestación sanitaria o en especie y una prestación económica. Sobre esta base, su circunstancial articulación jurídica en el RDL 6/2020 parte del hecho de que, aunque la contingencia determinante sea una enfermedad común, su tratamiento a efectos de la económicos queda reforzado al asimilarse a AT). Una solución inteligente que permite proyectar, entre otros efectos, el acervo garantista y de tutela que lleva consigo la calificación como contingencia profesional pero mantener su dimensión sanitaria en la esfera de los Servicios Públicos de Salud.

Si descendemos en esta lógica bifronte, para la que es necesario bucear en el derecho subterráneo que ya caracteriza la regulación en esta materia, nos encontramos con que para el acceso al derecho a la prestación económica por IT no es necesario acreditar período de carencia alguno (art. 165.4 y 172 LGSS) y, de acuerdo a la asimilación a la situación de AT, el salario íntegro correspondiente al día de la baja estará a cargo del empresario, con independencia de que hubiera habido, o no, prestación laboral efectiva el día de la baja médica (como recuerda el Boletín de Noticias Red 3/2020 de 13 de marzo de 2020). De igual forma, su cuantía ascenderá al 75% de la base reguladora (si bien la misma podrá verse incrementada si existe mejora establecida por convenio colectivo o acuerdo). En todo caso, la prestación correrá a cargo del sistema de la Seguridad Social.

Su otra faz se pone de relieve si tenemos en cuenta que la prestación de asistencia sanitaria se considerará que deriva de contingencia común, “salvo que se pruebe que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el art. 156 LGSS, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en cuyo caso será calificada como AT” (Según precisa el Criterio de gestión 8/2020, de 17 de marzo, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica). Lógica consecuencia de ello es que queden fuera, como regla general, de su esfera de actuación los facultativos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Como también precisa la Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias emitidas por el INSS, relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por coronavirus, conforme al RDL 6/2020, de 10 de marzo, en adelante, Instrucciones aclaratorias emitidas por el INSS).

La articulación jurídica del control de la prestación se encuentra integrada por plurales mecanismos que parten de la dificultad intrínseca de identificar con precisión el origen de una enfermedad como el COVID-19. Problemas que derivan de la necesidad de acreditar la enfermedad partiendo de la premisa de que las instrucciones de las autoridades sanitarias venían indicando que no se practicará la prueba de detección de la enfermedad a quien presente síntomas, pese a lo cual, procedía el aislamiento preventivo de las personas afectadas. No obstante, nuestro sistema de Seguridad Social es lo suficientemente sólido como para articular un sistema eficaz que permita, desde la más escrupulosa tutela del derecho a la salud de los ciudadanos, construir todo un sistema de coordinación interinstitucional que haga plenamente eficaz, como decimos, el control de estas situaciones.

Para el adecuado abono de la prestación económica en estos procesos de IT, recordamos que en tanto no se emita el parte médico de baja no se iniciarán las actuaciones tendentes a la suspensión de la relación laboral y al reconocimiento del derecho a la citada prestación económica por IT. Las anteriormente citadas Instrucciones aclaratorias emitidas por el INSS han venido a precisar varias posibles situaciones.
 
En primer lugar, aquellas en las que procede emitir parte de baja en casos de aislamiento (y cabe entender que de confinamiento como en el caso del municipio de Igualada). En este caso, procederá su emisión en los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados (que es cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minuto).

En este proceso queda comprometido el servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales (como se extrae también del Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV2 de 30 de marzo de 2020). A ellos se les llama para elaborar el informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su tramitación en: (i) Los casos probables (los resultados de laboratorio no son concluyentes), posibles (con infección respiratoria aguda leve) o confirmados, así como los contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados. (ii) Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus COVID-19, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al COVID-19.

La exigencia de aislamiento se resuelve a través de la posibilidad de que los partes de baja y de confirmación puedan ser emitidos sin la presencia física de la persona trabajadora, siempre que exista indicación de la autoridad en caso de aislamiento y constatación de la enfermedad por los medios disponibles en el Servicio de Salud (Historias clínicas). Los médicos de los centros de salud vienen tramitado por teléfono los partes de IT.

Algunas dudas planteaba la regla anterior en el caso de los supuestos de confinamiento total de la población (como ocurre en el Municipio de Igualada). Estas dudas han sido resueltas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que incorpora una DA 21 que establece que: “Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública”. A lo anterior añade que: “La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del Servicio Público de Salud”.

En segundo lugar, el INSS considera que procede emitir parte de baja en casos de enfermedad. Se entiende que en este tipo de supuestos, el parte de baja por enfermedad COVID19 debe emitirse en los casos definidos por el Ministerio de Sanidad como confirmados por lo que cuando el facultativo responsable de la emisión del parte de baja constate por cualquier medio clínico que el trabajador está impedido para el trabajo por presentar un cuadro clínico compatible con la enfermedad emitirá dicho parte y mantendrá el proceso de IT hasta la resolución del proceso y que proceda la reincorporación laboral.

La sensibilidad y el compromiso de tutela social de estas situaciones se ponen de manifiesto en el carácter retroactivo de estas situaciones. El Criterio 4/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha aclarado que se aplicará con carácter retroactivo, por lo que alcanzará igualmente a los supuestos que se hayan producido con carácter previo, surtiendo efectos desde la fecha en la que se haya acordado el aislamiento o diagnosticado el contagio. De este modo, los partes de baja emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2020, serán reconvertidos automáticamente de oficio por el INSS a la contingencia de AT, siempre y cuando el parte de baja se corresponda con un diagnóstico relacionado con el COVID-19 (como señala el Boletín de Noticias Red 3/2020).

La duración de esta prestación excepcional viene determinada por el parte de baja de aislamiento y la correspondiente alta. Ahora bien, la fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha. La duración estimada para estos procesos de IT se fija entre 5 y 30 días naturales, asociándose a los procesos de corta duración conforme al Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. De esta forma, la emisión del primer parte de confirmación no excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. Los sucesivos partes, en caso de ser necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí (De acuerdo con las Instrucciones aclaratorias emitidas por el INSS).
 
Realmente no es sencilla la posición de la empresa en estos casos dado que la empresa no tiene acceso a los diagnósticos. De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, en ningún caso cabe facilitar a las empresas o a sus representantes información sobre la naturaleza patológica/diagnóstico de un proceso de IT que afecte a una persona trabajadora. No obstante, para  facilitar ese control, al tratarse de un tema de salud pública, en los supuestos en que el trabajador notifique un aislamiento y no acuda a su puesto de trabajo, sin que la empresa tenga constancia inicial de la existencia de un parte de baja, la empresa podrá ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud para que ésta emita, en su caso, el parte de baja por enfermedad común correspondiente, sin perjuicio de los efectos económicos como AT, de acuerdo a los diagnósticos que identifican estos procesos relacionados con el COVID-19 (tal y como precisa el Boletín de Noticias Red 3/2020).

Todas estas situaciones también producen un efecto reflejo en el ámbito laboral. El tenor del art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  establece que: “Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen […] la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 ET”. Y, de igual modo, el art. 1.2 d) del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, exceptúa de su ámbito de aplicación: “Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal (…)”. Muchos otros efectos y otros problemas tienen la situación de IT y como la misma queda afectada por los ERTEs que durante la misma se pudieran producir pero esta es cuestión que merecería de un tratamiento más detenido.

Sirva para concluir estas líneas una reflexión que, por evidente, no resulta menos cierta. Momentos excepcionales requieren soluciones excepcionales. Y es, precisamente, la sensibilidad de las instituciones y su capacidad de adaptación la que hace que, incluso, en un momento como el que estamos viviendo, podamos seguir pensando que el Estado Social de Derecho no se encuentra en estado de alarma.
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Jesús R. Mercader Uguina

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, con anterioridad,  de la Universidad de Cantabria. Counsel de Uría Menéndez.  Ex Letrado del Tribunal Constitucional. Ex Secretario General de la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de FIDE.
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