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La protección de la salud pública y el respeto a las libertades individuales ante la Covid-19


Compartimos el artículo de Juan Manuel de Faramiñan Gilbert sobre La protección de la salud pública y el respeto a las libertades individuales ante la Covid-19, publicado en Freedom, Security & Justice: European Legal Studies. Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo de libertà, sicurezza e giustizia, 2020, nº 2.



A finales del año 2019 y comienzos del 2020, la comunidad internacional se ha visto convulsionada por el desencadenamiento de una pandemia provocada por el contagio sumamente infeccioso y masivo del coronavirus (COVID-19) y rápidamente globalizada a nivel mundial.

Como consecuencia de que esta enfermedad presenta una tasa de letalidad muy alta y que la pandemia se ha extendido a todas las regiones del planeta, los organismos oficiales y los Estados han determinado medidas de confinamiento para evitar la propagación de los contagios, lo que ha dado lugar a métodos de prevención como la cuarentena de 14 días, el aislamiento y distanciamiento corporal, el uso de mascarillas o el fomento de la higiene personal intensiva.

La base jurídica para adoptar el “estado de alarma” se apoya en el artículo 116 de la Constitución Española de 1978 en el que se indica que “una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”. El Gobierno, por medio del Real Decreto 463/2020 que entró en vigor el 15 de marzo, declaró la aplicación de estas medidas excepcionales con el fin de paliar los daños del coronavirus por un periodo de quince días prorrogables, pero en este caso, con el acuerdo del Congreso. Las autoridades competentes para el ejercicio de estas funciones excepcionales son el presidente del Gobierno y los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio y faculta al Gobierno para asumir estas restricciones, en parte o en todo el territorio nacional, siempre que se produzcan alteraciones graves a la normalidad, tales como catástrofes, terremotos, inundaciones, crisis sanitarias como epidemias o situaciones graves de contaminación.

Sin embargo, el estado de alarma no debe presuponer efecto alguno sobre la vigencia de los derechos fundamentales, aunque, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la ley orgánica 4/1981, es posible que de manera excepcional y limitada temporalmente se restrinjan algunas libertades, limitando  la circulación o permanencia de personas o vehículos en determinados lugares o en determinadas horas, llevando a cabo requisas temporales de bienes, imponiendo prestaciones personales obligatorias, ocupando transitoriamente industrias o explotaciones, racionando el consumo de artículos de primera necesidad o imponiendo órdenes específicas para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.

La pandemia ha puesto a prueba a los gobiernos y a la ciudadanía ante la necesidad de que, en los meses futuros, cuando se haya superado el periodo caliente de los contagios, se logren atenuar las repercusiones de las medidas de salud pública que se adoptaron con el fin de parapetarnos ante la propagación del virus y garantizar el respeto de todos los derechos humanos, ya sean económicos, civiles, sociales o culturales.

Por su parte, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en su Declaración sobre la COVID-19 y los derechos humanos (ACNUDH, ONU, 23/04/2020) alerta sobre el hecho de que nos estamos enfrentando a “una crisis económica, una crisis social y una crisis humana que se están convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. Resulta preocupante el hecho de que “hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos si: sacan a la luz las profundas deficiencias en la prestación de los servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos”. Agrega: “Vemos el aumento del discurso del odio, los ataques a grupos vulnerables y el riesgo de que la mano dura en las respuestas en materia de seguridad socave la respuesta sanitaria (…) al tiempo en el que se produce un retroceso en los derechos humanos de algunos países, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia”.



A continuación, el artículo completo:

Faramiñán Gilbert, J.M. de: “La protección de la salud pública y el respeto a las libertades individuales ante la Covid-19” en Freedom, Security & Justice: European Legal Studies. Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo de libertà, sicurezza e giustizia, 2020, nº 2, pp. 1-21.


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