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Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





Las mil y una desventuras de la CNMC, Por Juan Delgado.


La mejora de la calidad de las resoluciones de la autoridad de competencia debe ser una prioridad ante cualquier reforma del sistema español de defensa de la competencia



A los numerosos titulares generados en los últimos años en torno a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), se ha añadido recientemente uno "no tan nuevo": la Audiencia Nacional (AN) anuló recientemente dos resoluciones de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (ahora CNMC) y de la CNMC que imponían sendas multas a Telefónica y a otros operadores. El motivo: la falta de argumentación en un caso y la referencia a conductas no contempladas en la ley de competencia en otro. Hace unas semanas, la AN también anuló una multa a Repsol porque la misma se imponía al "sujeto equivocado".

Estas sentencias ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el rigor y la consistencia jurídica y económica de las resoluciones de la autoridad de competencia. El problema viene de largo y la reforma de 2012 por la que se creó  la CNMC no incidió sobre la mejora de la calidad de las resoluciones. La calidad de las intervenciones de la CNMC es esencial para garantizar el buen funcionamiento de los mercados y reducir la litigiosidad.

¿En qué ámbitos hay que incidir para mejorar la calidad de las resoluciones?
El primer ámbito es la mejora de los sistemas internos de control de calidad. En la actualidad, el control del rigor y la consistencia económica y jurídica es difuso a lo largo del procedimiento y no existen filtros formales dentro del mismo para "blindar" jurídica y económicamente el trabajo de la institución.

Con independencia de la idoneidad de sus miembros, el Consejo, que es el órgano responsable de redactar la resoluciones, no dispone ni del plazo ni de los recursos necesarios para revisar críticamente y modificar las propuestas de resolución.
Ello implica que las resoluciones de la CNMC no han superado los filtros suficientes que garantizarían unos elevados estándares jurídicos y económicos que fueran difícilmente atacables por los tribunales.

El segundo ámbito es la mejora en la contratación de personal. La rigidez en la contratación del personal, restringida prácticamente a funcionarios de carrera, dificulta la incorporación de expertos en derecho y economía de la competencia. En general, los nuevos instructores no tienen formación específica ni experiencia en la aplicación del derecho de la competencia lo que dificulta la modernización de la aplicación del derecho de la competencia y la introducción de técnicas de análisis sofisticadas.

El tercer ámbito es la gestión interna del trabajo. En la actualidad, no existe un esquema claro de las prioridades de la autoridad y se asignan recursos a asuntos con escaso interés público (como, por ejemplo, el cártel de los fotógrafos de orlas en Madrid).

La solución a estos problemas requiere entrar en terrenos que hasta ahora no han sido visitados por las distintas reformas de la defensa de la competencia en España.

En primer lugar, es necesario reforzar el papel de los servicios jurídicos y económicos internos para blindar las resoluciones. Los servicios jurídicos deben intervenir de forma sistemática en la revisión exhaustiva de todas las resoluciones, y sus informes deberían ser vinculantes y con capacidad de veto sobre las actuaciones de la Dirección de Competencia y del Consejo.

Se debe reactivar la figura del economista jefe, suprimida en 2012 poco después de mi salida, que garantice el rigor económico mediante la intervención temprana y sistemática en aquellos casos que impliquen una argumentación económica compleja o que requieran del análisis de evidencia empírica.

Otros mecanismos de control utilizados en otros países de la UE son la constitución de paneles de revisión formados por personal interno y por revisores externos.

En segundo lugar, se debería redefinir el papel del Consejo. El Consejo, además de estar formado por expertos en la materia, debería actuar como filtro para garantizar la coherencia y racionalidad de las resoluciones, trabajando en paralelo con la instrucción y sin necesidad de redactar una nueva resolución, como ocurre en el regulador británico.

En tercer lugar, es necesario dotar a la autoridad de una verdadera independencia presupuestaria y de contratación que le permita atraer talento y experiencia. En España (y en Europa) existen multitud de profesionales con una excelente formación y experiencia en derecho y economía de la competencia que, en la actualidad, no pueden trabajar en la CNMC (a no ser que inviertan 2 ó 3 años más en la preparación de una oposición generalista).

Por último, es necesario el establecimiento de un sistema interno de prioridades y de asignación de recursos que venga determinado por el interés público y la complejidad de cada asunto. Debería ser posible resolver de forma rápida aquellos asuntos de escaso interés público (como el mencionado cártel de los fotógrafos) y dedicar más recursos a aquellos más relevantes y complejos.

La reforma de la CNMC que planea el gobierno y las discusiones a puerta cerrada que supuestamente está llevando a cabo la CNMC para la reforma del sistema español de competencia deberían centrarse no sólo en la reforma institucional y legal sino también en los sistemas de gobernanza y control interno que inciden en la mejora de la calidad del trabajo de la institución. Ello contribuiría a reconducir las actuales desventuras de la CNMC hacia un final feliz.

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Juan Delgado es director de Global Economics Group. Entre 2008 y 2011, fue economista jefe de la Comisión Nacional de la Competencia. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Este artículo fue publicado en el Blog Fide en El Confidencial el pasado 21 de septiembre. Accede al artículo en el blog en este link y al blog completo aquí.




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