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Legitimidad de poder público en el post COVID-19

Reflexiones Sociedad Civil. Madrid, 31/3/2020.-,


Lo que está claro es que ningún Estado Europeo puede permitirse el nivel de incapacidad que están mostrando en la gestión de la crisis del COVID pues se están deslegitimando...



Una mujer dando una mascarilla a un hombre. Imagen: EFE
Una mujer dando una mascarilla a un hombre. Imagen: EFE
En el contexto de las grandes transformaciones que vive la sociedad actual, inmersa en una globalización acelerada, en la transformación productiva digital y, en general, en un sistema de ordenación de lo público cada vez más complejo, con pluralismos interdependientes de difícil equilibrio, complejos de gestionar por un poder público débil, me pareció, inicialmente, que la crisis del COVID tendría un impacto irrelevante en la esfera de lo público. No dejaba de ser una crisis sanitaria como otras recientes o pasadas que, pensé, una vez superada, no iba a dejar una huella especial en nuestra forma de organizarnos políticamente, como tampoco la dejaron la gripe de 1918 o, más recientemente, el SIDA u otras crisis víricas más recientes (SARS, etc).
 
La perspectiva de la evolución de los hechos estas semanas me está llevando a cambiar de opinión; el grado del impacto de la crisis en términos globales y la consciencia de los débiles instrumentos que tenemos para reaccionar a la misma creo que quizás haga que la crisis del COVID -19 tenga mayores impactos de los inicialmente previstos. Creo que tras esta crisis la gestión de lo público como una interacción razonablemente ordenada con discursos de grupos complejos, con intereses poco armónicos, con unos poderes públicos que son, a lo sumo, moderadores de dichos intereses, va a ser cuestionada de forma más frontal.
 
El COVID puede significar un catalizador de una verdadera “rebelión de las masas”, no ya como grupo político de obreros industriales que accede a participar en lo público a través del sufragio universal, como ocurrió hace 100 años. Lo que ahora quizás se vislumbra es una rebelión silenciosa de prácticamente toda la humanidad que de manera simultánea tiene que cambiar su modo de vida, hasta en lo más personal, que está, físicamente, “detenida” en su domicilio y a la que se le ha dado un motivo de rebelión. Y vislumbramos también que el problema no se va a solucionar en semanas sino que probablemente tarde al menos uno o dos años. Se ha generado un “malestar” global y simultáneo que ahora pienso que tendrá consecuencias relevantes.
 
Una de las grandes encrucijadas de nuestros sistemas políticos está en el hecho de que en la sociedad compleja, plural, digital e interdependiente que describíamos, el estado nación, sin perjuicio de que sigue siendo el instrumento central de nuestro sistema de gobierno, ha perdido legitimidad y, en paralelo, no se haya generado una legitimidad alternativa. El pensamiento político hoy dominante (entre nosotros Castells o Innerarity) ha defendido, desde posiciones diversas pero coincidentes en ese punto, el valor crítico frente al Estado de los grupos diversos y, por tanto, de la gestión de lo público desde del procedimiento, de la red, del discurso comunicativo no jerárquico, no obligacional y más respetuoso con el derecho del grupo que impugna el modelo de Estado que con el individuo que pide protección a su derecho en el espacio público (sea el Estado o el colectivo en red que propone una hegemonía). Este pensamiento dominante critica parte esencial del pensamiento democrático liberal clásico, o que renuncia a su defensa, ha puesto por ello el centro de su crítica a las estructuras de poder que centralizadamente y legitimadas democráticamente por el voto, gestionan los instrumentos de poder público, esto es, la Administración centralizada del estado nación.
 
Por otra parte, es cierto que en el mundo globalizado, digital y de la producción basada en el conocimiento, el Estado también ha entrado en crisis por una falta de legitimidad material. Ya no parece necesario para crear un estado del bienestar y la sociedad no lo percibe como garante de sus derechos en un mundo dónde las instituciones supranacionales (especialmente en Europa) cumplen con esa función de garantes de la ortodoxia.
 
Sin embargo ahora nos encontramos con una crisis como la del COVID en la que hemos constatado que el Estado surge como la única instancia que puede resolver el problema y, sin embargo, está infradotado, no tiene los procedimientos necesarios desarrollados, no es capaz de gestionar los datos ni las aplicaciones digitales para obtenerlos y gestionar la pandemia, y diría que incluso transmite una cierta impotencia para gestionar la solución al problema al que nos enfrentamos (en el fondo no especialmente complejo). No se trata de que no haya inversión en los sistemas sanitarios, sino que no tiene los conocimientos ni los procedimientos para prevenir ni afrontar una crisis donde no tener mascarillas de protección (un artículo de coste ínfimo) o suficientes respiradores (un material médico sencillo y no especialmente caro), han generado muchos fallecimientos evitables.
 
¿Y esto significa que debemos volver al Estado Nación y a la creación de nuevo de poderes públicos fuertes y jerarquizados? No lo creo, la transformación de la sociedad es tal que sencillamente no es posible recrear el modelo de estado de hace siquiera 50 años. Ahora bien, eso no significa que no necesitemos un poder público capacitado ideológicamente para actuar frente a la sociedad compleja y dotado materialmente para resolver crisis como esta y otras muchas potenciales. Tenemos que tenerlo y esta crisis quizás va a ofrecer los argumentos legitimatorios para construirlo, lo que será una oportunidad.
 
La alternativa a no hacerlo será que las derivas autoritarias y populistas se refuercen en Europa aún más de lo que lo están haciendo.
 
La democracia liberal requiere un poder público fuerte y el Estado liberal debe tener Estado. Ello no se mide en términos del porcentaje de PIB de los presupuestos del Estado, se mide en términos de mayor conocimiento, mayor digitalización, mayor competencia, mejores recursos y, en general, una mejor legitimación ideológica frente al poder del grupo, de la red, sea global, regional o local. Necesitamos un poder público menos permeable al interés difuso o en general al cortoplacismo. Necesitamos un poder público armado con los instrumentos de cohesión básicos, el primero la idea de nación. Y esto no lleva necesariamente a recentralizar el Estado sobre una Administración jerarquizada, aunque también esta puede ser una mecánica útil para determinados aspectos. 
 
Lo que está claro es que ningún Estado Europeo puede permitirse el nivel de incapacidad que están mostrando en la gestión de la crisis del COVID pues se están deslegitimando; la democracia y la protección de las libertades individuales frente a las nuevas hegemonías ideológicas (populistas o de grupos minoritarios) o económicas, exigen un Estado mucho más sofisticado y poderoso, en términos de capacidad, y ello significa quizás hacerlo más pequeño pero sin duda en la vanguardia del conocimiento y  la digitalización; poseedor y gestor de los datos y ello pasa, en primer lugar, por reformar en profundidad las estructuras de las Administraciones Públicas de los Estados. En una sociedad compleja puede haber Estado sin democracia (China) pero no democracia sin Estado. Solo así podremos garantizarnos la defensa de los derechos individuales y permitir que nuestro sistema político se legitime con elecciones libres reforzando la democracia, pues el Estado nunca fue enemigo de la democracia sino su condición.
 


Madrid, 31/3/2020.-

Juan Martínez Calvo

Socio responsable del área de infraestructuras
y energía en Simmons & Simmons.

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