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Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





Los delitos medioambientales son analizados en Fide.


En el marco de las sesiones que se están organizando en Fide sobre temas en materia de Derecho ambiental, el pasado 28 de junio tuvo lugar la relativa a los delitos medioambientales.



De izquierda a derecha: Bal, Yanguas y Vercher
De izquierda a derecha: Bal, Yanguas y Vercher
El Derecho penal se ha consolidado como un instrumento imprescindible para mejorar nuestro medio ambiente. Pero cabe plantearse si la utilización del Derecho penal ambiental en nuestros días está siendo idónea o si, por el contrario, se produce en el ámbito del medio ambiente una utilización abusiva de este instrumento de nuestro ordenamiento jurídico, que debería reservarse únicamente para reaccionar frente las conductas más reprobables.

Para responder a estas cuestiones, de enorme complejidad jurídica, se contó con la presencia de una de las máximas autoridades en la materia, como es el Fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo, Antonio Vercher, cuya impresionante trayectoria en defensa del medio ambiente ha sido reconocida con el premio BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. Junto a él, intervino Edmundo Bal, Abogado del Estado Jefe de Derecho penal en la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado, que cuenta con una dilatada experiencia en la representación de la Administración en las principales causas penales ambientales.

Antonio Vercher hizo un interesante repaso de los orígenes del Derecho ambiental, hasta llegar al sistema actual, en el que se detuvo para explicar detalladamente la labor que realiza la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Esta unidad se crea en el año 2006, después de las operaciones Malaya y Ballena Blanca, para reaccionar de forma contundente contra los abusos urbanísticos que se estaban produciendo en España. Ahora bien, en la actualidad, y junto con las cuestiones urbanísticas, cobran cada vez más peso los procedimientos en los que se persiguen delitos ambientales, como fue el caso de la operación Fragmento, que ha determinado la condena a cinco empresarios, por reciclaje ilegal de residuos. Constató que se está produciendo una disminución de las sentencias de condena por delitos de urbanismo, al tiempo que se observa un aumento de condenas por delitos ambientales. Esta circunstancia implica que hay más conciencia y más conocimiento técnico en relación con esta materia, con lo cual jueces y fiscales actúan con mayor propiedad y con mayor apoyo legislativo y jurisprudencial.

Edmundo Bal, por su parte, aportó una visión distinta de la cuestión. Planteó los problemas de delimitación entre el ilícito administrativo y el delito ambiental. Apuntó el riesgo de que una aplicación inadecuada del Derecho penal ambiental pueda determinar, entre otras consecuencias negativas, la paralización de la Administración, por cuanto los funcionarios difícilmente podrán certificar, por ejemplo, la ausencia total de riesgo en los planes, programas o proyectos que deban evaluar ambientalmente y, ante esta situación, decidan no resolver estos expedientes o hacerlo siempre en sentido negativo. Expuso su experiencia como Abogado del Estado en distintos casos que han tenido gran trascendencia mediática y las consecuencias negativas para aquellos que se ven inmersos en un procedimiento penal durante años, aun cuando se acabe demostrando la ausencia total de responsabilidad o de relevancia penal de los hechos enjuiciados, con un coste personal que no se suele tomar en consideración cuando se decide utilizar esta vía.

Tras la interesante intervención los ponentes y el debate, moderado por Guillermina Yanguas, Magistrado y Doctora en Derecho, con varios de los asistentes, la sesión concluyó con un propósito: seguir analizando las vías de mejora en la aplicación de un ámbito del Derecho penal, el ambiental, que debería utilizarse sólo en los casos más graves, y con la finalidad fundamental de castigar a aquellos que tratan de perjudicar a nuestro medio ambiente.




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