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Los retos de digitalización y el teletrabajo

Reflexiones Sociedad Civil. Madrid, 31/3/2020.-,


El teletrabajo es la modalidad de trabajo que se ha presentado como la fórmula mágica para resolver la cuadratura del círculo de la crisis y de la lucha contra la propagación de la enfermedad



La importancia del entorno digital y de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de la conectividad, y de la digitalización de las empresas y centros educativos, se ha situado en esta excepcional pandemia del COVID-19 , de gran impacto económico y social, en el primer plano de actualidad al servicio del trabajo no presencial, obligado en los distintos sectores de actividad, privada y pública, salvo que no resulte posible o se trate de servicios esenciales que requieran del trabajo presencial. Una emergencia sanitaria y humanitaria que por la necesidad de distanciamiento social y consiguiente aislamiento personal ha dejado muchas de nuestras actividades y relaciones sociales en manos de los operadores de comunicaciones electrónicas, de telecomunicaciones, del acceso a internet, de la fibra óptica, de la demanda de servicios en la red.     
 
El teletrabajo es la modalidad de trabajo que se ha presentado como la fórmula mágica para resolver la cuadratura del círculo de la crisis y de la lucha contra la propagación de la enfermedad: el cumplimiento de las medidas restrictivas de la libre circulación de los ciudadanos por las vías públicas y de contención de la actividad empresarial y laboral y la continuidad de todo tipo de actividades y relaciones por medios alternativos, particularmente a través de esta forma de trabajo a distancia. Cierta es la constatación de que las bases tecnológicas para cumplir el confinamiento impuesto por la declaración del estado de alerta existían en nuestro país en el sector servicios, privado y público. En caso contrario, no hubiera sido posible que de un día para otro gran parte de la población trabajadora hubiera podido abandonar el trabajo presencial para ejecutarlo desde sus casas a través de medios telemáticos. Pero también es cierto que no en todas las organizaciones empresariales de servicios ha sido posible, o no lo ha sido con los resultados de eficiencia deseables, especialmente en la PYMES. Ahí está para demostrarlo la línea de ayudas y créditos a las PYMES para acelerar el proceso de digitalización desde el asesoramiento y la formación que ha incorporado el Real Decreto-ley 8/2010, de 17 de marzo, bajo el nombre de Plan ACELERA.
 
A nuestro país aún le falta dar el salto tecnológico, especialmente en núcleos de población pequeños y rurales en que la brecha digital existe, como existe entre los trabajadores por edad y género y entre los estudiantes por niveles de renta, una brecha que es de desigualdad. Esta devastadora crisis sanitaria nos ha enseñado que el teletrabajo es una herramienta imprescindible de modernización de la sociedad, y en concreto de modernización del trabajo considerado como actividad, si el teletrabajo se contempla en su toda su potencialidad, mayor aún con la futura libertad de movimientos, y no se limita a convertirse en una fórmula de enviar a los trabajadores a sus domicilios convertidos en lugares de trabajo. Simultáneamente, nos ha marcado con un coste humano elevadísimo la importancia del trabajo de cuidado personal, el valor de nuestros profesionales sanitarios y la necesidad de prestar el trabajo con la seguridad y protección debidas. Ese tipo de trabajo es y será insustituible, como imprescindible es la investigación científica, el avance del conocimiento, y la financiación que lo haga posible.
 
Otra de las lecciones que la crisis terrible del coronavirus COVID-19 nos deja es la valoración positiva de la digitalización, de su aceptación como oportunidad que hemos de aprovechar para introducir cambios en las formas de trabajo y de vida. La crisis ha supuesto la ocasión de superar las resistencias y suspicacias frente al posible efecto supresivo y sustitutivo del empleo de las tecnologías digitales, de acabar con los viejos modelos de trabajar que no acaban de romper con el presencialismo, y con un presencialismo excesivo y perjudicial, expresivo de un ejercicio añejo del poder de vigilancia empresarial y limitativo o empobrecedor del ejercicio los derechos de conciliación de los tiempos de vida familiar, personal y laboral. En esta situación excepcional las organizaciones empresariales y los trabajadores han descubierto las posibilidades del trabajo no presencial, que espero conserven intactas en defensa del mantenimiento de su utilización, combinada con fórmulas semipresenciales, el día después de la finalización del estado de alarma, en que las aguas no volverán a su cauce, y habremos de enfrentarnos con una crisis económica y social de envergadura.    
 
El Real Decreto de declaración del estado de alarma situó el teletrabajo en el ámbito educativo y de la formación, al suspender la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
 
La evolución de la crisis ha expandido el teletrabajo a distintos sectores y actividades, al ámbito de la actividad comercial, profesional, jurídica, cultural, e industrial, y a otras actividades “contenidas” en que el trabajo no presencial no era posible, al suspenderse la “apertura al público” de los establecimientos y prohibirse la permanencia en ellos de las personas.
 
El teletrabajo no solo ha cumplido su función de reducir la probabilidad de exposición y contagio de las personas por COVID-19, sino también su capacidad de mantenimiento de la actividad, que facilitará su más pronta recuperación tras la superación de la emergencia sanitaria y de la paralización de la economía. La prestación de trabajo a distancia ha sido la medida prioritaria frente a la cesación temporal o a la reducción de la actividad laboral. Para hacer realidad esa opción en favor del trabajo a distancia se ha recurrido a la técnica de imponer a las empresas la obligación de establecer esta modalidad de trabajo, adoptando “las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado”.
 
El cumplimiento de la obligación empresarial es exigible por razones de prevención de riesgos laborales (evitación del contagio y de responsabilidades empresariales, incluso penales) y en la verificación por las Administraciones laborales de la existencia de fuerza mayor en los expedientes de regulación de empleo temporales.
    
En teletrabajo se enfrenta a problemas de dimensión no menor. La posible afectación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, si el trabajo se presta en el propio domicilio. La necesidad de que la seguridad de los sistemas informáticos esté garantizada y su incidencia en los derechos de privacidad, y en concreto del derecho a la protección de datos de carácter personal. Pero en esta situación dramática sin precedentes ha sido una oportunidad de valor añadido para las empresas y de conservación del trabajo y de las retribuciones. Y ha de ser una modalidad normalizada y extendida en el futuro de un mundo global tecnológico.
 
 


Madrid, 31/3/2020.-

María Emilia Casas Baamonde

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Consejo Académico de Fide.




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