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Meditaciones: los derechos fundamentales en tiempos de pandemia

Reflexiones Sociedad Civil. Madrid, 17/05/2020.-


Debemos buscar no sólo la protección de la salud, sino la protección del bienestar del pueblo, es decir, pensar en el bien del conjunto social, en particular en tiempos de pandemia; pero sin que esto suponga un abandono de las garantías de los derechos fundamentales



 

En tiempos de pandemia, como los actuales que nos ha tocado vivir, suelen adoptarse por parte de las autoridades sanitarias medidas radicales para luchar contra la crisis sanitaria y proteger a la población, la salud pública; el individuo pasa a un segundo plano, y cobra importancia la colectividad, el conjunto de la sociedad.
 
Por eso, se suele hacer valer, como dice mi buen amigo Bombillar Sáenz, el viejo principio de Salus Publica suprema lex esto [1], que deriva del ciceroniano Regio imperio duo sunto, iique a praeeundo iudicando consulendo praetores iudices consules appellamino. Militae summum ius habento nemini parento. Ollis salus populi suprema lex esto, como bien explicaba el profesor Sánchez de la Torre [2]; o actualizando la famosa frase de Carville, en la exitosa campaña de Clinton en 1992, podríamos decir: ¡Es la salud, estúpido! [3].

Este principio se suele utilizar en diferentes variantes como Salus publica suprema lex est, o salus publica suprema lex esto, para dar énfasis a la expresión “salus publica” frente al de “salus populi”, lo que no deja de ser interesante; sobre todo porque en realidad quizá es más apropiado hablar de salus populi porque en el concepto latino la salud del pueblo es un concepto más amplio que el de salud pública, e incluye no sólo la salud, sino también el bienestar del pueblo.

Por eso, quizá la traducción al inglés de esta ley de Cicerón -the people’s good is the highest law- es más acertada que el sentido que usualmente atribuimos en la lengua española, pues nos permitiría, como he apuntado ya en otro sitio, buscar no sólo la protección de la salud, sino la protección del bienestar del pueblo, es decir, pensar en el bien del conjunto social, en particular en tiempos de pandemia; pero sin que esto suponga un abandono de las garantías de los  derechos fundamentales -en particular, individuales-, así como los principios de separación de poderes, Estado de Derecho y pluralismo político que definen una sociedad democrática y abierta [4].
 
Por ello es tan importante una adecuada respuesta que pondere, de forma proporcional, los derechos fundamentales en juego. Las restricciones de derechos fundamentales que se han adoptado, pueden ser necesarias para proteger la salud (art. 43 CE), pero la afectación de los derechos a la libertad personal (art. 17 CE), la libertad de circulación y residencia (art. 19 CE), libertad religiosa (art. 16 CE), o los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE), por poner algunos ejemplos, requieren de una proporcionalidad exigible no sólo respecto de las propias restricciones o limitaciones impuestas, sino también en su aplicación práctica.
 
Si bien ya he tenido la oportunidad de estudiar estas limitaciones en una obra colectiva, dirigida por mis colegas Atienza Macías y Rodríguez Ayuso, sobre Las respuestas del Derecho a la crisis de salud pública [5], me gustaría sumar aquí una nueva reflexión, en particular, sobre los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE).
 
Como sabemos, estos derechos no están sujetos a un régimen de autorización y, sin embargo, las reuniones en lugares privados se han visto restringidas y limitadas en la práctica al menos hasta la muy reciente entrada en la desescalada y la atenuación progresiva de las medidas dentro del plan de transición; y las reuniones en lugares públicos así como las manifestaciones, sujetas a una obligación constitucional de comunicación previa han sido prohibidas con carácter general por la autoridad gubernativa por “razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes” (art. 21.2 CE); si bien aquí ha sido interesante encontrarse con cierta discrepancia jurisprudencial.
 
En efecto, con motivo de la celebración del 1 de mayo, se produjeron algunas convocatorias sindicales que fueron prohibidas por las autoridades gubernativas competentes, y mientras que, por ejemplo, el TSJ de Aragón, en sentencia 151/2020, de 30 de abril, anuló y revocó la prohibición administrativa de la Subdelegación de Gobierno de Aragón de 22 de abril de 2020 por la que prohibía una manifestación sindical para el 1 de mayo que preveía una serie de medidas organizativas tales como un recorrido muy delimitado, de 12 a 13:30 horas, y limitado a la participación de 60 ciudadanos, en vehículo particular cubierto con un único ocupante cada uno; la STJ de Galicia, se había pronunciado en sentido contrario, en Sentencia 136/2020 de 28 de abril de 2020, confirmando la prohibición gubernativa de una manifestación sindical convocada para el mismo 1 de mayo, que previa la utilización de vehículo particular, si bien con la previsión de una ocupación de una persona por fila de asientos y sin limitar la participación numérica, sentencia por cierto confirmada también por el Tribunal Constitucional, cuando inadmitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por el sindicato convocante contra la sentencia judicial, en el que parece apreciar como motivos justificados de la limitación del derecho de manifestación la protección de la vida, art. 15 CE, y de la salud del art. 43 CE (Auto de la Sala Primera del TC, de  30 de abril de 2020, procedimiento de amparo 2056-2020). Esta decisión de nuestro alto tribunal constitucional ha sido objeto de cierta crítica, por la oportunidad perdida de llevar el asunto al pleno. Sin duda, hubiera sido conveniente que el legislador modulara o regulara el ejercicio del derecho de manifestación durante el estado de alarma, como se ha hecho con otros derechos fundamentales como la libertad religiosa, a efectos de seguridad jurídica.
 
El Derecho dinámico propio de la pandemia hace muy necesario el debate público, como facilita FIDE con estas Reflexiones desde la Sociedad Civil [6], así como la labor que está desarrollando el Boletín Oficial de Estado, para poder hacer un seguimiento actualizado de la normativa vigente, a través de los Códigos electrónicos COVID-19 [7] , o de los observatorios que se han creado en España, como por ejemplo el Observatorio de Derecho Público y Constitucional y COVID-19 en España lanzado por Cotino Hueso [8], el Observatorio Coronavirus y Derecho Público creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales [9], el Ágora de  la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional [10], o mi modesta aportación con una selección de publicaciones sobre el coronavirus, Coronavirus&Law [11].
 
Considero especialmente importante retener que este proceso de desescalada o transición debe estar presidido por la responsabilidad individual de los ciudadanos, y de todos como sociedad, puesto que la crisis sanitaria sigue aquí. Si bien las medidas de contención, ciertamente restrictivas de algunos derechos fundamentales, han sido necesarias para luchar contra la extensión del virus, la sociedad, igual que en un principio demandó medidas radicales para garantizar su seguridad comienza a demandar ahora el levantamiento de las medidas y más libertad para el ejercicio de los derechos que se han visto fuertemente limitados; creo que, tanto antes como ahora, las medidas deben acompasarse con las necesidades de la protección de la salud, pero con proporcionalidad, y la salida no puede hacerse sin la debida asunción de responsabilidad individual por cada uno de nosotros.
 
 


Madrid, 17/05/2020.-
 


Joaquín Sarrión Esteve

Investigador Ramón y Cajal.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).




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