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Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





¿Ofrecemos respuestas analógicas a una realidad digital? (o cómo legislar una actividad del siglo XXI con una norma de 1944), por Rafael Martínez-Cortiña.


La Comunidad de Madrid reguló la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico mediante el Decreto 79/2014, de 10 de julio, donde se describen los requisitos para poder registrar dichas viviendas. En marzo de 2016, tras más de 18 meses desde la publicación de la norma, la mayoría de emprendedores vinculados al alojamiento turístico todavía se encuentra en situación de incertidumbre jurídica, con una enorme inseguridad hacia qué trámites tienen que realizar en la Comunidad de Madrid. Las distintas interpretaciones de la norma por distintos profesionales externos (gestorías, abogados, etc) tampoco han sabido aclarar las informaciones contradictorias que surgen desde la Comunidad de Madrid.



La Comunidad de Madrid ha querido ordenar el sector, pero sin lógica empresarial y con un decreto que ha sido recurrido por la CNMC. Existe unanimidad en percibir que la normativa vigente no será duradera. Se percibe como una normativa confusa y farragosa que no cumple la función para la que fue diseñada, a pesar de que en la propia redacción del Decreto se establece que “sería poco efectivo y nada práctico dar la espalda a nuevas tendencias que, de hecho, se han impuesto de forma general en Europa y Estados Unidos, referidas al uso del alojamiento privado con fines turísticos”.

Por el elevado número de peticiones de registro de alojamientos turísticos en la Comunidad de Madrid se deduce que una gran parte de estos emprendedores desea poder funcionar en un marco legal, pero sorprendentemente estos se encuentran con que algunos de los pocos requisitos que exige por decreto la Comunidad de Madrid son de facto casi imposibles de cumplir.
  
En el  Decreto 79/2014 la barrera más significativa está basada en una norma de 1944, ya que la Comunidad de Madrid exige la obtención de la Cédula de Habitabilidad para poder registrar una vivienda turística. Sin embargo, la norma de 1944 no contempla las viviendas construidas anteriormente. Bajo su aplicación, la gran mayoría de viviendas en el centro de Madrid jamás podrían obtener una Cédula de Habitabilidad, puesto que las ventanas del dormitorio difícilmente cumplen el ratio de 1/6 del espacio total de un mínimo de 10 metros cuadrados, por ejemplo. Aún con la reforma integral de una vivienda, en el centro de Madrid muchas viviendas nunca podrían cumplir con la normativa que se le exige. Además, según la normativa de 1944, en Madrid no serían habitables los estudios, aunque paradójicamente la Comunidad de Madrid los incorpora en el decreto. No sólo eso. Para la obtención de la cédula de habitabilidad la norma establece que debe “evaluarse el sexo de sus moradores”.

Eso no acaba ahí. La unidad que otorga la concesión de las Cédulas de Habitabilidad en la Comunidad de Madrid es literalmente un trabajador en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, quien es el responsable de gestionar miles de solicitudes pendientes. Ante la avalancha, esta “unidad” se ha visto forzada a generar soluciones “personalizadas”. En algunos casos, la Comunidad de Madrid ha determinado que sólo puede usar la vivienda su propietario y que se debe solicitar una nueva Cédula de Habitabilidad por cada otra persona que desee hacer uso de la misma. En otros casos establece que lo que es permisible para un ciudadano madrileño no lo es para un turista, o todo lo contrario. En otros casos la Comunidad de Madrid ha denegado la cédula de habitabilidad pero ha concedido una parcial para poder contratar instalaciones de forma legal, certificando su habitabilidad pero no permitiendo que se registre. En otros casos, los solicitantes llevan meses de espera para que la Comunidad de Madrid termine de resolver un trámite bloqueado. El bloqueo existente en el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad implica que se tarden meses en reunir sólo uno de los requisitos necesarios para el registro de las viviendas de uso turístico. Esta actividad se venía ejerciendo libremente desde hace años bajo la LRU y con tratamiento fiscal en IRPF. Sin embargo, el esquema normativo de la Comunidad de Madrid, lejos de ser favorecedor a este tipo específico de turismo, o ha bloqueado o ha desincentivado a muchos emprendedores.
Existe la percepción de que la Comunidad de Madrid no ha legislado con la voluntad de incluir a los alojamientos turísticos dentro del esquema productivo madrileño. La misma justificación de la norma ya parece sospechosa de responder a intereses concretos, cuando genera un límite de días de pernoctación por encima de la media. Además, la estimación de la media anunciada por la Comunidad de Madrid no se ajusta a la realidad y nunca ha podido ser justificada por la misma, máxime cuando sus cifras oficiales son claramente inferiores. Ello ha generado la reacción de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que la ha recurrido por “crear obstáculos a la competencia efectiva al restringir la capacidad de elección del consumidor (eliminando del mercado a cierto tipo de operadores que no superen esos requisitos mínimos) o elevar los costes de los operadores, lo que se verá reflejado en el precio que los consumidores deberán pagar por el alojamiento”.

Las quejas no sólo invocan el espíritu cercenador de la ley a nivel empresarial, incorporando legalmente barreras de entrada (mediante la limitación de 5 días de pernoctación mínima), costes añadidos y burocracia interminable, sino también atenta contra los principios de la economía colaborativa (o “sharing economy”, bajo la cual operan los anfitriones de los alojamientos de uso turístico). Además, la Comunidad de Madrid no permite que ningún ciudadano madrileño comparta su vivienda con sus pares, dado que impide al propietario estar empadronado en la vivienda que vaya a alquilar por días, aunque realmente sea su vivienda.

Con estas restricciones y esta ley tan confusa se promueve que muchos de los anfitriones online sigan adelante de forma entre alegal e ilegal, por sentirse incapaces de cumplir una ley aun estando dispuestos a cumplirla. Resulta fácil deducir que seguramente la Comunidad de Madrid recibe pocos ingresos fiscales por esta actividad económica tan en auge y que engloba a miles de personas.

En resumen, éste es un ejemplo donde las mayores dificultades para el ordenamiento de una realidad digital proceden de un regulador cuyo entorno jurídico le obliga a seguir pensando en términos analógicos. El reto está en transformar unas normativas del siglo XX para que podamos incorporar todo el nuevo ecosistema de soluciones digitales a nuestro tejido legal, fiscal y administrativo. Y más nos vale enfocar bien lo que parece que viene porque esto no ha hecho más que empezar…

Rafael Martínez-Cortiña, CEO de Thinkeers, think tank especializado en generación de comunidades virtuales. CEO de Yottotel, red social de anfitriones y viajeros. Economista especializado en economía colaborativa.




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