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Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





Parlamentos: praxis y realidad actual


El repaso a la praxis de los parlamentos españoles en las últimas décadas de la mano de dos expertos juristas y responsables institucionales como Ignacio Astarloa y Manuel Pulido, en la sesión celebrada el Fide el pasado 16 de marzo, permite concluir que las Cámaras, por regla general, tienden a hipertrofiar sus funciones políticas y a descuidar la función legislativa.



De izquierda a derecha, Chust, Pulido y Astarloa
De izquierda a derecha, Chust, Pulido y Astarloa
La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) acogió esta sesión, moderada por Rafael Chust Calero, Director Nacional de Instituciones y Administraciones de Wolters Kluwer España. Intervinieron como ponentes Ignacio Astarloa, Letrado de las Cortes Generales, Abogado y Profesor de Derecho Parlamentario, Constitucional y Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE y Manuel Pulido, Letrado Mayor y Secretario General del Parlamento Foral de Navarra.

Los ponentes destacaron la importancia de un buen desempeño del Parlamento para la calidad y el buen funcionamiento del sistema democrático y plantean la necesidad de reformas en los reglamentos que impulsen la responsabilidad de los parlamentarios, agilicen los procedimientos e impulsen la participación social en la actividad legislativa. Mejorar la calidad de la política impedirá su desautorización.

Manuel Pulido comentó que los Parlamentos autonómicos han cumplido meridianamente bien sus funciones en los últimos treinta años, desarrollando las competencias que les otorgaban los estatutos de autonomía con medios escasos y unos reglamentos que en su mayoría reproducían los procedimientos repetitivos de las Cortes Generales. Manuel Pulido ofreció una tipología variada de las Cámaras autonómicas de acuerdo a la singular evolución de cada una y a sus circunstancias políticas: Parlamentos tostadero, Parlamentos balneario, Parlamentos levantiscos…

La aprobación de los estatutos de autonomía de segunda generación en varias comunidades ha impulsado nuevas funciones parlamentarias. Y en los últimos años, la crisis del modelo de partidos y la irrupción de fuerzas políticas emergentes han multiplicado las iniciativas de transparencia y participación: comisiones especializadas para la audiencia de los grupos sociales, procedimientos para la presentación de enmiendas por parte de los ciudadanos, páginas web para dirigir propuestas a los grupos parlamentarios, publicación de actividades e intereses de los parlamentarios, etc. Pulido constató algunos rasgos comunes con la situación política de los años 30 del siglo pasado, por la llegada a las Cámara de nuevos representantes sin experiencia, que desconocen los procedimientos y que muestran más interés en apretar al máximo el control político al gobierno que en la labor legislativa.

Cabe preguntarse si con todo ello ha mejorado la calidad de la ley y la calidad de la representación. Pulido sostuvo que los Parlamentos autonómicos van demasiado a remolque de la legislación nacional o europea; que es necesario agilizar el procedimiento parlamentario para no llegar tarde a los problemas sociales y políticos; avanzar en la programación y en la técnica legislativas; adoptar las prácticas de better regulation; y aprovechar de forma decidida las nuevas tecnologías para simplificar los trámites parlamentarios y alcanzar un funcionamiento con ‘papel cero’. La participación de los lobbies en el proceso puede complementar la labor legislativa especialmente en las grandes leyes sectoriales. Pero las exigencias de transparencia en este aspecto obligan más a las administraciones públicas que a los Parlamentos.

La relectura de los escritos de Ignacio Astarloa fechados en 1990 denota lo poco que ha mejorado el parlamentarismo español en la última generación. De las insuficiencias del modelo representativo en la toma de decisiones políticas no extrajo el ponente, sin embargo, una conclusión pesimista. Afirmó que ningún tiempo pasado fue mejor, que el modelo ideal no ha existido, y que aceptar el descrédito del parlamentarismo es un disparate. Hoy se debate sobre la cosa pública con total transparencia y control externo, aunque haya razones para la insatisfacción. Entre derribar o mantener el sistema, apuntó la opción de reformarlo.

Astarloa trasladó al Parlamento algunos de los retos que afrontan las organizaciones privadas. La necesidad de un nuevo estatuto del parlamentario dentro de su partido, como trasunto del necesario equilibrio entre el grupo y el individuo, que permita las intervenciones e iniciativas a título personal especialmente en temas territoriales. La carencia de originalidad en los temas y su repetición, como consecuencia de la globalización de la política. Una suerte de compliance que evite la inobservancia de las propias normas parlamentarias, como ha ocurrido en este comienzo de legislatura con el fraude en la formación de los grupos en las Cortes.
Mejorar la calidad legislativa exige programarla y agilizar los debates acabando con las ‘diez lecturas’ repetitivas que exige el procedimiento actual en las Cortes Generales; ampliar el alcance de la participación externa a los ciudadanos, grupos sociales y lobbies; hacer una evaluación ex post de las leyes promulgadas; y aplicar las mejores prácticas de técnica legislativa para asegurar la seguridad jurídica.

En la función de control, la gran cuestión pendiente es que la fijación del orden del día no la haga la mayoría, de forma que las minorías dispongan de recursos en las sesiones de preguntas e interpelaciones y se puedan poner en marcha comisiones de investigación. Otros problemas tienen mayor calado y trascienden a la propia institución. Así, Astarloa señaló a la pérdida del valor social de la deliberación y su sustitución por la democracia televisiva y por la democracia electrónica, que frivolizan la política convirtiéndola en un espectáculo. El desafío de la política no es irse a la magia sino preocuparse por su calidad técnica que impida desautorizarla.

La complejidad del procedimiento parlamentario para el gran público, e incluso para muchos parlamentarios, afloró como uno de los puntos comunes durante el coloquio de la sesión. El debate político en el Parlamento precisa de procedimientos más ágiles, para lo que se hace necesaria la reforma de los reglamentos. La responsabilidad de los representantes políticos se pone a prueba en ausencia de mayorías parlamentarias para formar gobierno que fuerzan al diálogo y al compromiso, como ocurre actualmente. La función del parlamentario individual puede impulsarse con cambios en los reglamentos y en las leyes electorales. Y el tratamiento por parte de los medios de comunicación de la actividad parlamentaria, y especialmente de la legislativa, puede contribuir muy poderosamente al debate y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Para ello deben superarse el lenguaje y los contenidos que predominan en los programas espectáculo de la televisión y en las conversaciones electrónicas, desestructuradas o intencionalmente estructuradas, de las redes sociales. En este panorama, la participación de profesionales, organizaciones sociales y grupos de interés o lobbies en el proceso legislativo son asignaturas todavía pendientes.
 
Resumen elaborado por Julio Fernández López, periodista, Editor del servicio de información legislativa Parlamenta.




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