Menu
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa





Problemas procesales de la cesión de créditos.


El pasado 27 de junio tuvo lugar en Fide una sesión en la que participó como ponente Jesús Sánchez García, Abogado, Miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)/CICAC y Presidente de la Sección de Procesal del ICAB.



De izquierda a derecha: Guerra, Hernández, Sánchez y Sanz
De izquierda a derecha: Guerra, Hernández, Sánchez y Sanz
Esta sesión se celebró en el marco del Foro de Derecho Procesal Civil de Fide, codirigido por Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil, Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario Judicial en excedencia y Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres. Profesor Asociado del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. 

No cabe duda que como consecuencia de la actual crisis económica, con el consiguiente incremento de la morosidad y la venta masiva de carteras de crédito por parte de algunas entidades bancarias, para sanear sus balances, ha provocado un auténtico tsunami en esta materia, debido al aumento de la litigiosidad, tanto de nuevos procedimientos judiciales, como de la reactivación de muchos de ellos que estaban archivados desde hacía años.

Como es lógico son los tribunales de instancia los primeros en detectar las patologías que esta nueva situación ha provocado en la praxis judicial diaria, siendo múltiples las resoluciones dictadas por todos los tribunales de nuestro País, acordando el archivo de procedimientos judiciales por diversas causas, como pueden ser la falta de acreditación de la legitimación del cesionario del crédito, la caducidad de la instancia, la prescripción de la acción ejercitada, el retraso desleal (Verwinrkung) y el abuso de derecho, entre otras.

La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (en adelante TS), de 31/10/2008 (Roj: STS 5693/2008), que intentó fijar doctrina jurisprudencial sobre el artículo 1535 del Código Civil, no permite dar una solución al nuevo contexto económico en el que nos encontramos.

Dos Juzgados de 1ª Instancia, concretamente el Juzgado de 1ª Instancia 11 de Vigo (Auto 11/11/2015) y el Juzgado de 1ª Instancia 38 de Barcelona, (Auto 02/02/2016), han planteado sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), por no ser conforme con el Derecho de la Unión el artículo 1535 del Código Civil (cuando afecta a consumidores) y la práctica empresarial de cesión de los créditos, sin ofrecer la posibilidad al consumidor de extinguir la deuda pagando al cesionario el precio satisfecho, intereses, gastos y costas del proceso.

Por su parte el mismo Juzgado de 1ª Instancia 38 de Barcelona (Auto 02/02/2016), ha promovido, conjuntamente, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por la posible inconstitucionalidad de los artículos 17 y 540 de la LEC, en relación al artículo 1535 del CC, por su eventual contradicción con los artículos 14, 51.1 y 53.3 de la Constitución Española.

La reforma de la LEC, operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, mejora la regulación de la sucesión procesal, estableciéndose que la ejecución podrá despacharse o continuarse a quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado. La nueva redacción matiza un punto importante, al incluir dentro del precepto que la ejecución podrá despacharse o “continuarse”.

A fin de evitar posiciones maximalistas, lo primero que debemos tener presente es que el propio TS en su sentencia de 30/04/2007 (Roj: STS 3234/2007), resolvió que conforme a los artículos 1112 y 1526 del CC, el cesionario puede reclamar el importe íntegro del crédito aunque haya pagado menos por él, sin que ello suponga un enriquecimiento injusto, ya que cualquiera que fuese el acreedor el deudor paga lo que tiene que pagar (lo adeudado) y la posibilidad de reclamar el importe íntegro del crédito y no lo que se pagó por él tiene su fundamento en la ley.

Es unánime la doctrina de la Sala 1ª del TS, resolviendo que el acreedor cedente y el acreedor cesionario son plenamente libres para concertar una cesión de crédito, al amparo de los artículos 1112 y 1526 del Código Civil y que la cesión de créditos sólo requiere el conocimiento del deudor cedido con la única finalidad de que éste no pueda liberarse pagando al acreedor cedente (por todas STS 04/02/2016 - Roj:STS 332/2016-).

Y la sentencia de la Sala 1ª del TS de 01/04/ 2015 (Roj: STS 1420/2015), analizó la aplicación del artículo 1535 del CC, cuando éste conjuntamente con otros créditos litigiosos o no, han sido objeto de un traspaso en bloque, por sucesión universal como consecuencia de una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora, que conforma una unidad económica, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones de la sociedad beneficiaria, en el  marco regulatorio del  intenso proceso de reestructuración y reforzamiento de los recursos propios del sistema financiero de este país, que se ha visto sumido en una profunda crisis, sin que en estos supuestos haya cabida para que los deudores puedan retraer las operaciones que dejaron impagadas y en situación de litigiosidad.

En materia de cesión de créditos y ejercicio del derecho de recompra del artículo 1535 del CC, es recomendable acudir a la lectura de las sentencias de la Sección 12 de la AP de Madrid, de fechas 26/06/2014 (Roj: SAP M 8069/2014) y 18/02/ 2015 (Roj: SAP M 1961/2015) y Sección 21ª de la misma Audiencia Provincial de 26/11/2014 (JUR\2014\63563).

Respecto de la legitimación activa de los préstamos hipotecarios titulizados, es ilustrativo el reciente Auto del Juzgado de 1ª Instancia 26 de Barcelona, de 7 de junio de 2016, que analiza la cesión del remate al FTH, con expresa referencia a las Conclusiones del Seminario celebrado el 08/03/2016, entre el Colegio de Registradores de la Propiedad de Cataluña y los LAJ de los Juzgados de Barcelona.

Conforme al artículo 15 de la LMH y los artículos 26,3 y 30 y 31 del RD 716/2009, de 24/04, la legitimación procesal ordinaria para la ejecución hipotecaria corresponde al Banco emisor de las participaciones hipotecarias, salvo que concurran las circunstancias que determinan la legitimación subsidiaria por subrogación del titular de la participación hipotecaria por la cuantía de su respectiva participación.

Conviene tener presente la inaplicación del derecho de recompra de un crédito litigioso del artículo 1535 del CC, respecto de las entidades financieras intervenidas por el FROB. El artículo 29, ap. 4, letra b) de la Ley 11/2015 establece que “para la transmisión de créditos que tengan la consideración de litigiosos, no  resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 1535 del Código Civil” (anteriormente artículo 36, ap 3 y 4.3 de la Ley 9/2012, de 14/11). Esa previsión de inaplicación del artículo 1535 del CC debe analizarse en el contexto de la Ley 11/2015, que regula la transmisión de activos a una entidad puente o a una sociedad de gestión de activos en los artículos 25 y siguientes y, a mi entender, solo para tales supuestos.

La jurisprudencia menor de nuestras Audiencias Provinciales, vienen admitiendo la acreditación de la sucesión procesal derivada de la cesión de créditos a fondos de inversión, mediante la póliza de elevación a público del contrato de cesión de crédito, la notificación de la cesión al deudor suscrita por cedente y cesionario, el certificado del saldo deudor y el contrato de financiación o compraventa suscrito por el deudor (así Autos  Sección 17 AP Barcelona, 21/04/2106, R/ 1024/2015 y Sección 19 AP Madrid 09/03/2016 R /92/16, entre otros muchos), aunque en esta materia es ilustrativo el Auto de la Sala 1ª del TS de 16/02/2016 (Roj: ATS 1302/2016), que admite la sucesión procesal de la entidad cesionaria con los mismos documentos comentados.

Para ejercitar el derecho de recompra al amparo del artículo 1535 del CC, es necesario tener presente que la jurisprudencia del TS ha venido resolviendo de forma constante y reiterada que la estructura del crédito litigioso presupone la existencia de una relación jurídica de naturaleza obligacional y la pendencia del cumplimiento exacto de la prestación (STS 28/02/1991 Roj: STS 13134/1991 y ATS, Sala 1ª, de 01/06/2016 –Roj ATS 4997/2016-), significando que el crédito es objeto de un litigio (STS, Sala 1ª, de 22/05/2015 –Roj 2143/2014-).

Es claro que cuando el procedimiento declarativo, con oposición del demandado, haya finalizado, no es posible acudir al derecho de recompra regulado en el artículo 1535 del Código Civil, ni tampoco cuando los créditos se hayan cedido con anterioridad a ser reclamados judicialmente (salvo en Navarra, por aplicación de la Ley 511 de la Compilación Foral de Navarra).

Ahora bien, sentado que el crédito litigioso presupone la pendencia de un litigio, se hace preciso analizar si por litigioso solo cabe hablar en un procedimiento declarativo o cabe también aplicar dicha figura jurídica a los procesos de ejecución, cuando estemos ejecutando un título no judicial y, si la previsión de la sucesión procesal contenida en el artículo 17 de la LEC es también aplicable para los procesos de ejecución, ya que no cabe duda que conforme resuelve la Sala 1ª del TS en sus Autos de 25/02/2014 (Roj ATS 1282/2014) y 20/05/2014 (Roj ATS 5083/2014), la condición de sucesor, en determinados supuestos, podría perjudicar la defensa del demandado y a mi entender, especialmente cuando cambia el régimen jurídico aplicable en la relación contractual cuando el cesionario no es una entidad financiera, ya que incluso habiendo ejercitado la sucesión puede esta ser denegada, continuando el transmitente en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre transmitente y adquirente (STS 04/09/2014 –Roj STS 3554/2014).

Habida cuenta del control de convencionalidad (arts. 10,2 y 96 de la CE) y principio de primacía del derecho comunitario (art 4, bis LOPJ), como consecuencia de la reciente doctrina jurisprudencial dictada por el TJUE (sentencias de 14/06/2014, 14/03/2013, 10/09/2014, 17/07/2014, 29/10/2015 21/04/2016 y Autos de 11/06/2015, 19/11/2015, 18/02/2016 y 17/03/2016) podemos afirmar que cabe distinguir entre el proceso declarativo y el proceso de ejecución, para que no pueda aplicarse el artículo 1535 del CC al proceso de ejecución de título no judicial?.

Aun cuando el demandado ejecutado no se haya opuesto a la demanda de ejecución de título no judicial, conforme las recientes sentencias del TS de 22/04/2015, 8/09/2015, 25/11/2015, 23/12/2015, 18/02/2016 y 03/06/2015, podemos afirmar que precluido el trámite de oposición, ya no puede convertirse el crédito en litigioso, si de acuerdo con los artículos 815, 552 y 693 de la LEC, siguiendo la jurisprudencia del TJUE citada, en cualquier momento del procedimiento y en cuanto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios, puede el juez apreciar la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios o incluso, intereses remuneratorios, a través del control de transparencia (STS 25/03/2015, 08/09/2015 y 03/06/2015) y, por lo tanto no ser determinada, líquida, vencida y exigible la cantidad reclamada?.

El propio Tribunal Constitucional en sus sentencias 39/2015, 208/2015 y 49/2016, ha resuelto que los óbices procesales, incluso en un proceso de ejecución hipotecaria, se canalicen por el trámite del artículo 559 de la LEC, máxime cuando el propio TS en sus sentencias de 24/11/2014 y 28/11/2014, ha declarado los efectos de cosa juzgada material del artículo 222 LEC, cuando pudiendo alegar el demandado un óbice procesal a la ejecución hipotecaria, de acuerdo con el artículo 559 LEC, dejó precluir el trámite acudiendo posteriormente a un proceso declarativo.




L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      












Semblanzas Fide

Síguenos en redes sociales
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube Channel
Rss