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Responsabilidades civiles en los accidentes laborales. Orden jurisdiccional competente y la determinación de la cuantía del daño. Última jurisprudencia de la Sala IV del TS


Foro Gestión de Riesgos: Resumen de la sesión del 11 de junio de 2018.




Ponente: José Manuel López García de la Serrana, Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo  
ModeradorGonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados. Miembro del Consejo Académico de FIDE. 
  
Dirección del Foro Gestión de Riesgos:  
  • Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados
  • Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

La existencia de una clara deuda de seguridad del empresario hacia las personas que dependen del mismo, así como los conflictos que se derivan de los accidentes de trabajo, plantean actualmente multitud de dilemas en la práctica jurídica.

Por ello, la sesión organizada por FIDE el pasado día 11 de junio, tuvo por objeto el estudio de las responsabilidades civiles en los accidentes laborales. Principalmente, se abordó la cuestión del orden jurisdiccional competente y la determinación de la cuantía del daño, y se hizo alusión a la reciente jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo.

José Manuel López García de la Serrana, se refirió en su intervención a los distintos tipos de responsabilidades que pueden surgir como consecuencia de un accidente de trabajo:
  • Responsabilidad penal.
  • Responsabilidad administrativa.
  • Responsabilidad en materia de Seguridad Social.
  • Responsabilidad civil.
Se abordó en la sesión, la posibilidad de aseguramiento del recargo de prestaciones de la seguridad social. Hoy en día el recargo no se considera asegurable, constando la prohibición de aseguramiento en el artículo 164.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, “LGSS”). En opinión de José Manuel López García de la Serrana, se debería modificar el régimen de aseguramiento del recargo.

En términos generales, el recargo se regula en el artículo 164 de la LGSS, concretamente el primer punto del precepto dispone que:
 
“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.”
 
En síntesis, el recargo permite tratar de manera diferente a quien no observa las medidas de seguridad requeridas. Para el Magistrado, el recargo requiere la infracción de una norma de seguridad concreta. Si ha existido culpa, se deriva una obligación de abonar una indemnización de responsabilidad civil, en aras de reparar los daños ocasionados por el accidente. Pero, ¿qué daños se deben restaurar?: los que no han sido cubiertos por las prestaciones de la Seguridad Social. Por lo expuesto, se puede concretar que si existe una Sentencia firme que condene al empresario a pagar el recargo de prestaciones, la indemnización viene de suyo.
 
En esta línea, Gonzalo Iturmendi Morales, comentó que el recargo de prestaciones produce efectos de cosa juzgada, a pesar de lo revelado en ciertas sentencias.

En relación con la culpa, la Sala IV del Tribunal Supremo ha venido advirtiendo un concepto distinto al concepto de culpa que posee la Sala I de lo Civil. En esta línea, Sentencias como la STS de 30/06/2010, favorecieron al cambio en la legislación social. En este sentido, según el artículo art. 1104  del Código Civil es necesario probar que ha concurrido diligencia en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al empresario. Esto es, el empresario tiene que probar que ha observado todas las medidas que razonablemente se podían tomar. De esta forma, no existe una inversión de la carga de la prueba, si no que es la propia ley la que impone dicha obligación de probar. A esta regla general le sigue una excepción, contemplada en el artículo 1105 del Código Civil, el cual se refiere a los supuestos en que tiene lugar un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Por su parte, la STS de 30/06/2010, advierte que el empresario queda liberado en cuando converge un caso fortuito, pero el Magistrado manifiesta que se debe distinguir entre caso fortuito interno, esto es, el que opera en el ámbito propio de la actividad empresarial, y el caso fortuito externo, el cual opera fuera del ámbito de la actividad de la empresa. No obstante, la Sala I del Tribunal Supremo considera que no se puede apreciar el caso fortuito cuando el hecho sucede dentro del círculo controlado por el obligado. Como ejemplo, encontramos las STS de 03/03/1999 y de 04/04/2000.

Durante la sesión se planteó también la cuestión de la competencia del orden jurisdiccional social. El ámbito de aplicación de la jurisdicción social se regula en el artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Por su parte, el artículo 3 de la referida Ley, concreta las materias excluidas de este ámbito.

En relación con el baremo indemnizatorio, el Magistrado indicó que éste debe cumplir dos fines específicos:
  • La reparación de la totalidad del daño
  • La reparación sin enriquecimiento del lesionado.
El Tribunal Constitucional estable que el baremo otorga seguridad jurídica, pues proporciona un trato igual a supuestos semejantes, así como acelera los pleitos, facilita las conciliaciones y, además, cuando se trata de daños morales, otorga una cierta homogeneidad.
Por ello, los Letrados deben explicar y argumentar el baremo pretendido, como también los criterios aplicables en la demanda.  Así, resulta de gran importancia la motivación del baremo en las demandas ante la jurisdicción social. El baremo ha sufrido alteraciones debido a la promulgación de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, siendo de obligado cumplimiento para los accidentes de circulación.

Actualmente los actores cometen errores al aplicar el baremo en torno a un 50 o 60 por ciento. Además del baremo ordinario de accidentes de circulación (Ley 35/2015 en vigor desde enero 2016), existen otros referentes a considerar de cara a la reparación del daño personal:
  • El que se desprende de las indemnizaciones concedidas a los lesionados del atentado madrileño del 11/03/2004, también conocido coloquialmente como el “baremo “Bermúdez”.
Matiza el Ponente que este baremo tuvo un tinte puramente punitivo, pues debe ser el terrorista quien pagase a las víctimas, pero debido a la insolvencia de éste, será el Estado quien indemnice. Finalmente, mediante la Sentencia del 11-m se concedieron 900.000 a los familiares de las víctimas mortales del atentado.
  • El baremo de seguro obligatorio de viajeros que en realidad es un seguro obligatorio de accidentes para viajeros.
Gonzalo Iturmendi, comentó que la conocida “Sentencia Bermúdez” es, a nivel cuantitativo, (concedió más de 350 millones de euros, aproximadamente), lo que supuso un importe semejante a todas las Sentencias que había hasta aquella fecha en materia de indemnización por terrorismo.

En cuanto a la relación de la indemnización con el recargo de prestaciones, se puso de manifiesto que hoy en día el recargo no es compensable, pues no cabe dentro del monto total y siempre ha quedado determinado que no resulta compensable con la indemnización reconocida.

Por último, la exposición del Magistrado de la Sala IV del Alto Tribunal, hizo referencia a la posibilidad de originar responsabilidad solidaria dentro del mismo centro, aunque el trabajador no esté ejerciendo la actividad propia de la empresa principal.

Tras las intervenciones del Moderador y del Ponente, se abrió un interesante turno de debate, en el que se abordaron diversas cuestiones vinculadas a tres grandes temas.

Por un lado, se abordó la gestión empresarial de la Prevención de Riesgos Laborales. El  Magistrado comentó que una de las actividades principales de las empresas actualmente consiste en vigilar que no se produzcan accidentes y que las empresas de prevención de riesgos son actualmente auxiliares de la contratación.  

Por otro lado, se ha discutido sobre la prejudicialidad penal en los procedimientos de imposición del recargo de prestaciones de la Seguridad Social. Los Letrados asistentes aluden que en la práctica los jueces no suspenden el procedimiento de recargo de prestaciones y consideran que no hay litispendencia. Sin embargo, José Manuel López García de la Serrana se mostró partidario de suspender el procedimiento de la jurisdicción social, en tanto en cuanto finalice el procedimiento penal.

En tercer lugar, se ha polemizado el valor que otorgan los jueces al procedimiento administrativo sancionador, previo al procedimiento judicial, en la mayoría de los supuestos, entre el 50 al 60% de los casos, condenan al empresario a pagar el recargo.

Se puso de manifiesto que en la práctica no se anulan las resoluciones del INSS por falta de motivación de las reclamaciones administrativas previas, a lo que el Ponente ha añadido que se trata de un déficit de la administración.

La sesión concluyó con la intervención de Gonzalo Iturmendi Morales, como Moderador de la misma, quien comentó que el daño punitivo es excepcionalísimo. De este modo, la prohibición de asegurar el recargo de prestaciones permanece vigente, aunque en la misma línea que el Magistrado, considera que el régimen deben alterarse, tal y como ha estimado el Consejo de Estado.

 

 




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