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Se necesitan más medios para la justicia, pero no en todo, por Juan S. Mora-Sanguinetti.


“Se necesitan más medios, pero no de forma indiscriminada”. Así se titulaba una entrevista que realizó el diario El Mundo a Santos Pastor en 2008 (2) y en la que Santos desgranó algunos de los problemas que tenía la administración de justicia en España, tanto de presupuesto como de estructura. En concreto, afirmaba que convenía centrar la inversión en formar más jueces, dotarlos de más colaboradores e impulsar los medios informáticos. Señalaba también que la estructura organizativa del sistema judicial era decimonónica y que un problema esencial de la justicia española era su gran dilación a la hora de resolver litigios. Esto último, argumentaba, tenía efectos macroeconómicos generales para la economía y también efectos negativos en algunos mercados concretos, como el inmobiliario.



Se necesitan más medios para la justicia, pero no en todo, por Juan S. Mora-Sanguinetti.
Han pasado alrededor de 8 años desde aquella entrevista. En este tiempo, que por desgracia Santos no ha podido disfrutar, ha habido oportunidad de generar más datos, tanto para España como para otros países de nuestro entorno, así como “macro-proyectos” de análisis del sistema judicial español (en comparación con otras economías), como el de la OCDE o la CEPEJ. Todo ello nos permite dar una lectura nueva a la entrevista a Santos y a generar nuevas conclusiones. ¿Qué nos dicen, por tanto, los nuevos resultados? ¿Se confirman los grandes problemas que puso Santos Pastor sobre la mesa en 2008? Para bien y para mal, las conclusiones de los estudios actuales nos dicen que sí.

Empezando por el final… Hoy día es todavía más claro, si cabe, que el funcionamiento de la justicia es un “problema” económico de primer orden y que tiene impactos tanto macroeconómicos como en mercados concretos, afectando a la competitividad de la economía española. Lo que avanzaba Santos sobre los impactos negativos de la lentitud de la justicia en el mercado inmobiliario, en concreto la debilidad del mercado de alquiler, se confirma hoy claramente con datos y bien cabe arrepentirse de ello, tras los efectos de la burbuja inmobiliaria. Visto con un ejemplo práctico: Madrid ganaría cerca de 11000 viviendas en alquiler y Barcelona unas 8000 con tan solo acercar la eficacia de sus juzgados civiles a los del País Vasco (que muestran un mejor rendimiento que los del resto de España) (3). Hoy día hay ya también resultados establecidos sobre los impactos específicos de la lentitud de la justicia española sobre los mercados de crédito o el emprendimiento de los españoles, entre otras materias. 

La eficacia de nuestro sistema judicial tiene parcialmente que ver con los medios de los que dispone y en esto también tenía razón Santos Pastor. No parece que la solución a la falta de eficacia del sistema pase por invertir indiscriminadamente en él, sino en concentrarse en algunos aspectos concretos. La gran lectura de los presupuestos de justicia de los países de la OCDE realizado por la OCDE en 2013 (4) apunta a que los “mejores” sistemas judiciales no son los que más gastan (en términos relativos) sino aquellos que poseen una mejor estructura de gasto. Todos los países gastan la mayor parte de su presupuesto de justicia en salarios, pero, proporcionalmente, los que dedican menos dinero a salarios y más a informatización, tienen jueces más productivos y sus litigios duran menos. En ello tiene que ver, claro está, que también la población del país domine o no la utilización de nuevas tecnologías.

España está hoy día todavía está en el furgón de cola en cuanto a la disponibilidad de nuevas tecnologías en sus juzgados y tribunales. Si contamos entre estas nuevas tecnologías medios tan dispares (pero interrelacionados) como los registros electrónicos, las páginas web judiciales o medios de videoconferencia, España obtendría un magro resultado de 2’77 puntos de 6 en la calificación de la OCDE (2013), frente a vecinos brillantes, como Portugal, con un resultado de 5’96 (véase el gráfico 1). Si bien cabe hablar de esfuerzos recientes esta materia, la gran conclusión es que hay trabajo (e inversión) por hacer en el largo plazo.
 
Gráfico 1: Implementación de tecnologías de información y comunicación en los tribunales (jurisdicción civil).   

Fuente: Juan S. Mora-Sanguinetti (2013). “El funcionamiento del sistema judicial: nueva evidencia comparada”. Boletín Económico-Banco de España 11. 57-67.
 
¿Para qué hacen falta las nuevas tecnologías? Además de para mejorar de la interrelación entre la administración de justicia y los ciudadanos y sus abogados, tienen un gran valor “interno”: por un lado, facilitan la recopilación de información estadística de funcionamiento del sistema judicial (elemento en el que hay que reconocer que España lleva una gran delantera respecto de otros países), lo cual se relaciona tanto con la productividad de los jueces como con la reducción de la duración de los procedimientos. Por otro, permiten identificar tempranamente los casos potencialmente más largos y problemáticos, mejorando la gestión. Este último elemento también parece estar relacionado con menores duraciones de los procedimientos, como se puede observar en el gráfico 2.
 
 Gráfico 2: Relación entre implementación de técnicas de gestión de la carga de trabajo (identificación temprana de litigios largos o problemáticos) y la duración de los procedimientos judiciales civiles

Fuente: véase gráfico 1.
 
En paralelo, los resultados de la OCDE también apuntan a que los países que ponen a disposición de sus jueces un mayor número de asistentes, de perfil investigador (precisamente como decía Santos Pastor), pero también de buenos gestores y redactores tienen procedimientos judiciales que duran menos.

Por último, a nivel de gestión general de los juzgados, Santos Pastor señalaba que nuestro modelo tenía más visos de estructura decimonónica que de siglo veintiuno. En este debate también cabe apuntar a algunas nuevas conclusiones de los estudios actuales. En primer lugar, recordemos que los juzgados y tribunales aúnan funciones de “adjudicación” (sentencias judiciales y otras decisiones) y otras propiamente de “gestión” (normalmente al servicio de las primeras). Estas últimas se podrían agrupar en tres grandes categorías: organización y supervisión de los jueces o magistrados, organización, supervisión y nombramiento de oficiales (no judiciales) y de otro personal administrativo y, por último, la administración del presupuesto. Si hiciéramos dos grupos de países (de forma muy simplificada) en que en uno recayeran en un juez “jefe” (es decir, alguien con perfil judicial y no administrativo) las labores de “gestión” y otro grupo de países en que esas labores recayeran en un órgano u oficina administrativa separada, sería el primer grupo de países el que tendría un sistema judicial más eficaz (tal vez porque ambas funciones están, en realidad, muy conectadas). Pues bien, España se encontraría en el segundo grupo, en el que los jueces o magistrados responsables de la “adjudicación” no tienen tanta capacidad de “gestión” administrativa, lo cual no sería bueno.

Hay muchos factores que no se han discutido en este artículo (de hecho uno tan importante como la litigiosidad en nuestro país), pero, en general cabe responder que Santos apuntó ya en 2008 a una buena parte de los problemas que vivimos hoy día y que, en resumen, tenía razón al afirmar que hacen falta más medios, pero “con cabeza”.
 

Juan Mora-Sanguinetti, Economista Titulado del Departamento Coyuntura y Previsión Económica del Banco de España y Miembro del Consejo Académico de Fide.



(1) Las opiniones y conclusiones recogidas en este texto representan las ideas del autor, con las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.
(2) Diario El Mundo (26/10/2008): "Se necesitan más medios pero no de forma indiscriminada". http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cinde/pastordocs/entrevistas/Entrevista_en_El_Mundo_26_octubre_de_2008.pdf
(3) Mora-Sanguinetti, J. S. (2012). “Is judicial inefficacy increasing the weight of the house property market in Spain? Evidence at the local level”. SERIEs, Journal of the Spanish Economic Association 3 (3). 339-365.
(4) Palumbo, G., Giupponi, G., Nunziata, L. and J. S. Mora-Sanguinetti (2013). “Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective”. OECD Economic Policy Paper No.5



 





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