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Sobre la seguridad jurídica y las actividades esenciales en el estado de alarma

Reflexiones Sociedad Civil. Madrid, 2/4/2020.-


Desde el 14 de marzo, el día en que se publica el RD 463/2020 declarando el estado de alarma, se han sucedido numerosos actos normativos de la más variada jerarquía y procedencia.



La actual situación de nuestra sociedad, especialmente como consecuencia de la pandemia del Covid-19, arrastra enormes dosis de incertidumbre sobre su futuro. En una época en que nos creímos todopoderosos, capaces de enfrentar desde la globalización cualquier reto, la desinformación, la incertidumbre y el desasosiego campa a sus anchas por las redes sociales, ese hilo poderoso que nos mantiene en contacto con el exterior desde el obligado confinamiento.
 
El uso masivo de internet ha creado el momento más propicio para la eclosión de las fake news, de los reenvíos masivos de pseudo noticias o de ideas sin contrastar, que son fruto comprensible de la rabia, de la impotencia o del miedo, o que obedecen al intento de obtener un beneficio criminal.
 
Tal vez en algún caso respondan estas noticias falsas a un afán injustificable de ventajismo político que debiera aparcarse para remar todos en la misma dirección y salir cuanto antes del horror y la tragedia de esta pandemia. Toca ahora adoptar medidas eficaces, las más eficaces que se conozcan, tanto en el ámbito sanitario, en donde todos los esfuerzos serán pocos, como en el ámbito económico y en la propia convivencia social.
 
El Gobierno ha decretado el estado de alarma y ha acordado la medida de confinamiento de la población, exigiendo que todos permanezcamos en casa, y limitando sucesivamente las actividades esenciales que han de mantenerse en funcionamiento. Este encierro forzoso de todos los ciudadanos, sean trabajadores por cuenta ajena, empresarios, autónomos, desempleados, pensionistas, demandantes de empleo, estudiantes… debe explicarse y, sobre todo, debe regularse adecuadamente. La explicación, con la amplia información diaria de la evaluación de la pandemia, puede considerarse suficiente; la regulación está siendo, sin embargo, muy deficiente.
 
La regulación del estado de alarma y, sobre todo, la concreción de las limitaciones o restricciones de las libertades ciudadanas y las medidas públicas para hacer frente a la situación en los diferentes ámbitos afectados, sea en materia de seguridad ciudadana, económica, laboral o de transportes, ha de ser, por encima de todo, clara y segura.
La Constitución garantiza la seguridad jurídica (art. 9.3) que es sin duda uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Por eso, los ciudadanos han de saber con toda certeza hasta dónde llegan los límites del poder y cómo se establecen las relaciones con los demás. La seguridad jurídica es un firme baluarte de las conductas individuales, que permite a los individuos afirmarse en el ejercicio de las libertades fundamentales pero es, al propio tiempo, un freno esencial frente a la arbitrariedad.
 
La seguridad jurídica no impone un tributo a una técnica legislativa depurada, ni es un ejercicio de virtuosismo de los juristas, sino que atiende a la configuración de los derechos y a su ejercicio, marcando el campo de actuación en normas dirigidas precisamente a los ciudadanos; la seguridad jurídica nos dice a cada uno, eliminando o reduciendo el margen de error, y con el ámbito de interpretación lo más ajustado posible, lo que se puede hacer y lo que el derecho prohíbe.
 
Desde el 14 de marzo, el día en que se publica el RD 463/2020 declarando el estado de alarma, se han sucedido numerosos actos normativos de la más variada jerarquía y procedencia. El BOE se ha visto inundado de leyes (decretos-leyes), órdenes, resoluciones, instrucciones, etc., que se han ido insertando desde los despachos gubernamentales con falta de rigor y de criterio.
 
Debemos ser conscientes de que la realidad de la pandemia es cambiante y de que se deben tomar medidas saliendo al paso de acontecimientos nuevos, que vengan a modificar la situación contemplada. Pero no resiste un análisis mínimamente serio y ponderado lo que ha sucedido en esta quincena con las normas publicadas en el BOE (el 30 de marzo se publica una Orden de Sanidad por la que se establecen criterios interpretativos para la aplicación del RD-ley 10/2020, publicado el día anterior).
 
El domingo, a altas horas de la noche, se publicó el RD-ley 10/2020, habiéndose filtrado con anterioridad un texto de diferente contenido, que debía aplicarse el mismo día de su publicación, el 29 de marzo, en el que se tuvieron que introducir a última hora dos disposiciones transitorias que demoraban un día su vigencia, porque se mandaba cortar de raíz unas horas después toda la actividad que no fuera esencial.
 
En esta disposición se enumeran en un Anexo estas actividades, pero no se hace de forma directa y clara, sino a través de un rocambolesco sistema: el RD-ley se refiere a un permiso retribuido a los trabajadores de actividades no esenciales cuyo cese se ordena y luego viene a enumerar las actividades que se mantienen, disponiendo que a esos trabajadores no se les aplica el permiso retribuido.
 
En el Gobierno se han confundido los planos. Lo relevante es definir las actividades esenciales: lo que se puede hacer y lo que ha de cesar del todo porque así lo imponen las circunstancias de la pandemia y lo decide el Gobierno, que cada uno sepa a qué atenerse. Aunque sin duda es de vital importancia saber cómo y quién hace frente al descalabro económico del parón de la actividad productiva, es necesario deslindar los campos. Los ciudadanos tienen derecho a saber si su actividad se considera esencial o no, de modo que el empresario y el autónomo entiendan con toda certidumbre que pueden abrir las puertas de su establecimiento o tienen que cerrar su negocio a cal y canto y quedarse en su casa; y el trabajador por cuenta ajena sepa con entera seguridad que tiene que acudir a su puesto de trabajo o que tiene que quedarse en casa.
 
Y es evidente que a la ciudadanía no se le han trasladado unos criterios claros y se le ha proporcionado la certeza necesaria para desarrollar su vida ordinaria.
 
De esta manera no se atiende a la garantía de la seguridad jurídica que es un elemento capital de nuestro sistema político, lo que debe preocuparnos porque sin duda alguna nos encontramos ante una restricción de libertades, cuanto menos de la libertad de circulación y de la libertad de movimientos, que están reconocidas en los arts. 17 y 19 de la Constitución, y que por una imposición del Gobierno quedan suspendidas y no se pueden ejercer por ninguna persona. Hay que quedarse en casa.

No se discute la razonabilidad de las medidas acordadas, sino la improvisación y la falta de información cumplida y comprensible, por más que algunos ministros y otros responsables políticos consuman horas en las pantallas de nuestros televisores.
 
Los RD-leyes que se han ido publicando en estos días son buena muestra de eso; el día antes del RD 463/2020, el 13 de marzo, se publicó el RD-ley 7/2020, adoptando medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19; cinco días después, se publica el RD-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que es una disposición con un preámbulo de más de once páginas y por la que, entre otras cosas, se modifica el art. 16 del RD-ley 7/2020; diez días después, el 28 de marzo, se publica el RD-ley 9/2020, adoptando medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19, que es una disposición no muy extensa, pero que modifica una vez más el art. 16 del RD-ley 7/2020 y además cuatro extremos importantes del RD-ley 8/2020.
 
Se puede entender que las medidas tengan que adoptar escalonadamente, a medida que la crisis sanitaria avanza o se modifica su incidencia, pero no se comprenden algunos bandazos legislativos, que no responden a factores externos que exijan reaccionar de manera distinta, sino a un simple cambio de criterio interno, lo que es difícil de justificar porque se tendría que leer en clave de ignorancia, por no conocer la complejidad de los mecanismos administrativos o de inmadurez, dudas, o discusiones no cerradas sobre la medida.
 
La enorme amplificación que encuentra en los medios la información que viene del Gobierno, por el evidente interés de los ciudadanos, no ha conseguido despejar muchas dudas sobre las actividades que son esenciales y se pueden seguir desempeñando. Es preciso terminar con la incertidumbre, porque la falta de seguridad de los gobernantes genera una gran inseguridad en los gobernados.
 
 


Madrid, 2/4/2020.-

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal.

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