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Trabajando desde casa


Tenemos que hacer lo posible por mantener la mayor normalidad posible en nuestra actividad profesional, tratando de reducir el impacto de la situación y contribuyendo a que la economía continúe funcionando.



El COVID-19 tiene efectos muy importantes sobre las personas y las familias que deben ser destacados por encima de cualquier otra consideración. Ya hay familias que han perdido a alguno de sus seres queridos y otras que viven la desazón de tener alguno de sus miembros afectado, para ellas todo nuestro cariño y nuestra solidaridad.
 
Sin duda, la batalla crucial se está librando en estos momentos en los hospitales y centros de asistencia sanitaria y, no en menor medida, en las residencias donde convive un mayor número de personas mayores, donde tristemente se están registrando un alto número de fallecimientos. Desde aquí mi reconocimiento y solidaridad con todo el personal sanitario y con las personas que, en circunstancias muy difíciles, están dando una vez más lo mejor de sí mismas.
 
Al margen de esos efectos, que son, sin duda, los más importantes, la situación actual genera efectos económicos que pueden ser muy relevantes y a los que el Gobierno ha tratado de dar respuesta con la reciente aprobación del Real Decreto-ley 8/2020.
 
También el Banco Central Europeo está adoptando medidas que tratan de evitar el riesgo de fragmentación financiera teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de lo ocurrido en la crisis anterior.
 
Analizadas en su conjunto, y a pesar de alguna duda inicial, creo que tanto nuestro Gobierno como el Banco Central Europeo han estado a la altura de las circunstancias y que las medidas adoptadas son adecuadas, tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo. Ahora se trataría de que su implementación efectiva se produzca con la mayor agilidad posible para evitar que los efectos más graves de la situación para las personas, las familias y las empresas puedan llegar a producirse de modo que estemos seguros de que, cuando pase la emergencia sanitaria, podamos tener una recuperación económica lo suficientemente robusta.
 
¿Qué debemos hacer las personas corrientes en este contexto? Yo resumiría nuestras obligaciones en algo tan sencillo como ser buenos ciudadanos y, por extensión, buenos vecinos, buenos padres, buenos jefes…. Y sobre todo, tratar de no molestar y de no agravar la situación.
 
Tenemos que cumplir las instrucciones de las autoridades sobre el confinamiento, quedándonos en casa tanto para tratar de frenar el ritmo de contagio de la enfermedad, protegiendo a las personas más vulnerables, como para no distraer al personal integrado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tiene cosas mucho más importantes que atender en estos momentos.
 
En segundo término, tenemos que hacer lo posible por mantener la mayor normalidad posible en nuestra actividad profesional, tratando de reducir el impacto de la situación y contribuyendo a que la economía continúe funcionando.
 
En este sentido, los esfuerzos y las inversiones que las compañías vienen realizando desde hace años están demostrando su utilidad y la digitalización y la capacidad de teletrabajar de forma eficaz son un hecho. Hoy en día son muchos los proyectos que continúan desarrollándose con relativa normalidad y ello constituye una de las pocas buenas noticias que podemos encontrar.
 
La situación puede prolongarse aún durante algunas semanas y tenemos que estar preparados desde todos los puntos de vista, tratando de mantener el ánimo, por nuestro bien y por el de todas las personas que dependen de nosotros, y contribuir a que las cosas mejoren y no a lo contrario.
 
Todos debemos realizar el mayor esfuerzo para ser parte de la solución y no convertirnos, desde ningún punto de vista, en parte del problema. Este es nuestro deber fundamental.


Madrid, 19/3/2020.-

Francisco Uría

Socio Principal de KPMG Abogados y Socio responsable del sector financiero a nivel de EMEA en KPMG. Posee una amplia experiencia en regulación financiera, específicamente en materias relacionadas con el sector bancario, mercado de capitales y asegurador. También es un reconocido especialista en derecho de la competencia, campo en el que ha realizado varias publicaciones. Es Abogado del Estado excedente, habiendo ocupado, entre otros destinos, la Secretaría de Estado de Economía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Abogacía General del Estado. Ha ocupado puestos como Secretario General Técnico del Ministerio de Fomento (1999-2000), Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda (2000-2002), Subsecretario de Hacienda (2002-2004), Vicesecretario General y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Banca (AEB) (2004–2010). También ha sido Presidente del Comité Jurídico de la AEB, Presidente del Comité Fiscal de la AEB, miembro del Comité Jurídico de la Federación Bancaria Europea y miembro del Comité Fiscal de la Federación Bancaria Europea (2005- 2010). Ha sido consejero, entre otras, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de AENA y del (extinto) GIF. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Consejo Académico de FIDE.




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