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Transformando la educación jurídica a partir de la COVID-19

DE LA CRISIS A LA TRANSFORMACIÓN: La industria legal en el 2020 - Una visión de Iberoamérica


El COVID-19 ha afectado profundamente los ciclos formativos de las escuelas de derecho. Aunque uno de los principales objetivos de las escuelas ha sido cumplir con el programa académico, debe generarse un espacio para tratar la situación que se vive.



Al cancelar las clases presenciales en marzo de 2020 por motivo de la pandemia, se pensó que el gran reto de las escuelas de derecho era impartir temporalmente los cursos por videoconferencia, para así cumplir con su programa académico de la mejor manera posible. En principio esto no debería ser un problema, pues la tecnología ya estaba presente en la formación jurídica. De hecho, de los 2 498 programas de licenciatura en derecho que se ofrecen en México, el 38 por ciento se imparte normalmente utilizando plataformas tecnológicas en modalidad semiescolarizada, abierta o a distancia.[1] Incluso muchas de las universidades que tienen programas de licenciatura en modalidad escolarizada también ofrecen la misma licenciatura en alguna variante no presencial.
 
Sin embargo, al prolongarse el confinamiento y por lo tanto la educación virtual, otros problemas comenzaron a surgir. Algunos de estos son nuevos, producto de los grandes cambios que estamos viviendo tanto en el ámbito educativo, como en el profesional, económico, social y personal. Otros problemas ya estaban presentes en la educación jurídica, pero los cambios repentinos a partir de la pandemia los hicieron evidentes o los acentuaron.
 
En el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD) organizamos diversos encuentros para identificar estos problemas, reflexionar sobre sus causas y desarrollar algunas recomendaciones para las escuelas de derecho. ¿Cómo podemos pasar de un plan reactivo, a corto plazo, de control de daños, a una estrategia de planeación, acción y transformación, de corto, mediano y largo plazo?
 
Las siguientes recomendaciones son producto de estas reflexiones colectivas.[2] Consideramos que son aspectos que las escuelas de derecho deben tomar en cuenta al diseñar un nuevo plan de desarrollo, enfocado a la nueva realidad en la que se ubicarán y a la que deberán responder, tanto en la educación jurídica como el ejercicio profesional del derecho.
 

  1. Pensar a largo plazo.
 
Todavía no sabemos cuál será la duración y magnitud de la contingencia, pero es probable que las medidas de distanciamiento físico continúen o sean intermitentes durante un largo periodo. Se requiere que las universidades definan estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitan comunicar en el momento adecuado planes de acción para toda la comunidad y directrices para trasladar fácilmente todas sus actividades del campus físico a la educación remota.
 
  1. Ser sensibles a las necesidades de toda la comunidad.
 
Transitar a la educación remota es un gran reto para quienes integran la comunidad académica. Pasar de impartir y recibir clases presenciales a un formato en línea implica un proceso de adaptación para estudiantes y docentes. Tener paciencia y entender que esto es algo nuevo para todos es un elemento fundamental para navegar mejor esta situación.
 
  1. Poner en el centro de las decisiones al bienestar físico y emocional.
 
La pandemia hace que todos nos sintamos más vulnerables física y emocionalmente. No podemos ignorar o subestimar el estrés y ansiedad que genera el confinamiento y el riesgo de contagio. Por lo anterior, si bien debemos hacer un esfuerzo por seguir con nuestras actividades, lo más importante es el bienestar. En cualquier tensión entre productividad y bienestar, debe privar el bienestar del estudiantado, profesorado, personal directivo y administrativo.
 
  1. Considerar que permanecer en casa no significa tener más tiempo libre.
 
Para muchas personas el confinamiento implica trabajar mucho más que de costumbre. Las tareas de cuidado (cocinar, limpiar, atender a niñas, niños y personas adultas mayores) se juntan con las obligaciones estudiantiles o laborales. Esta carga desproporcionada afecta la productividad de las personas, especialmente de aquellas que comúnmente asumen tareas de cuidado. Es importante entender esto y no asumir que estar en casa implica poder dedicar más tiempo a los estudios.
 
  1. Utilizar mecanismos de evaluación sensibles al impacto diferenciado.
 
Enseñar y aprender a distancia impone retos nuevos. No todas las personas pueden confrontarlos en igualdad de condiciones. Existen brechas digitales —hay quienes no cuentan con un buen internet o una buena computadora—, algunas veces no hay espacios físicos dentro de las viviendas donde se pueda estudiar de manera tranquila, el acceso a materiales educativos con qué estudiar es desigual y algunas personas pueden encontrar difícil acostumbrarse al aprendizaje en línea. En razón a lo anterior, las evaluaciones tanto a estudiantes como a docentes deberían ser sensibles a esto para evitar resultados injustos.
 
  1. Adecuar las políticas y protocolos de protección a la integridad de la comunidad universitaria.
 
La educación en línea implica una interacción normalmente no contemplada por los protocolos y políticas de protección que beneficia a la comunidad universitaria y que toma como base la convivencia social de forma física en las instalaciones. Por ende, es necesario adecuar estos mecanismos a las circunstancias actuales. Algunas recomendaciones son:
 
  • Privilegiar las vías institucionales para comunicarse con el alumnado (plataformas y correo electrónico). Evitar interacciones por WhatsApp, grupos de Facebook u otros canales que puedan resultar invasivos a la privacidad de las personas.
  • Habilitar un canal de comunicación permanente para toda la comunidad universitaria a fin de que sus integrantes puedan expresar libremente cualquier situación de acoso o ciberbullying.
  • Evitar que la liga de acceso a las clases mediante videoconferencia sea pública, especialmente cuando se utilicen plataformas abiertas, como Zoom o Meet.
  • Hacer voluntario el encendido de la cámara durante las clases. Si bien su uso puede favorecer una interacción más cálida y “cercana”, o incentivar la participación del alumnado, hacerlo obligatorio puede vulnerar la intimidad de aquellas personas que por distintas razones no se sienten cómodas haciéndolo.
  • Establecer reglas claras sobre las capturas de pantalla y su posterior difusión. La enseñanza remota aumenta el riesgo de que estas se usen para ridiculizar a las personas (ej. memes o stickers) y para usar su imagen sin su autorización.
  • Definir las reglas para que el personal directivo y pedagógico supervise y evalúe el desarrollo de las clases en línea. El objetivo es garantizar la calidad de los cursos sin afectar la libertad de cátedra y el libre intercambio de ideas propio de un aula universitaria.
 
  1. Considerar las ventajas de la enseñanza asincrónica.
 
Fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje asincrónico. Esto permite acceso continuo a la información y facilita continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando la conexión de internet no es adecuada o cuando las responsabilidades del profesorado y el estudiantado son variadas por motivos del confinamiento.
 
  1. Fortalecer y facilitar el trabajo autónomo.
 
El distanciamiento forzado por la pandemia promoverá el aprendizaje autónomo. Esto implica que el profesorado entrega mayor control al alumnado sobre cuándo, dónde y cómo se involucra con el proceso de aprendizaje, sin olvidar que esto supone inducción guiada al contenido, procesos de seguimiento del desempeño y asignación de tareas que requieren de indicaciones puntuales y expectativas de desempeño claras y pertinentes. Se recomienda que se trabaje primero la comprensión de conceptos previo a la sesión —puede ser a través de lecturas, videos o notas periodísticas—, después se aclaren dudas en la sesión virtual y, finalmente, se solicite una actividad de análisis o reflexión.
 
  1. Acompañar de forma cercana y continua al personal docente.
 
Las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad de proveer al personal docente las herramientas y la capacitación en el uso de tecnologías necesarias para impartir cursos a distancia y no suponer que es algo que conoce y para lo que ya está preparado. Las deficiencias que puede haber en la educación a distancia pueden estar basadas más en una falta de preparación adecuada del personal docente para esos entornos, que en una incapacidad de impartir adecuadamente un curso a distancia. La capacitación y el acompañamiento deben estar presentes durante todo el ciclo académico y no solo al inicio de este.
 
  1. Invertir en la capacitación tecnológica del alumnado.
 
Las escuelas y el personal docente no deben asumir que el alumnado cuenta con los conocimientos y habilidades tecnológicas solo por ser más jóvenes o por tener una constante interacción con internet y aparatos tecnológicos. Al igual que con el profesorado, la capacitación y el acompañamiento deben estar presentes durante todo el ciclo académico y deben ajustarse al contexto y a los distintos niveles de dominio del estudiantado.
 
  1. Mantener una comunicación abierta y constante.
 
Parte importante para el cuidado del bienestar personal en momentos de crisis es la aceptación de los cambios y nuevas realidades. En este sentido, las escuelas de derecho deben realizar una tarea de comunicación de sus planes de acción y de los beneficios de la virtualidad del proceso de enseñanza. Esto fomenta la aceptación de la transición de modelos educativos, tanto por el profesorado como del estudiantado. Sin embargo, es muy importante que las nuevas medidas no sean asumidas sin un diálogo previo. La discusión conjunta (alumnado-profesorado-directivos) de la transición del modelo presencial al modelo remoto permitirá entender las limitantes y oportunidades que se presentan desde cada uno de los roles, así como encontrar soluciones sostenibles y priorizar.
 
  1. Incluir a la COVID-19 en las materias.
 
Aunque uno de los principales objetivos de las escuelas ha sido cumplir con el programa académico, debe generarse un espacio para tratar la situación que se vive. Asimismo, según la materia que se aborde, se sugiere discutir con el alumnado cómo la emergencia sanitaria afecta al derecho y su ejercicio y cómo estos dos deben de contribuir para mejorar la situación.
 
[1] CEEAD, Infografía sobre las Escuelas de Derecho en México, Ciclo Académico 2019-2020, disponible en www.ceead.org.mx.
[2] En la reflexión y redacción participaron las investigadoras y los investigadores del CEEAD, especialmente Sergio Anzola, Siania Cobos, Ana Luna, Sofía Flores, Eduardo Román, Rosalba González y el autor.

 



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