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BLOG DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA Y LA FUNDACIÓN GARRIGUES





Resumen de la sesión de 11 de abril de 2019. DIÁLOGOS CIENCIA Y DERECHO.


Pedro García Barreno, Raquel Ballesteros, Agustín Portela Moreira y Margarita del Val Latorre
Pedro García Barreno, Raquel Ballesteros, Agustín Portela Moreira y Margarita del Val Latorre
La sesión sobre la “Problemática de los movimientos antivacunas e incidencia en la salud pública”, celebrada en Fide el pasado 11 de abril, tuvo como primera ponente a Margarita del Val Latorre, quien comenzó su intervención recordando el dicho popular según el cual “Más vale prevenir que curar”. Esa es precisamente la función de las vacunas indicó, prevenir infecciones, que se pueden contraer a partir de agentes infecciosos y dañinos y que se transmiten por la respiración, la comida, por vía sexual, por heridas, por el contacto con enfermos y también con personas sanas que son portadoras. El sistema inmunológico es el encargado de controlar estas infecciones, pero si falla puede llegar a producirse la muerte. Las vacunas son un medicamento que tiene componentes de un microbio y que estimulan al sistema inmunitario, por lo que son eficaces frente a las enfermedades infecciosas y las previenen, no las curan, evitando los síntomas leves, los síntomas graves, la muerte, y, en el caso de las mejores vacunas, el contagio y la diseminación del microbio, proporcionando inmunidad colectiva.
 
¿Cómo funciona el sistema inmunitario? ¿Por qué para protegernos es suficiente con exponernos sólo una vez a algunas enfermedades infecciosas? Cuando nuestro organismo se enfrenta a un agente extraño, si éste es patógeno, genera la enfermedad, que en casos graves puede tener secuelas y producir incluso el fallecimiento. Por su parte, las vacunas son inocuas o tienen pocos efectos adversos, pero producen una reacción del sistema inmunitario, y si la exposición al microbio (o a sus componentes presentes en las vacunas) es repetida, se refuerza dicho sistema inmunitario. Nuestros linfocitos aprenden de cada exposición a agentes externos y recuerdan lo que se han encontrado antes. Los linfocitos de memoria reaccionan más rápido y generan anticuerpos de más alta afinidad y calidad. En la primera exposición al agente patógeno, se produce una reacción inmune, que permite que la segunda vez los linfocitos de memoria actúen y no se den los síntomas. Por eso sólo pasamos una vez la enfermedad. La memoria inmunológica es, por tanto, la base de las vacunas.
 
A continuación, Margarita se refirió a la inmunidad individual (por interés propio), y a la inmunidad colectiva (por responsabilidad y solidaridad), y subrayó que si la mayoría de la sociedad está vacunada, se protege a los vulnerables. Estos, los no vacunados, son los bebés de menos de 1 año, los niños hasta 5 años, así como los niños y los adultos con un sistema inmunitario inmaduro, deficiente o que están en tratamientos que atenúan su respuesta inmunitaria. En este sentido, los no vacunados son los que más necesitan la inmunidad colectiva.

La vacuna es un logro de salud pública, y como ejemplo mencionó la de la viruela, gracias a la cual esta enfermedad se erradicó en todo el mundo en 1979 (el último caso en España se dio en 1961). Por su parte, la erradicación de la poliomielitis se prevé en un futuro próximo, y la del sarampión en un futuro deseable, si bien en los países con menos recursos aún produce la mortalidad de 1 de cada 10 niños infectados, y 1 de cada 7 no reciben la vacuna en el mundo.

Existe una tendencia en Europa a vacunar cada vez menos. En este contexto, España es una excepción. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido entre las 10 cuestiones de salud que abordará en 2019, en octavo lugar, la renuencia a la vacunación, entendida como la reticencia o negativa a vacunarse a pesar de la disponibilidad de vacunas. En su análisis, la OMS identifica las siguientes razones por las que las personas deciden no vacunar(se): complacencia (no ven riesgo de enfermedades); inconvenientes para acceder a las vacunas; falta de confianza en las autoridades sanitarias; supuestas alternativas; y el cuestionamiento de la eficacia y la seguridad de las vacunas. En España, los padres que no vacunan a sus hijos lo hacen por diversos motivos: los antivacunas, convencidos de que las vacunas no funcionan (minoritarios); los inseguros o indecisos; algunos despistados (viajeros); o los aislados sociales que no inician o no completan las vacunaciones (mayoritarios). Respecto de la postura de los antivacunas, durante la sesión se insistió en que no se puede permitir que en España predomine la falsa percepción de que las vacunas causan más daño del que previenen, dado que, una vez instalada esa percepción, a pesar de ser falsa, es muy difícil de contrarrestar.

Sobre la cuestión de cómo favorecer la vacunación, señaló la necesidad de dar información personalizada tanto a los padres como a los jóvenes de 18 años.  Y finalmente, desde una perspectiva legal apuntó algunas cuestiones como la definición de quiénes son o deberían ser los sujetos de potenciales acciones legales (¿los padres que no vacunan? ¿los creadores de opinión? ¿los vendedores de falsas alternativas y remedios?) o la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria.

Agustín Portela Moreira, comenzó su intervención refiriéndose a dos de los argumentos más utilizados para rechazar las vacunas: la falta de confianza en las autoridades sanitarias y el cuestionamiento de la seguridad de las vacunas.

Sobre el primer argumento, señaló que son tres los actores principales en la elaboración de vacunas: el laboratorio, las agencias regulatorias (la española y la de la Unión Europea) y la compañía farmacéutica. Las Agencias regulatorias (en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios –AEMPS-, encargada de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios desde su investigación hasta su utilización) realizan una evaluación del riesgo-beneficio de cada vacuna, y solo si el beneficio es mayor que el riesgo se aprueba su salida el mercado. El expediente de registro de una vacuna (que consta de 20.000-30.000 páginas) se resume en una ficha técnica de 20-30 páginas, que tiene las mismas características en toda la Unión Europea.
 
En cuanto a la seguridad de las vacunas, destacó que este es un aspecto primordial de aquellas. En este sentido, las vacunas se administran a personas sanas para prevenir una enfermedad. Se usan mayoritariamente en los niños, que constituyen una población muy sensible, conforme a un calendario vacunal enmarcado en los programas nacionales de salud pública, con una difusión masiva. En cuanto a los efectos adversos de las vacunas, resaltó que se están cuestionando vacunas con efectos adversos importantes en 1 de cada 100.000 vacunados, frente a los tratamientos oncológicos, en los que dichos efectos adversos se aceptan en 1 de cada 10 pacientes.

Agustín advirtió del impacto que generan algunas noticias y titulares que asocian el uso de vacunas con la aparición de enfermedades autoinmunes (“Una vacuna dejó tetrapléjico a mi hijo”). En este sentido, apuntó a la importancia de buscar la plausibilidad biológica de los efectos producidos (¿asociación temporal o causal?), cuyo desarrollo en los casos adversos se sigue y se analiza desde las administraciones públicas sanitarias. También se refirió a la retirada a nivel mundial del Rotashield en 1999 por relacionarse con la aparición de obstrucciones intestinales (invaginación) en 1 de cada 10.000 vacunados.

Existe cooperación a nivel mundial en materia de vacunación, por ejemplo en cuanto a intercambio de datos. Por ello, frente al argumento de la falta de confianza en las autoridades sanitarias, cabe señalar que, no tiene ningún sentido que todas las autoridades sanitarias del mundo oculten información de seguridad, ni que lo hagan en beneficio de las compañías farmacéuticas.

El perfil riesgo-beneficio de las vacunas pediátricas es claramente positivo, y tienen un perfil de seguridad excelente, pero no existe el riesgo cero. La ficha técnica de aquellas se puede consultar en  la web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la aplicación CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS). En relación con la compensación de los efectos adversos de las vacunas, explicó que en Estados Unidos se creó en 1986 un “Programa de compensación de daños causados por vacunas” para evitar las demandas judiciales por efectos adversos. En el mismo, los daños causados por vacunas están tabulados, y entre los años 2006 y 2016, en relación con las 3.100.000.000 dosis administradas en EEUU solo se produjeron 3.749 compensaciones.

La problemática actual consiste en que en muchos países desarrollados y con programas de vacunación gratuitos, crece el número de personas que no quieren vacunar a sus hijos, lo que tiene un fuerte impacto en la salud pública. Así, no vacunar puede producir daños, no solo de forma individual (caso del niño de Olot que falleció por difteria en 2015), sino también a la comunidad, dado que las vacunas no son cien por cien efectivas y hay personas que no se pueden vacunar por restricción médica o a las que la vacuna no ha protegido. A continuación, el ponente se refirió a la inmunidad de grupo generada por las vacunas y se planteó dónde está el equilibrio entre la libertad individual y el beneficio para la comunidad.

En cuanto a la situación en España, apuntó que la vacunación no es obligatoria, y de momento hay buenas coberturas de vacunación. Entre los no vacunados, muchos lo son por motivos sociales (grupos marginales e inmigrantes). En todo caso, insistió en que es necesario aumentar la información sobre los beneficios de las vacunas y crear grupos especializados para hablar y convencer a los padres que no vacunan a sus hijos. Desde un punto de vista legal, indicó que la vacunación es obligatoria para ingresar en las escuelas infantiles públicas de algunas Comunidades Autónomas (Galicia, Castilla y León y Extremadura). Asimismo, en 2000 y 2002 se fallaron dos sentencias en Cataluña y La Rioja que avalaban la negativa de dos guarderías de no aceptar niños no vacunados. Y finalmente mencionó una sentencia recaída en 2010 en Granada en la que un juez obligó a vacunar a 35 personas frente al sarampión en el contexto de un brote.

Por lo que se refiere a nuestro entorno internacional más cercano, Francia e Italia han impuesto la obligatoriedad de la vacunación por las bajas coberturas. En Estados Unidos existen normas que exigen que los niños estén vacunados para asistir al colegio y para la educación universitaria, si bien hay algunas exenciones médicas o de otro tipo (por ejemplo, religiosas). En general, la vacunación está en discusión, tanto en publicaciones como en foros de debate. Por último, mencionó que se están planteando cuestiones como la posibilidad de exigir daños a personas no vacunadas sin justificación y que causen daños a otras personas por una infección prevenible; que los adolescentes se puedan vacunar sin permiso de los padres; si caben actuaciones legales contra asociaciones o personas antivacunas; y si tendría sentido recompensar con dinero cada vez que se vacune a un niño.

Raquel Ballesteros, abordó el tema de la vacunación desde el punto de vista legal y desde dos perspectivas diferentes: la de las Administraciones Públicas Sanitarias, por una parte, y por otra parte, la de los pacientes. Respecto de las primeras, señaló que los poderes públicos tienen, en primer lugar, la obligación de vacunar. Lo anterior se desprende del objetivo legalmente asignado al sistema sanitario y a las Administraciones Públicas Sanitarias de prevenir enfermedades. En segundo lugar, los poderes públicos pueden ser declarados responsables por no vacunar. En este sentido, la ponente citó tres sentencias en las que se condenó a autoridades sanitarias autonómicas (SAP Huelva, 03/06/1999: hepatitis; STJ Madrid, 15/10/2009: meningitis; STS 25/06/2010: meningitis) y un supuesto que finalizó con la absolución (STSJ Cataluña, 02/02/2010: antineumocócica).
 
Desde la perspectiva de los pacientes, indicó que, como regla general, estos tienen libertad para vacunarse. Este principio ha evolucionado desde 1944, cuando las vacunas de la difteria y la viruela eran obligatorias en España, y actualmente el consentimiento del paciente se aplica también en el ámbito de las vacunas. Sin embargo, excepcionalmente la vacunación puede ser obligatoria. Así, la normativa prevé supuestos de crisis sanitarias tales como las epidemias y situaciones en que vacunar se considere necesario por existir un riesgo de carácter transmisible, entre otros.
 
En esta línea, también cabe la responsabilidad de los pacientes por no vacunarse. De este modo, el contagio podría constituir un delito de lesiones doloso o imprudente; también puede acarrear responsabilidad civil, e incluso responsabilidad administrativa (la Ley de Salud Pública de Castilla La Mancha prevé multas). Para finalizar, la ponente citó algunas sentencias en este sentido relacionadas con la inadmisión de un niño o bebé no vacunado en una escuela (STSJ de Cataluña, 28/03/2000), en una guardería (STSJ La Rioja, 02/04/2002) y en una escuela cuna (SJCA 16 Barcelona, 08/12/2018).
 
Tras las intervenciones iniciales de los ponentes, se abrió el debate a todos los asistentes.





Lunes, 27 de Mayo 2019 | Comentarios

Fide y la Fundación Garrigues presentan las recomendaciones del Grupo de Trabajo ADN: el valor de las pruebas forenses y de los límites de su uso


El uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses, a estudio
Madrid, 19 de marzo de 2019.- La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)  y la Fundación Garrigues presentaron hoy en Madrid el documento: “Recomendaciones para el uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses”.
 
Intervino al inicio del acto Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, quien presentó el Grupo de Trabajo, constituido por ambas Fundaciones, y destacó la rigurosa labor de análisis y reflexión realizada. El trabajo de este grupo se enmarca dentro de los trabajos de análisis e investigación que realiza la Comisión Ciencia y Derecho*.
 
El objetivo primordial con el que se convocó este Grupo de Trabajo, desde la sociedad civil, fue elaborar una serie de recomendaciones para el uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses, planteando el valor de las pruebas forenses y el límite de su uso. Para ello, el grupo se reunió en enero y junio de 2018, en dos intensas sesiones de trabajo.

El documento presentado reúne las principales conclusiones adoptadas por el Grupo de Trabajo. Entre ellas, destacan cuestiones como que se estima proporcional el uso del ADN forense para fines de identificación en casos penales y que se aconseja el desarrollo de estándares de buenas prácticas en la gestión de las bases de datos de ADN. Se plantea, además, la necesidad de que profesionales del mundo del derecho, y en especial jueces y fiscales, sean instruidos para un correcto entendimiento del concepto de cociente de verosimilitud. El documento también aborda la posibilidad de detectar en la escena del crimen perfiles de ADN de personas que no han tenido nada que ver con el delito, cuestión que debe ser tenida en cuenta en la valoración de la prueba. En este sentido, se considera exigible el desarrollo de bases de datos de eliminación de los perfiles de ADN de todos aquellos profesionales implicados en la toma de muestras y en cualquier paso de la investigación. Respecto a las nuevas técnicas de secuenciación masiva y los nuevos marcadores de ADN que aportan información biométrica sobre la apariencia física, se recomienda una reforma legal en muchos países europeos, incluido España. Por último, se recomienda dotar a la genética forense de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para poder llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con la Administración de justicia.
 
El Grupo de Trabajo ha sido dirigido por: Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina Legal, Instituto de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de Compostela; Antonio Alonso Alonso, Facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Vocal y Secretario de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN y Lourdes Prieto; Investigadora colaboradora, Instituto de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de Compostela, quienes intervinieron en la sesión presentando las recomendaciones propuestas por el grupo y aportando información sobre las cuestiones planteadas en el debate.


Tras un análisis detallado de cada uno de estos 7 grandes temas, el grupo propone 8 recomendaciones:
 
  1. ADN y ciencias forenses:
1ª Recomendación: La tecnología de ADN forense es completamente válida y eficaz, pero la información que se deriva del análisis no es absolutamente neutral en términos de información relacionada con la salud o condiciones del individuo.
 
Habría que desterrar de la legislación y de la doctrina la idea errónea de que el ADN no codificante no es informativo en términos de información adicional a la meramente identificativa en algunos casos (trisomías, ligamiento de variantes a enfermedades, etc).
 
En todo caso, se estima proporcional el uso a los fines de identificación en casos penales, del ADN forense, aunque pudiera proporcionar cierta información sensible del sujeto.
 
  1. Los perfiles STRs y las bases de datos de ADN:
2ª Recomendación: El creciente intercambio internacional de perfiles de ADN entre países con diversas legislaciones, así como la expansión en el número de regiones de ADN analizables en el futuro, hace aconsejable el desarrollo de estándares de buenas prácticas en la gestión de las bases de datos de ADN forense que aseguren: el derecho a la protección de la información genética y a las medidas de seguridad y acceso de acuerdo con la normativa europea de protección de datos, los derechos de cancelación de perfiles de ADN de inocentes, absoluciones y situaciones similares (Sentencia Marper del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y reciente sentencia  también del TEDH en contra de la base de datos de ADN Francesa con tiempos fijos de cancelación de 40 años), se salvaguarde el derecho de apelación, se minimice el potencial de riesgo “racial” o étnico y se realice una gestión transparente de las bases de datos de ADN con publicación de memorias públicas.
 
  1. Los cocientes de verosimilitud:
3ª Recomendación: El uso de cocientes de verosimilitud se ha convertido en el estándar de valoración de la prueba de ADN y está admitido por todos los laboratorios y los tribunales, ya que permite interpretar de forma equilibrada (y neutral) la probabilidad de encontrar un perfil genético (completo o parcial, individual o mezclado) bajo las distintas hipótesis que puedan plantearse en el proceso judicial (por la fiscalía/acusación y la defensa, fundamentalmente). Su uso en la interpretación de otras pruebas y análisis forenses es también aconsejable.
 
4ª Recomendación: La comprensión del concepto de cociente de verosimilitud e integración del valor de la prueba de ADN con otras pruebas no es intuitiva y exige un aprendizaje y entrenamiento. Los peritos forenses deben de ser entrenados en su correcto cálculo y comunicación y, por otra parte, los profesionales del mundo del derecho y en especial jueces y fiscales, así como los investigadores policiales, deben de ser instruidos en su correcto entendimiento, en evitar sesgos en la interpretación (como las conocidas como falacia del fiscal y de la defensa, o la confusión entre la tasa de error de la prueba y el LR) y en la correcta integración del valor de la prueba genética con otras pruebas que no pueden ser cuantificadas de forma tan exacta.
 
  1. El ADN de fondo y las transferencias primarias y secundarias de ADN:
5ª Recomendación: La prueba del ADN nos indica con una alta probabilidad la procedencia individual del indicio, pero en general no nos dice nada de cómo o cuándo llegó el indicio a la escena del crimen. La posibilidad de detectar en la escena del crimen perfiles de ADN de personas que no han tenido nada que ver con el delito (“ADN de fondo”), debe tenerse en cuenta en la valoración de la prueba en especial en aquellos perfiles de ADN obtenidos de indicios biológicos que puedan transferirse fácilmente (por contacto, aerosoles…) o cuya naturaleza celular no haya podido establecerse en el análisis forense. En otras palabras, la identificación mediante ADN en estos casos no tiene por qué ser un signo de culpabilidad. La valoración de la prueba del ADN debe de realizarse, por lo tanto, en el contexto del caso y en relación con el conjunto de otras pruebas forenses si las hubiere. Así mismo, cuando las personas investigadas han tenido acceso previo a la escena del delito, se debe de valorar la posibilidad de que la presencia de su perfil de ADN en la escena del crimen pueda explicarse por una transferencia “inocente”.
 
  1. La contaminación de ADN:
6ª Recomendación: Las medidas para monitorizar la contaminación de ADN en los laboratorios de genética forense cobran especial importancia al comprobarse que es prácticamente imposible reducir a cero la probabilidad de contaminación de ADN en un laboratorio forense. Entre estas medidas es exigible el desarrollo de bases de datos de eliminación lo más extensas posibles, es decir que no solo contengan los perfiles de los peritos de ADN de los laboratorios, sino también los perfiles de ADN de todos aquellos profesionales implicados en la toma de muestras y en cualquier paso de la investigación. Así mismo los laboratorios deben de ser conscientes de esta posibilidad y en caso de producirse, averiguar sus causas y aplicar las medidas correctivas pertinentes. Asimismo los laboratorios deben de tratar de establecer cuál es su tasa de contaminación de ADN anual.
 
 
 
  1. La implementación de las nuevas técnicas de secuenciación masiva y los nuevos marcadores de ADN:
7ª Recomendación: La aplicación de la nueva tecnología de secuenciación masiva y los nuevos marcadores de ADN, muchos de ellos localizados en genes, que aportan información biométrica sobre nuestra apariencia, requerirá una reforma en el sistema de muchos países europeos incluido España cuya normativa está basada expresamente en el estudio de regiones repetitivas de ADN (STR) no codificantes.
 
  1. La investigación en ciencias forenses:
8ª Recomendación: Se recomienda dotar a la medicina forense, y a la genética forense en particular, de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para poder llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con la Administración de justicia.
 
Estas recomendaciones son fruto de las aportaciones e intervenciones de todos los participantes en el Grupo, que, si bien lógicamente no representan la opinión unánime del grupo, sí reflejan las cuestiones en las que se ha centrado el debate y la reflexión colectiva.

El uso correcto del análisis de ADN con finalidades forenses, a estudio
Han participado en este trabajo de reflexión y debate colectivo: José Andradas Herranz, Funcionario Facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, Administrador Base de Datos ADN; Jesús Agudo Ordoñez, Director, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid; Amaya Arnaiz Serrano, Profesora titular Interina, Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora, Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación; Gemma Barroso Villareal, Comisaria de Policía Nacional, Jefa de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica; María Jesús Buitrago de Benito, Médico Forense Asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; Rosario Cospedal García, Directora General, GENOMICA S.A.U., Grupo Pharma Mar; Jesús de la Morena Olías, Director, Fundación Garrigues; Antonio del Moral García, Magistrado, Tribunal Supremo; Juan Manuel Fernández Martinez, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; José Miguel García Sagredo, Académico de Número, Real Academia Nacional de Medicina. Profesor Honorífico, Universidad de Alcalá de Henares; Amaya Gorostiza Langa, Gerente, Laboratorio de Identificación Genética GENOMICA S.A.U., Grupo Pharma Mar; Eusebio López Reyes, Inspector de Policía Nacional, responsable de la Base de Datos de ADN de la Comisaría General de Policía Científica; José Juan Lucena Molina, Coronel de la Guardia Civil. Director, Escuela de Especialización de la Guardia Civil; Víctor Moreno Catena, Director Del IAMJL. Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Presidente, UEAP; Mª Dolores Moreno Raymundo, Médico Forense asesor en el Ministerio de Justicia; Jaime Moreno Verdejo, Fiscal de Sala, Tribunal Supremo; Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal y Abogado y Ágata María Sanz Hermida, Profesora titular de Derecho Procesal, Universidad de Castilla la Mancha.

(*) La Comisión ciencia y Derecho , constituida por la Fundación Fide y la Fundación Garrigues, está dirigida por Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, y Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y Catedrático emérito de la Universidad Complutense. La integran un conjunto de profesionales que desarrollan su labor en distintas áreas y disciplinas jurídicas, económicas y científicas, con el objetivo compartido de proporcionar una plataforma institucionalizada que promueva y favorezca el diálogo y el entendimiento entre el mundo jurídico y el conjunto de disciplinas científicas.
La Comisión persigue también el objetivo de consolidar un nexo de permanente comunicación entre los dos ámbitos de manera que se establezca una fluida corriente que permita la incorporación legislativa en las mejores condiciones de los avances científicos y tecnológicos que presiden la nueva era del conocimiento.
 
Otros documentos de recomendaciones y propuestas elaborados en el marco de los trabajos de la comisión:
Propuesta de reforma de la regulación española sobre inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada





Jueves, 21 de Marzo 2019 | Comentarios

Los Premios Nacionales de Investigación, suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Su objetivo es distinguir el mérito de aquellos investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad.


Ramón López de Mantaras
Ramón López de Mantaras
Nos complace compartir esta noticia sobre uno de los miembros de nuestro Consejo AcadémicoRamón López de Mantaras,  Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Fundador y Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Ramón recibió el pasado 5 de diciembre, el Premio Nacional ‘Julio Rey Pastor’ de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
 
El jurado le ha otorgado el Premio de manera unánime “por ser pionero en la investigación en una amplia gama de áreas de Inteligencia Artificial, especialmente el reconocimiento de patrones y el razonamiento basado en casos, lo que lleva a aplicaciones novedosas en el diseño, diagnóstico y música, y por su amplio liderazgo internacional y servicio para la comunidad en Inteligencia Artificial”. Es el primer científico en el campo de la Inteligencia Artificial en haber recibido premios muy relevantes de las tres principales asociaciones internacionales específicas de esta área y, según el jurado, “se puede afirmar que ha creado escuela en España en el campo de la Inteligencia Artificial y ha situado a nuestro país en el mapa internacional de dicho sector”.
 
Al conocer la concesión del premio, el investigador López de Mántaras ha señalado: “Haber recibido este reconocimiento en un momento en que la Inteligencia Artificial es una tema del que todo el mundo habla es sin duda importante, no solamente para mí personalmente sino sobre todo para mi instituto, el IIIA. Tanto la Comunidad Europea como España están preparando estrategias en Inteligencia Artificial  y espero que sean muy ambiciosas, ya que está en juego el futuro de nuestras economías”. También quiero enfatizar que sin el esfuerzo de mis estudiantes y colaboradores pasados y presentes, tanto del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial como de otros países, en particular de EEUU, Francia, Alemania, Australia y Brasil, nunca habría obtenido este premio. Personalmente hace tiempo que digo que los premios científicos deberían darse sobre todo a colectivos de personas. La ciencia moderna no se hace por personas aisladas, el trabajo colaborativo es absolutamente crucial para progresar. Los premios individuales deberían reservarse para científicos en las etapas iniciales de sus carreras ya que ello daría un impulso muy importante a sus carreras”. “Por otra parte, después de varios años sin convocarse estos premios (el último Premio Nacional de Investigación Rey Pastor se concedió en 2011) la verdad es que pensé que habría una larga lista de excelentes candidatos con más méritos que yo, por lo que no tenía grandes expectativas. Finalmente, cuando vi los nombres de los cinco premiados tengo que decir que inmediatamente me vino a la cabeza que no había ninguna mujer”.


Accede a la noticia en estos links:




Lunes, 10 de Diciembre 2018 | Comentarios

Fide y la Fundación Garrigues analizaron el pasado 1 de octubre, en sus "Diálogos Ciencia y Derecho", las bases, compartidas unas y distantes otras, de la neurofisiología y la Inteligencia Artificial.


Foto tomada durante la sesión
Foto tomada durante la sesión
La sesión tuvo lugar en la sede de Fide. Contamos con la moderación de Pedro García Barreno, Doctor en Medicina. Catedrático emérito de la Universidad Complutense. Miembro del Consejo Académico de Fide. La ponencia estuvo compartida entre Francisco Rubia Vila, Catedrático emérito de las Universidades Complutense y Ludwig Maximillian de Munich y Ramón López de Mantaras, Profesor de Investigación de la CSIC y Fundador y Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Miembro del Consejo Académico de FIDE.

Abrió la sesión Antonio Garrigues, Presidente de la Fundación Garrigues, quién resaltó el impacto bidireccional entre la ciencia y la técnica y el derecho: Neurociencia y Ley, Robótica y Ley, Big data y Ley… Remachó la necesidad del abordaje a los problemas mediante la convergencia de saberes; también la ineludible obligación de reformar un currículo formativo en educación primaria y secundaria que apunta en dirección opuesta.

El Prof. Francisco Rubia Vila se esforzó en presentar una panorámica general y básica de la estructura y función del sistema nervioso, haciendo hincapié en aquellas cuestiones solapantes con la Inteligencia Artificial (IA). Inició su intervención refiriéndose a la estricta vinculación de la presencia de un sistema nervioso a la movilidad del organismo. Aquellos que permanecen anclados desde su inicio carecen de tal sistema, y otros que inicialmente buscan sustento en el que vivir, desarrollan un sistema nervioso rudimentario que desaparece tras su establecimiento definitivo. 

Tras una explicación anatómica del cerebro y refiriéndose a su libro “El Cerebro Nos Engaña” (Editorial: Temas de Hoy, Madrid, 2000) el Prof. Rubia concluye con el problema mente-cerebro. Conocemos la estructura y el resultado funcional, pero existe un “gap” entre ambos. Se refiere al nematodo Caenorhabditis elegans; tiene 302 neuronas, se conocen todas y cada una de sus conexiones, pero se desconoce la ”esencia” del funcionamiento de un sistema nervioso tan simple. El reto es desentrañar cómo emerge la consciencia de ese sistema  hipercomplejo que es el cerebro.

A continuación, el Prof. Ramón López de Mántaras Badia inició su intervención sobre inteligencia artificial (IA), con las preguntas: ¿Es posible construir máquinas inteligentes? ¿Es el cerebro una máquina? Tal es el comienzo de la «Introducción» de su reciente libro “Inteligencia artificial” - publicado en colaboración con Pedro Meseguer, en la colección ¿Qué sabemos de?, editada por el CSIC-Catarata, Madrid 2017 – y que sirvió de guion a lo largo de su intervención. En la Introducción puede leerse: Estas dos preguntas han sido la obsesión de grandes pensadores durante siglos. Pero con el  desarrollo de la inteligencia artificial, ambas cuestiones se han acercado e incluso se han unificado pues utilizan los mismos conceptos, técnicas y experimentos en los intentos de diseñar máquinas inteligentes y en investigar la naturaleza de la mente. El objetivo último de la inteligencia artificial —lograr que una máquina tenga una inteligencia de tipo general similar a la humana— es de los más ambiciosos que se ha planteado la ciencia. 

Accede al resumen más detallado en formato PDF en este enlace.
Presentación Ramón López de Mantaras
Presentación Francisco José Rubia Vila


 




Lunes, 29 de Octubre 2018 | Comentarios

El Grupo de Trabajo creado por Fide y la Fundación Garrigues propone esta reforma para dar solución a situaciones concretas creadas. El respeto al interés superior del menor es el eje sobre el que se estructura la propuesta.


Inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada
La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) y la Fundación Garrigues, presentaron este mediodía en la sede de Fide, la Propuesta de reforma de la regulación española sobre inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada, elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Gestación Subrogada creado por ambas fundaciones. 
  
Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide, presentó el Grupo de trabajo y destacó la labor de análisis y reflexión realizada y a continuación Iván Heredia Cervantes, Profesor Titular de Derecho internacional privado de la UAM, abordó las claves del nuevo artículo 101, que el Grupo propone incorporar, en la Ley del Registro Civil 2011. 
  
El objetivo de la reforma normativa se limita a la regulación de este tipo de situaciones; es decir, a la eficacia en España de relaciones de filiación derivadas del recurso a la gestación subrogada que hayan sido constituidas previamente en el extranjero por las autoridades locales y, más en concreto, a su eficacia registral en nuestro país. El respeto al interés superior del menor, tal y como éste aparece definido en los instrumentos europeos y convencionales en vigor en España, es el eje sobre el que se estructura la propuesta de incorporación del siguiente artículo: 

Artículo 101. Gestación subrogada. 
  
“En el caso de la inscripción de títulos extranjeros que acrediten una relación de filiación constituida en el extranjero mediante gestación subrogada, la apreciación de la eventual contradicción con el orden público español deberá tener en cuenta necesariamente el respeto al interés superior del menor, tal y como éste aparece definido en los instrumentos europeos y convencionales en vigor en España”. 
  
Iván Heredia, destacó en su intervención, que tras la finalización de las sesiones del Grupo de Trabajo y durante la elaboración del presente documento, se produjo una nueva ampliación de la vacatio legis de la LRC 2011, lo que supone que dicha Ley no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2020. Ante esta eventualidad, y con el objetivo de no demorar hasta tal fecha la aplicación de la norma propuesta, se sugirieron dos alternativas: 
 
a) Adelantar la entrada en vigor del nuevo artículo 101 LRC 2011, al igual que se ha hecho con otras normas específicas de dicha Ley.
b) Integrar la norma propuesta en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, y, en concreto, en el seno del Capítulo VI del Título V en el que se regula la inscripción de títulos extranjeros en los registros públicos españoles. El precepto se podría alojar en un nuevo artículo 62 de la citada Ley.
 
El grupo hizo referencia a los tres motivos principales que llevaron a proponer una reforma de naturaleza tan limitada: 
  • De un lado, y al margen de aquellos casos en los que se ha acudido a la jurisdicción laboral para obtener algún tipo de prestación o ver reconocido algún derecho, son precisamente estos supuestos los únicos que hasta la fecha han tenido que resolver nuestras autoridades como consecuencia de la solicitud de inscripción en el Registro Civil español de un título acreditativo de dicha filiación, fundamentalmente, resoluciones judiciales o certificaciones registrales extranjeras. Por el contrario, las autoridades españolas no han tenido que enfrentarse aún a situaciones en las que los padres comitentes o intencionales ejercitasen ante ellas una acción de filiación o acudieran ante nuestras autoridades registrales para solicitar la inscripción del nacimiento del menor de forma directa. Tampoco se ha planteado ninguna cuestión relativa al propio acuerdo de gestación subrogada, como, por ejemplo, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones en él contempladas.
 
  • En segundo lugar, parece haber cierto acuerdo sobre la necesidad de reformar o, cuando menos clarificar la eficacia de relaciones de filiación derivadas de gestación subrogada previamente constituidas en el extranjero.
 
  • Y finalmente, -y este podría ser el argumento de mayor peso que por sí solo justificaría una actuación normativa en este ámbito- la reforma del régimen de inscripción registral de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada, no parece ser ya, a la luz de la reciente jurisprudencia del TEDH, una mera decisión facultativa de política legislativa, sino una obligación impuesta por la reciente jurisprudencia del TEDH. Dicho de otro modo, se trataría de una reforma que vendría impuesta por las obligaciones internacionales asumidas por España y, en concreto, por las contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, señalan, que tal reforma, en línea con la posición adoptada hasta la fecha por la jurisprudencia del TEDH, se limita a la eficacia registral en España de las relaciones de filiación subrogada constituidas fuera de nuestro país mediante gestación subrogada y que ya han sido reconocidas por las autoridades extranjeras. Por tanto, no debe verse en esta propuesta intento alguno de sugerir una reforma del régimen material relativo a la gestación subrogada previsto por nuestro ordenamiento para las situaciones meramente internas.
  
El grupo ha mantenido reuniones de abril de 2017 a febrero de 2018. El haber alcanzado el consenso suficiente para proponer esta reforma, sienta las bases para plantear a futuro un debate abierto ante una situación internacional en profunda transformación. Han participado en este grupo de trabajo profesionales de diferentes procedencias, juristas, médicos, académicos, entre otros, con el objetivo de elaborar una propuesta informada y consensuada. 
  
El grupo de trabajo ha sido dirigido por los Directores de la Comisión Ciencia y Derecho (*). Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide y Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense. 
  
Han participado: José Manuel Caamaño López, Director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión, Universidad Pontificia Comillas; Asier Crespo, Director Jurídico de Microsoft Ibérica; Jesús de la Morena Olías, Director de la Fundación Garrigues; Pablo de Lora Deltoro, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid; Federico de Montalvo Jääskeläinen, Profesor propio agregado de Derecho Constitucional, Universidad Pontificia Comillas (ICADE); Ibán Díez López, Socio en Menta Abogados; Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid; María Teresa Fernández de La Vega, Presidenta del Consejo de Estado; Ana Fernández-Tresguerres García, Notaria de Madrid, Letrada Adscrita a la DGRN. Registradora excedente; Antonio García Paredes, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Cristina González Beilfuss, Catedrática de Derecho internacional Privado, Universidad de Barcelona.; Iván Heredia Cervantes, Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Autónoma de Madrid; Eduardo López-Collazo, Director Científico, IdiPAZ; Javier Marqueta Sobrino, Representante del grupo de interés de ética de la Sociedad Española de Fertilidad. Director Médico, Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica IVI en Mallorca; Irene Matarranz Pascual, Coordinadora de Reproducción, Hospital Universitario de Guadalajara. Profesora Universidad de Alcalá; Ignacio Palomo, Director de Arpa médica y de Ginexlab, Presidente de la Fundación Doctor Ignacio Palomo Álvarez; Alma María Rodríguez Guitián, Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid; Antonio Salas Carceller, Magistrado de la Sala de lo Civil, Tribunal Supremo; Antonio Vila-Coro, Vicepresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos. 
  
Todas las personas que han participado lo han hecho a título personal y no en representación de las instituciones, despachos profesionales, universidades, o entidades donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del grupo. 
  
(*) La Comisión ciencia y Derecho, constituida por la Fundación Fide y la Fundación Garrigues está integrada por un conjunto de profesionales que desarrollan su labor en distintas áreas y disciplinas jurídicas, económicas y científicas, con el objetivo compartido de proporcionar una plataforma institucionalizada que promueva y favorezca el diálogo y el entendimiento entre el mundo jurídico y el conjunto de disciplinas científicas. 
La Comisión persigue también el objetivo de consolidar un nexo de permanente comunicación entre los dos ámbitos de manera que se establezca una fluida corriente que permita la incorporación legislativa en las mejores condiciones de los avances científicos y tecnológicos que presiden la nueva era del conocimiento.

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Propuesta de reforma de la regulación española sobre inscripción de relaciones de filiación constituidas en el extranjero mediante gestación subrogada




Martes, 9 de Octubre 2018 | Comentarios

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La Comisión Ciencia y Derecho está dirigida por Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, y Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense.


Introducción del Blog

Este blog recoge la opinión de los profesionales que participan con regularidad en los diálogos Ciencia-Derecho. En ningún caso representa la opinión de la Fundación Fide, la Fundación Garrigues ó de la Comisión Ciencia y Derecho.