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BLOG DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA




Luis Miguel González De La Garza
Luis Miguel González De La Garza
Hemos vivido en el mundo un punto de inflexión en lo que respecta a la protección del derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones electrónicas, y ese momento tiene un claro origen en los atentados terroristas del 11 S en los Estados Unidos producidos en el año 2001, desde ese momento, se han invertido invariablemente la protección de estos derechos. El terrorismo ha conseguido transformar nuestras sociedades, de sociedades abiertas y en general libres, en sociedades con miedo, en las que se sacrifican amplias parcelas de libertad a una incierta seguridad en la que, como acuñara el teólogo alemán Hermann Busenbaum, cum finis est licitus, etiam media sunt licita, una vuelta o una reedición contemporánea de lo que se puede definir como Estado Neopolicía de Derecho en el que la sospecha generada por la incerteza del temor y un enemigo difuso hace posible búsquedas proactivas de sospechosos virtuales, drenando de contenido y sustancia, menguando en suma, Derechos medulares de una concepción liberal de Estado de Derecho vigoroso donde la presunción de inocencia cede frente a la mera sospecha. Esa pérdida es aceptada o al menos consentida por la sociedad acríticamente como ya advirtiera de alguna forma Étienne de la Boétie, más por ignorancia, advirtamos, que por otras circunstancias, pero lo cierto es que son circunstancias las de la vigilancia sistemática y el control de todas las actividades de los ciudadanos en las redes virtuales de una gravedad, pensamos, que extrema porque socaban los fundamentos de la libertad y con esta de la democracia, al ser precondiciones de otros derechos fundamentales y libertades públicas como la libertad de expresión ¿es posible una opinión pública libre en un medio que se basa en la vigilancia permanente de todo y de todos? Como advirtiera Benjamin Franklin “Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”.

Parafraseando a Rousseau en el Capítulo VI, del Libro I del Contrato Social, sería preciso: “Encontrar una forma de uso de los datos personales por la que se defienda y proteja con la fuerza común del Derecho nacional e internacional la persona y su dignidad en su dimensión virtual, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no pierda su individualidad, intimidad y secreto de sus comunicaciones permaneciendo y respetándose de forma integral la esfera  de todos sus datos sin fragmentación alguna –su yo cuantificado- de la misma forma en la que se protege en su dimensión no virtual".

 Es claro que se hace urgente en un mundo global, un sistema de justicia global compuesto por un sistema judicial internacional cada vez más eficiente.

Las rupturas quizás más graves que afectan a los derechos humanos se basan en las discontinuidades jurídicas que los Estados presentan frente al concepto de no nacional o extranjero al cual se le inaplican las garantías para los nacionales en un entorno global.

Es esta desprotección de los datos personales la que ha hecho posible un uso de estos que permite construir nuevos paradigmas hasta ahora inexistentes, como la propaganda electoral cognitiva y el microtargeting basados en los perfiles psicométricos elaborados con esa materia prima –los datos personales- que son capaces de definir con precisión casi quirúrgica los perfiles humanos de las “dianas electorales” y reelaborar por completo los conceptos clásicos de propaganda electoral, con la aparición de nuevos instrumentos que son susceptibles de adaptarse a lo que desea escuchar cada tipo de personalidad que opera en las redes con una granularidad jamás alcanzada antes. Ni que decir tiene que las normas jurídicas electorales habrán de adaptarse necesariamente a las nuevas estrategias posibles y que ya han sido empleadas en escenarios reales como en los Estados Unidos y, singularmente, y con modelos técnicamente acabados en las elecciones presidenciales de 2016 en las que resultó vencedor Donald Trump quien hizo un uso extenso e intenso de las nuevas tecnologías de procesamiento de la información, revolucionando silenciosamente la forma de la propaganda electoral virtual electrónica de un futuro que ya es presente. La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, la dignidad con la que deben ser tratados los seres humanos -que la tecnología ha transformado en una vulgar mercancía electoral- y la protección de los datos personales y la privacidad de las personas exigen una reelaboración profunda y consistente de las garantías jurídicas en las que consisten en el fondo los derechos fundamentales considerados y sin las cuales los derechos son sólo nombres huecos sin referentes precisos accionables ante la justicia en una nueva y compleja ecología de medios tecnológicos de procesamiento y comunicación de la información.  




Lunes, 11 de Septiembre 2017 | Comentarios

Blog de la Fundación Fide y la Fundación Garrigues
Fide
La Comisión Ciencia y Derecho está dirigida por Antonio Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, y Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense.


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Este blog recoge la opinión de los profesionales que participan con regularidad en los diálogos Ciencia-Derecho. En ningún caso representa la opinión de la Fundación Fide, la Fundación Garrigues ó de la Comisión Ciencia y Derecho.