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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




DON EMILIO Y LAS MÁSCARAS DEL LEVIATÁN


Viernes, 23 de Febrero 2018



DON EMILIO Y LAS MÁSCARAS DEL LEVIATÁN

Emilio Romero el incombustible director del periódico El Pueblo en sus años de gloria, hacía gala de esa peculiar y paternalista idiosincracia que caracterizaba el periodismo del tardofranquismo cuando, respondiendo a un joven y novicio redactor que le preguntaba por los límites de la censura y los márgenes de discrecionalidad de que gozaban los profesionales en el periódico, al tiempo que extendía su brazo por encima del hombro, hablándole a escasos centímetros de su rostro y en un tono suficientemente alto como para que pudiera escucharlo el resto de la redacción le contestó sin inmutarse : "mira, aquí no importa la censura, aquí hay una completa libertad de expresión siempre que se diga lo que yo quiero oir".

Don Emilio, como era conocido en la profesión, fue siempre incorregible. No permitía ninguna censura en el periódico, porque la censura era él. Desde luego, los jerifaltes del régimen tenían poco que temer; don Emilio era uno de los nuestros: Consejero Nacional del Movimiento y Procurador en Cortes. Eran otros tiempos y los españoles estábamos acostumbrados a que nos dijeran no sólo lo que debíamos decir, sino también lo que teníamos que pensar. De eso hace ya mucho tiempo… O quizá no tanto….

Observo con creciente preocupación como los medios de comunicación se han hecho eco de tres noticias que, aún respondiendo a registros y circunstancias diferentes, se empeñan en rememorar, envueltos en una brumosa nostalgia, aquellos tiempos oscuros de un lenguaje jeroglífico enredado en metáforas, elipsis, perífrasis y todo ese arsenal del disfraz y del disimulo que pretendía insinuar lo que no se podía decir.

Una juez secuestra un libro porque supuestamente atenta contra el honor de un alcalde acusado de narcotráfico y absuelto por el Tribunal Supremo, pese a que el autor se limita a reproducir los hechos declarados probados en la sentencia; en la feria de arte contemporáneo de Madrid (ARCO) el director de Ifema, en una polémica decisión avalada posteriormente por la junta rectora de la institución, decide retirar una muestra fotográfica en la que se reproducía la imagen de diversas personas encarceladas a raíz del proceso separatista en Cataluña calificándolos como presos políticos y, por último, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión a un rapero de pocos escrúpulos por las injuriosas letras de sus canciones denigrando al jefe del Estado y ofendiendo a las víctimas del terrorismo.

Aunque los tres hechos son diferentes y presentan matices singulares que se resisten a una identidad común, lo cierto es que desde una perspectiva global obedecen a un mismo principio y se rigen por la misma lógica que expande el control del Estado sobre las conductas y sobre los individuos. Son las prácticas autoritarias inscritas en la más temprana vocación del poder por instaurar la uniformidad de los comportamientos, la ausencia de la diferencia como razón, el principio de identidad que encarna la dominación en su estado más puro e incontaminado.

En los aparatos del Estado se materializa la huella, el rastro indeleble de la dominación que anticipa el horror del campo de concentración desde la violencia del silencio impuesto por la uniformidad del discurso. El poder en su naturalidad más descarnada desconfía de la disidencia. La libertad del individuo se fraguó históricamente a la sombra del poder del Estado, arañando en cada uno de sus pliegues una conquista que tuvo que defenderse siempre frente a la insaciable voracidad del Leviatán.

Hay una sana y refrescante intuición frente a la extensión del poder del Estado, que nos advierte a la manera del eco lejano de un rumor incómodo de que nos adentramos en un terreno farragoso, inestable, las arenas movedizas de nuestra existencia. Quizá sea un vestigio del estado de naturaleza, un resto anárquico que la evolución nos ha legado para preservar nuestra identidad. O quizá tan sólo sea un prejuicio.

Pero en todo caso es uno de esos prejuicios que nos han salvado la vida. Lo confieso abiertamente: no me gusta el Estado, ni tampoco quienes se erigen en sus defensores. Cuando los gobernantes entonan el himno de la alegría extendiendo sobre los ciudadanos el manto protector de sus generosas prerrogativas, casi simultáneamente se escucha la marcha fúnebre que anticipa el cortejo del terror y de la muerte. Hay un dicho castellano que resume con mucha elocuencia toda una historia de desconfianza bien ganada: que no se enteren que somos pobres, que nos protegen.

Las resoluciones judiciales que han saltado a los medios de comunicación y las restricciones a la libertad de pensamiento y expresión que se propagan un poco por todas partes son un síntoma alarmante del debilitamiento de la sociedad civil y del fortalecimiento del mundo administrado, una evidencia de las grietas de la sociedad abierta entre cuyas porosidades se filtra la argamasa con la que se fabrica aquel ideal platónico contenido en la república de una sociedad hermética, sometida férreamente al principio de identidad.

Es una tarea urgente preservar los espacios para que florezca la individualidad, impugnando la legitimidad del Estado para configurar nuestras opiniones como ciudadanos de una sociedad abierta. ¿Por qué ha de velar el Estado por la integridad moral de las opiniones de sus ciudadanos?. ¿Cúal es el derecho que se irroga el Estado para aprobar o censurar una opinión determinada?. ¿ Es que acaso los ciudadanos, adormecidos en una especie de edad infantil, no somos capaces de defender nuestros propios derechos si lo sentimos vulnerados?.

Lo que los poderes públicos deben procurar son los medios adecuados para que quienes se sientan concernidos puedan invocar la protección legal, el Estado no puede erigirse en el sustituto de la voluntad que dice representar, por la elemental y sencilla razón de que en ese ámbito, en ese íntimo recinto de la privacidad, los poderes públicos no pueden ni deben penetrar. Allí cesa la representación porque no hay nadie más legitimado que el ciudadano afectado para evaluar si la ofensa ha sido tal y si merece un reproche legal.

Al imponer a todos por igual la disciplina de la censura moral, el Estado no sólo está quebrando las prerrogativas de la sociedad civil, sino que está invadiendo el espacio privado del individuo, el centro de sus emociones y sentimientos, donde se vehiculan los afectos y los rencores, el amor y el odio, la generosidad y la envidia.

¿En virtud de que sagrada delegación pueden los poderes públicos decirle a una víctima del terrorismo que debe necesariamente sentirse ultrajada por un comentario soez?. ¿Quién es el Estado para fijar el canon estético por el que ha de regirse la producción artística o literaria de la sociedad?.¿ Acaso nuestro discurso público debe ajustarse a las veleidades más o menos caprichosas de cualquier funcionario?.

Una sociedad enteramente administrada es el ideal platónico de la impúdica cohorte de quienes aspiran a convertirse en los reyezuelos del destino ajeno y es posible que en el alma de todo gobernante anide una vocación inconsciente de convertirse en salvador del prójimo, o que en la naturaleza misma del ejercicio del poder éste insista una pretensión omnisciente. Pero no importa el origen. Sea cual fuere la oscura fuente del mal existe un antídoto que nos inmuniza frente a las arbitrariedades del poder: el despliegue de las más irrestrictas libertades públicas, la libertad de opinión y de pública expresión de nuestras ideas.

Por eso, la calidad de nuestra convivencia se degrada en la medida en que se restringen los fundamentos del orden democrático esto es, las libertades públicas de los ciudadanos. Ningún poder del Estado está legitimado para decirnos qué canción debemos cantar, que libro debemos escribir, qué periódico debemos leer o qué obra de arte podemos contemplar . Tampoco puede prohibirnos preventivamente, ofender o insultar.

Naturalmente, la libertad de expresión no puede amparar un indiscriminado derecho al insulto, no puede erigirse en la plataforma para invadir el honor o la intimidad de otros. Pero no debe ser el Estado quien prohíba esas conductas a priori. El Estado no es un juez moral ni un censor o custodio de los buenos modales. Sólo los ciudadanos que se sientan agraviados pueden impetrar el auxilio de los poderes públicos para que se restaure el honor o la intimidad dañados. Cualquier otra alternativa es una deriva hacia el abismo.

 Afortunadamente, vivimos en el mejor momento de nuestra historia y gozamos de las ventajas de una sociedad abierta. España, no es Turquía y ni siquiera se le parece. Pero debemos permanecer vigilantes para evitar que se degrade nuestra convivencia y se deterioren nuestras instituciones.


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