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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




NUEVOS OSOS PANDA EN EL CIRCO NACIONAL
Hace algún tiempo la inefable líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que gobierna un atávico califato desde la atalaya del resentimiento victimista, en lo que fue calificado como un poético arrebato de inspiración romántica realizó una desafortunada y cuestionable comparación entre los estibadores del puerto de Cádiz que habían convocado una huelga gremialista para tratar de evitar la reforma del sector, y los osos panda que amenazados de extinción constituyen una especie protegida.
 
Pretendía de este modo legitimar los injustificables privilegios de que gozan los estibadores, una casta cuasi hereditaria, cerrada, de acceso limitado y con innumerables barreras de entrada que la inmunizan frente a cualquier competencia, permitiéndoles capturar rentas ajenas por completo al mercado y a la función económica que desempeñan. Y todo ello, por paradójico que resulte, desde una plataforma que pretende representar los intereses de los desheredados.
 
Pues bien, como fácilmente puede colegirse la de oso panda constituye una condición anhelada por todos aquellos que siguen usufructuando las rentas que les proporcionan los cómodos privilegios administrativos  que cercenan  la competencia limitando el acceso al mercado de cualquier posible alternativa por mucho que pueda resultar más beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos.
 
Los últimos en sumarse al festín, en una desenfrenada y violenta carrera hacia el chantaje, han sido los taxistas de Madrid y Barcelona que, encabezando una huelga acompañada de la consabida algarada de ocupación y cortes de la vía pública con la imprescindible dosis de coacción y violencia, no albergan otra pretensión que eliminar la competencia de los servicios de transporte alternativos que ha hecho posible la nueva revolución tecnológica.
 
Su batalla es una batalla perdida porque sus adversarios son  el progreso, el desarrollo económico y la innovación tecnológica y la lógica implacable de los acontecimientos se impondrá inexorablemente. En las interminables hileras de los taxis de Barcelona bloqueando la Gran vía se proyecta la sombra alargada del ayer, un anacronismo  evaporandose con el transcurso de cada instante.
 
Si lo contemplamos desde una perspectiva histórica la imagen resulta patética, tan patética e histriónica como la que nos relataban las crónicas de Frederic Bastiat cuando en la Francia de mediados del siglo XIX, durante la monarquía de julio, los fabricantes de velas hicieron una petición a la Cámara de Diputados para que protegiera su decadente negocio de la competencia desleal… del sol.
 
Sin embargo, lo más asombroso de todo este despliegue que despide un rancio sabor a naftalina no es la intransigente defensa de los privilegios de un monopolio injustificable por quienes lo usufructúan, ni siquiera la coacción y violencia que acompaña el legítimo ejercicio del derecho de huelga. Al fin y al cabo aunque se trate de conductas reprobables, resulta comprensible que los vendedores de velas se quejen de la competencia del sol.
 
Una vez más es en la respuesta de los poderes públicos, del conjunto de nuestras administraciones donde se evidencian las grietas de una sociedad averiada, vertebrada por unas instituciones extractivas a cuyo frente se encuentran unas élites políticas cuyo comportamiento responde casi en exclusiva a los inestables equilibrios que demanda la lógica de la perpetuación en el poder.
 
Resulta poco menos que bochornoso el lamentable juego de trileros al que se han entregado los distintos niveles de las administraciones públicas en una desesperada carrera por eludir la responsabilidad de la gestión del conflicto. El Ministerio de Fomento ha despachado el asunto cediendo las competencias a las Comunidades Autónomas, y éstas a su vez han delegado en los ayuntamientos el grueso de las ordenanzas sobre las que recaen la las desmedidas pretensiones de los taxistas.
 
Nadie parece querer tomar el timón y asumir la responsabilidad de las decisiones. Nos encontramos frente a un escenario en el que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie quiere hacerlo por temor a perder los réditos electorales que ello conlleva. Es un juego de suma negativa con incentivos perversos en que ninguno de los partícipes quiere aplicar las reglas por el doble temor a asumir en solitario las supuestas desventajas de una decisión incómoda y a beneficiar de modo indirecto al resto de los competidores.
 
La lógica que subyace a este mezquino cálculo no es desde luego la que se desenvuelve en el ámbito de la protección del interés público. Para el conjunto de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios de transporte, la diversidad de ofertas supone una considerable ventaja no sólo porque abarata el precio sino porque mejora la calidad. Y eso también lo saben los políticos que tienen que tomar las decisiones. Pero no lo hacen porque son incapaces de asumir la supuesta "impopularidad" de gestionar adecuadamente el conflicto.
 
Y como suele suceder en estos casos, los miserables cálculos de los oportunistas van acompañados de una visión distorsionada de la realidad, plagada de los sesgos y prejuicios con los que han conservado sus indecentes prerrogativas. Están tan distanciados de aquellos cuyos intereses pretenden representar que han perdido toda sensibilidad para detectar cualquier cambio en cualquier dirección.
 
Hoy, como casi siempre, la sociedad española  va muy por delante de la casta política que la dirige. Uno de los efectos más beneficiosos de la revolución digital y de las tecnologías de la información ha sido el de incrementar cualitativamente el nivel de conciencia e información de cada ciudadano en relación con el entorno en el que vive. De repente todos nos hemos hecho mayores de edad y no necesitamos la tutela proteccionista de quienes no persiguen otro interés que el suyo propio: permanecer a cualquier precio.
 
Resulta sintomática la ausencia de pronunciamientos por parte de los diferentes partidos políticos respecto del conflicto que han generado los taxistas. Sencillamente temen que posicionarse en defensa del interés general de los ciudadanos pueda perjudicar sus intereses electorales porque no controlan la gestión mediática del conflicto. Ignoran y olvidan que la gestación de la opinión pública ya no se forja exclusivamente en los circuitos mediáticos que aletean  en los aledaños del poder. Pagarán su precio en las urnas pero no por lo que han hecho, sino por lo que han dejado de hacer.
 
Aunque las elites políticas parecen empeñadas en desmentirlo a cada paso la sociedad  española es mucho más moderna que sus representantes que usufructúan las ventajas del poder. Hace tiempo que los ciudadanos ansían desprenderse  del incómodo tutelaje del patrocinio, porque viven plenamente integrados en la modernidad digital. No necesitamos ni a los osos panda, ni a sus celosos cuidadores


Miércoles, 23 de Enero 2019