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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




MIS NUEVOS CLIENTES SON ROBOTS
“Las grandes mentes hablan de ideas.
Las mentes medias hablan de hechos.
Las mentes pequeñas hablan de las personas.”
                                                 Eleanor Roosevelt

Todo buen paño debe tener sus irregularidades, las cuales son señal de manufactura y artesanía. En suma, de trabajo hecho a mano, no estandarizado. La presente aportación al blog es más que un hilván jurídico de Penélope, un sencillo pespunte consecuencia del tema que se aborda, y sobre todo de la mano que toma la aguja.

No obstante, el telar de Penélope debe estar continuamente en marcha, siendo la hilada sincera, firme y limpia.

El fenómeno que experimentamos hoy no es algo muy distinto a la revolución que supuso saber que el mundo era redondo (casi), la aparición de la máquina de vapor, la irrupción del automóvil o del tren, o bien del celular con conexión a Internet. Todo ello ha acabado siendo familiar y necesario. Y a su vez todo ello supuso un cambio tremendo en las estructuras sociales, económicas y jurídicas. Es decir, en la forma misma de ver el mundo.

De hecho, hoy día es impensable nuestro mundo sin Internet (¡1989!), y todo lo que ello supone. Baste recordar el temor que produjo el “efecto 2000 o Y2K” y la rápida reacción ante un cataclismo financiero, energético, etc.. con la gran repercusión que hubo en materia de seguros y daños. Por cierto, que una situación semejante podría darse en el año 2038, y podría afectar principalmente a todos los sistemas Unix y derivados.

Lo que sí es cierto es que la robótica se ha instalado definitivamente en nuestra sociedad. No es un hecho nuevo ni aislado. De esta forma, sin sentirlo, una vez más, lo excepcional deviene ordinario. Y así, de puntillas, la robótica, de ser ciencia-ficción pasa a ser sencillamente un instrumento de política-económica, una herramienta más de inversión, un producto y un servicio, y en definitiva un acto de consumo.

Y es que una vez más se hace cierto el aforismo de que “no hay nada nuevo bajo el sol”, solo una simple evolución del estado de las cosas. Así, la robótica está con nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, en aquellos tiempos, se trataba de una robótica puramente mecánica, primitiva, que hoy nos sorprende por su carácter infantil, ingenuo, ¡toda una novedad para la generación digital! De hecho, aun sigue sorprendiendo el ingenio de Leonardo da Vinci al diseñar un robot androide en el año 1495, bajo el patrocinio de la familia Sforza y para divertimento de dicha familia, robot reconstruido en 2007 por Mario Taddei siguiendo los bocetos redescubiertos en 1950.

Tal fue –y es- la importancia de este hallazgo que el principal sistema quirúrgico robótico moderno se llama precisamente Da Vinci (Robot Da Vinci), el cual minimiza el error humano, al reducir el posible temblor de la mano humana, perfeccionando todos los movimientos del cirujano, así como contar con una visión 3D.

Hoy en día, sin embargo, nos encontramos con una nueva dimensión de la robótica: la robótica inteligente. Mas concretamente, la robótica autónoma, independiente e inteligente. Esta robótica es, al igual que ocurriera con el robot mecánico, consecuencia de nuestro estilo de vida, del desarrollo de la técnica (p.ej. Internet de las cosas –el funcionamiento del robot se basa en la conexión a la nube-) y muy especialmente del avance del espacio digital (posibilidades ilimitadas de información y formación) y de la creatividad sin límites del ingenio humano, suponiendo un reto fundamental en el nuevo cambio de paradigma al que asistimos: los “nuevos replicantes”, la posibilidad del nacimiento de una nueva categoría jurídica de sujeto, y por ende, de un nuevo Derecho, o al menos de la adaptación del Ordenamiento conocido hasta ahora.

Ello, como ya hemos señalado, no es nuevo. El Derecho actualmente conocido no es sino una reelaboración actualizada y repensada de las categorías jurídicas tradicionales, seculares. Así ha ocurrido con la noción de persona, contrato o daños, por ejemplo.

Precisamente por ello, ¿por qué descartar que el robot inteligente, autónomo e independiente llegue a ser en cierto modo sujeto de derecho? La dificultad no será tanto considerarlo como tal, sino establecer qué concreta tipología de robot merece serlo, por cuanto el concepto de “robot” no es unívoco sino que, por el contrario, es susceptible de ser aplicado a una amplia categoría de supuestos diversos que, además, se encuentran  en expansión y desarrollo. En efecto, podemos hablar de robots domésticos, robots asistenciales, robots militares, robots lúdicos, robots de vigilancia y seguridad, robots sanitarios, etc… Y esto no es mas que el principio.

Por consiguiente el Derecho debe estar pronto para contemplar los problemas que se desarrollaran (i) dentro de la propia industria de la robótica, dentro del entorno social, de los nuevos modelos contractuales de desarrollo de prestaciones a cargo de robots, así como de diseño de nuevas modalidades de prestación, (ii) pero también la consideración del robot como bien de consumo (NEO, KIBO, son robots que enseñan a los niños alemán y a programar; mas modernamente y mas sofisticado está PEPPER, que además tiene un “motor emocional”) las repercusiones jurídicas que ello supondrá, por supuesto la resolución de conflictos, el establecimiento de códigos de conducta, la influencia de la robótica en los tipos contractuales conocidos actualmente, el desarrollo del Derecho de daños, los criterios de imputación de responsabilidad, la adaptación y modificación de las estructuras conocidas hasta ahora, etc… Y finalmente, el derecho deberá estar presto para considerar la posibilidad de (iii) el robot –al menos alguna tipología de robot- como posible sujeto de derecho.

Y es que precisamente, el elemento diferencial de la robótica inteligente reside precisamente en la capacidad del robot para “tomar sus propias decisiones”, así como actualmente la posibilidad de que “estudie los gestos y el rostro de la persona que interactúa con él para tomar decisiones en la conversación que hagan sentir mejor a la persona, y de esta forma, generando emociones artificiales” (https://www.aldebaran.com/en/cool-robots/pepper).

Es decir, el robot, es “creado” para aprender determinadas rutinas y operaciones. Pero no solo eso, sino que el robot inteligente y autónomo e independiente tiene la posibilidad de “mejorar” por si mismo la forma de aprendizaje, de forma que (por ejemplo) puede enseñar a otros robots rutinas y operaciones de forma mejorada a las que fueron originariamente enseñadas a él por humanos.  En otras palabras, el robot puede aprender métodos diversos y mas eficaces (o no) a los que fueron originariamente adiestrados a él.

No hace falta formularse muchos interrogantes en los supuesto de “enseñanza derivada mejorada en cadena” entre robots... inteligentes.

En fin, en pocas palabras, no estamos ante un fenómeno excepcional, sino solamente nuevo, con un impacto desconocido, pero que puede llegar a ser conocido en cierta medida.  Todo depende de nosotros… y tal vez de nuestros robots…

MIS NUEVOS CLIENTES SON ROBOTS
Este artículo está escrito por Manuel Ignacio Feliu Rey.
mfeliu@me.com / +34 916249509
Manuel es en la actualidad Catedrático acreditado en Derecho civil en la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo la plaza de Profesor Titular de Derecho Civil en 1989. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares obteniendo la máxima calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad. Director de dos Cátedras de Investigación, la primera la Cátedra Knight Frank de Estudios del Sector Inmobiliario y de la Edificación, adscrita al Instituto Universitario Pascual Madoz de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente (1-1-2005/1-4-2008), y desde 2008 ostenta la dirección de la Cátedra de Asgeco de Derecho de consumo, en la citada Universidad. Ha sido Visiting Profesor, y Visiting Scholar en numerosas Universidad extranjeras, de Europa y el continente americano, corriendo a su cargo la docencia e investigación en las citadas Universidades. En el terreno profesional, ha sido Magistrado Suplente en la Audiencia Provincial de Madrid (1992 – 1997), y desde dicho año abogado ejerciente y árbitro, siendo recientemente Of Counsel en Broseta Abogados (2011-2016). Profesor y coordinador en numerosos Máster nacionales y extranjeros, ha participado y participa igualmente en numeroso proyectos de investigación nacionales y extranjeros, siendo autor de una abundante producción bibliográfica consistente en monografías, trabajos colectivos y artículos doctrinales. Es miembro de la International Academy of Trust Law.



Lunes, 22 de Febrero 2016
La Economía Colaborativa es imparable y la CNMC lo sabe.
La regulación que las diferentes autoridades – tanto regionales como nacionales, dependiendo del ámbito – están dando a la conocida como economía colaborativa está en el punto de mira de la autoridad de competencia, pues la CNMC se ha mostrado partidaria incluso de una ausencia de regulación como mejor opción*.
Si bien podemos remontarnos a 1995 como el inicio de esta disruptiva forma de economía – momento en que nació el popular marketplace Ebay – ha sido en estos últimos años cuando estos espacios de intercambio se han generalizado entre los consumidores en diferentes ámbitos, tales como el transporte por carretera, las viviendas de uso turístico o la enseñanza.
Recientemente, la CNMC ha hecho uso de sus facultades para impugnar actos de las Administraciones Públicas de los que se puedan derivar obstáculos para la competencia efectiva, como recoge el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 por la que fue creado este organismo. Y así lo ha hecho para impugnar las ordenanzas municipales del taxi en Málaga y Córdoba o la regulación de apartamentos turísticos en Madrid. Asimismo, ha interpelado al Ministerio de Fomento para que dé marcha atrás en la reciente modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
La normativa de los últimos años para regular este campo parece tener un denominador común: apoyar las estructuras tradicionales existentes en el mercado marginando o incluso restringiendo hasta el umbral de la prohibición el desarrollo de estas fórmulas de economía colaboativa, a través de la imposición de determinadas barreras de entrada al mercado. Por tanto, no es extraño que las iniciativas de economía colaborativa que están intentando ser frenadas de forma más contundente son aquellas en la que los operadores "tradicionales" de los sectores objeto de "disrupción" se aglutinan en torno a potentes grupos de lobby con acceso a las instituciones con las que, no en vano, llevan tratando desde comienzos de nuestra democracia.
Es por ello que la oferta de viviendas de uso turístico por particulares ha sido objeto de regulación – no sin polémica – en Canarias o Madrid. También la normativa sobre la utilización de licencias VTC ha sido modificada recientemente con fines proteccionistas. Los frentes abiertos contra la economía colaborativa no son sólo de índole administrativa o de regulación, la economía colaborativa también está siendo confrontada en los tribunales por sus competidores, los operadores tradicionales del mercado. Es de sobra conocido que aplicaciones como Uber, Blablacar o Airbnb están inmersas en procesos judiciales.
A todas estas modificaciones legislativas, como ya comentábamos, les ha respondido la autoridad de competencia presentando sendos recursos o inquiriendo a las autoridades competentes a que modifiquen todas aquellas limitaciones que la CNMC entiende que afectan al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado y que no se corresponden con medidas que entienda proporcionales o necesarias.
En el caso del Reglamento sobre viviendas vacacionales canario, la CNMC impugna los requisitos que impondrían barreras innecesarias de acceso al mercado, tales como la imposición de requisitos de tamaño de las viviendas o la imposibilidad de alquilar habitaciones de manera individual, imponiendo el alquiler de la vivienda al completo. En el caso madrileño, el punto que genera mayor controversia según la autoridad de competencia es la exigencia de un alquiler por estancia mínima de cinco días. Para entender la motivación del legislador es interesante señalar que en un reciente estudio llevado a cabo por Airbnb se detallaba que la media de días que sus clientes se alojan en este tipo de viviendas en Madrid es de 4,6 días, por debajo de los 5 que ahora obliga la legislación.
En el sector del transporte de viajeros, las limitaciones que la autoridad de competencia entiende desproporcionadas son las destinadas a restringir cuantitativamente el número de licencias VTC, así como la imposibilidad de su contratación directa, que tendría como consecuencia la imposibilidad de competir con el sector tradicional del taxi.
No es de menor importancia mencionar que, en muchos de los casos de la denominada "economía colaborativa", las conocidas plataformas no dejarían de ser empresas de comercio electrónico, nuevas tecnologías que actualizan el "tablón de anuncios" tradicional, siendo los usuarios que las utilizan los verdaderos prestadores de servicios. Ésta, de hecho, ha sido la defensa utilizada por Blablacar ante la demanda interpuesta por Confebus, la patronal del transporte interubano, por supuesta competencia ilícita, al esgrimir que "BlaBlaCar es una empresa de comercio electrónico, no un intermediario de transporte."
Sin embargo, y a pesar de la regulación y los procedimientos judiciales, la economía colaborativa y las tecnologías disruptivas son imparables y no sólo en nuestro país. Un reciente artículo de la revista TIME (See how big the gig economy is) aportaba datos de una dimensión muy significativa: al menos un 22% de ciudadanos americanos, lo que representa 45 millones de personas, actúan como oferentes en estos nuevos mercados, tanto en el sector del transporte de pasajero por carretera, en el sector de alojamientos, plataformas de servicios, alquiler de vehículos y servicios relacionados con la entrega de bienes y productos de alimentación y un altísimo porcentaje de ellos (71%) afirma haber tenido experiencias positivas operando en estos nuevos mercados.
Sería muy útil conocer los datos que arrojaría un estudio similar en la Unión Europea y en España. En todo caso, el desarrollo de estos nuevos mercados es incontenible y nuestro legislador debería tenerlo muy presente para aprobar leyes adecuadas para el desarrollo de este tipo de negocios, si es dicha legislación es necesaria, ya que a juicio de la autoridad de competencia ni siquiera sería necesario regular ciertas actividades.    
Del mismo modo, los competidores tradicionales  deben encontrar ese punto diferencial que les haga mejores y más atractivos en el mercado. Permitidnos terminar en tono de humor, sin ánimo de ofender a nadie, con un video que ilustra de manera cínica, descarada y algo gamberra la situación:
https://www.youtube.com/watch?v=Pvri8hpMViM
 
 
* Otras autoridades de competencia, como la catalana (ACCO), abogan sin embargo por fomentar el uso y aparición de estas tecnologías mediante la implementación de una regulación que las favorezca.

Escrito por Ana Valiente.
anam.valiente@gmail.com

Ana Valiente es abogada especializada en Derecho de la Competencia y ha asesorado a compañías en procedimientos ante la Comisión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, centrando su práctica en materias antitrust y control de concentraciones tanto a nivel nacional como europeo. Ana representa a clientes en procedimientos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional  y el Tribunal Supremo, y además ha actuado ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente en recursos de anulación y solicitudes de medidas cautelares. Ana imparte clases en el Master de Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra y en el Master de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de unirse a Avis Budget Group EMEA como Head of Legal Iberia trabajó en los departamentos de Derecho Europeo y Competencia de Bird & Bird en Madrid (2008-2016), Perez-Llorca, O’Connor & Company European Lawyers (Bruselas) y DLA Piper (Madrid).

La Economía Colaborativa es imparable y la CNMC lo sabe.



Viernes, 12 de Febrero 2016
Javier Fernández-Samaniego
Javier Fernández-Samaniego
Ardiel Martinez
Socio Director de Samaniego Law. Abogado y especialista en asesoramiento contractual y contencioso de proveedores y clientes de Tecnologías de la Información. Fue uno de los abogados pioneros en España en el asesoramiento en materia de protección de datos de carácter personal. Asesora a empresas nacionales y multinacionales en contratos de outsourcing, nuevos modelos de negocio vertebrados en tecnologías disruptivas y en la prevención y resolución de conflictos que involucran cuestiones tecnológicas complejas. Cuenta con estrechos vínculos en Estados Unidos y Latino América. Es árbitro de la sección especializada en TIC de la Corte de la Cámara de Comercio de Madrid y asociado del Club Español de Arbitraje. Es mediador acreditado por CEDR de Londres y forma parte del Panel de Distinguidos “Neutrales” de CPR en Nueva York. Abrió la oficina de Madrid de Bird & Bird en 2005 y anteriormente colaboró profesionalmente con los despachos Linklaters y Cuatrecasas. Comenzó su carrera como abogado en el ente público CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Miembro del Consejo Académico de FIDE. Senior Fellow del Steven J Green School of International and Public Affairs (FIU - Florida International University).