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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




​Los retos de la Administración de Justicia Española


Lunes, 6 de Junio 2016

Por Javier Cremades. Abogado. Presidente de Cremades& Calvo-Sotelo.

Vivimos en una sociedad en la que cada día, al levantarnos, los medios de comunicación nos informan sobre los nuevos avances tecnológicos que se están produciendo en muchos sectores vitales y que tienen una clara repercusión en nuestra cotidianidad. Sentimos, además, la velocidad de vértigo a la que se producen. Y si bien en muchas ocasiones percibimos los cambios como un avance positivo, en otras, las noticias que nos llegan nos generan incertidumbre y preocupación. La sociedad del riesgo se caracteriza por esa ambivalencia.



​Los retos de la Administración de Justicia Española
Los Estados modernos obligados a asumir los cambios, se ven compelidos a adecuar su aparato normativo a las nuevas realidades, aprobando nuevas leyes o modificando las ya existentes  para dar una respuesta satisfactoria a las nuevas demandas sociales. Los cambios normativos no sólo van de la mano de los cambios sociales, sino que, además, en muchos campos se producen de forma continua y acelerada. No hace falta más que asomarse al mundo de la empresa, de las finanzas, al farmacéutico o al de las nuevas tecnologías para constatar dicha realidad.
 
Pero los cambios normativos que regulan y ordenan la nueva realidad de por sí no bastan si el mecanismo que permite su aplicación se mantiene en la obsolescencia o no se moderniza. Se produce así un desfase entre la aprobación de las nuevas normas y su efectiva aplicación. Es como si modernizáramos el parque móvil pero la red viaria la dejáramos intacta.
 En España la cesura entre vigencia de las normas y su efectiva aplicación no sólo resulta evidente, sino también preocupante porque el aparato de Administración de Justicia no ha experimentado el adecuado proceso de modernización que la nueva realidad normativa demanda. Y ello, con los consabidos y graves perjuicios que acarrea. La disfuncionalidad de nuestra Administración de Justicia, tanto penal, civil y administrativa, es palpable, y así lo perciben los actores y la ciudadanía en general quienes no dejan de entonar el viejo cántico decimonónico: “la justicia es lenta, la justicia es mala, la justicia es sólo para los ricos porque la justicia es cara”.
 
¿Y que hacer ante esta situación? ¿A qué retos se enfrenta la Administración de Justicia española? Claramente, nuestra Administración de Justicia necesita ser reformada. Y para ello, no basta con someterla a una mera operación estética, hace falta una intervención en profundidad. Esa intervención en profundidad, ciertamente, requiere consignar más medios y contar con más personal –las estadísticas comparativas con otros países de nuestro entorno la dejan en un lugar muy rezagado en lo que a medios y personal se refiere-  pero no sólo.

No basta con digitalizarla –LexNet, grabar juicios, etc.-. Requiere, a mi modo de ver someterla a un proceso de cambio en su estructura. Nuestras leyes procedimentales, por más que se parchean, son en su mayoría inadecuadas, y cuando se cambian muchas veces es a peor. El parcheo tapa el bache, pero no supone un nuevo asfaltado que permita viajar a más velocidad. Y muchos cambios se han realizado de forma irreflexiva y precipitada, motivados por razones políticas oportunistas las más de las veces y sin saber muy bien hacia que dirección dirigirse y que modelo adoptar. Los modelos de procedimiento deben no sólo ser consensuados sino, lo que es más importante, estudiados, diseñados y testados en profundidad antes de ser aprobados.
 
Una Justicia poco ágil no sólo influye en los justiciables que se ven sometidos a un proceso, muchas veces tedioso, lento y costoso, sino, además, influye negativamente en la economía del país. Las últimas reformas no despejan este problema, sino que lo agravan. Y esto es así desde el mismo momento en que se desarrollan unas reformas de calado en nuestro ordenamiento jurídico –Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código Penal, Procedimiento Administrativo Común, Ley de Responsabilidad Civil, etc. etc.- que no va acompañada de una sosegada reflexión acerca del alcance y consecuencias de dichas reformas y menos aún de un presupuesto acorde con las mismas que permita dotar a nuestra Administración de Justicia de los medios materiales y humanos necesarios para llevar adelante este gigantesco cometido.
 
Las últimas reformas de nuestro ordenamiento jurídico no presagian nada bueno. Sólo buena voluntad del legislador, que, como siempre, es desconocedor y ajeno por completo a la realidad que vive la Administración de Justicia y que sufren los justiciables y los operadores jurídicos. No es preciso buscar rebuscar entre legajos para encontrar pruebas fehacientes de ello. El caso Bankia que hemos vivido recientemente en nuestro país es una buena prueba de la disfuncionalidad de nuestras normas procesales y de su falta de adecuación a las necesidades sociales. Más de trescientos mil inversores defraudados, miles y miles de pleitos a lo largo de todo el país, una administración de justicia colapsada, recursos dilapidados pero sobre todo una justicia no consumada.

Ha sido finalmente una sentencia del Tribunal Supremo la que ha provocado que Bankia optara por no seguir pleiteando y ofreciera a los inversores una solución. Sólo con que nuestras leyes procesales regularan claramente una acción de clase se hubiera podido resolver el problema en un único proceso, con una única sentencia, pero con una solución legal para todos los inversores. Si Bankia no hubiera optado por el acuerdo, la única salida para todos y cada uno de los afectados hubiera sido el pleito; trescientos mil pleitos que además podrían contener soluciones contradictorias.

En definitiva: debemos plantearnos un profundo y necesario cambio.
 



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Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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