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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




Esta noticia de querer enjuiciar menores junto a adultos es una vieja reivindicación de nuestros políticos. Una primera reflexión de la misma sobre ella, como penalista que soy, indica que no soy muy partidario de la misma y su implantación. La problemática que tienen los menores es diferente y ya tienen su jurisdicción especializada. No es la misma que la que tienen los adultos. Creo que siempre hay que tener en cuenta el interés del menor como un principio que tiene que prevalecer siempre y la manera de cumplirlo no pasa por someter a los menores a la justícia de los mayores, sino a ser considerados como tales.

Oriol Rusca es Presidente del Consell de Abogacía Catalana. Vicepresidente del CGAE; Decano del ICAB y abogado penalista.


No parece lógico que menores y adultos sean juzgados en el mismo procedimiento
Creo que a los menores lo que hay que hacer es recuperarles. De hecho, con las actuales políticas que hay de reinserción es más sencillo que se reintegren en nuestra sociedad. Por este motivo, chirria mucho la idea del Ministro Catalá de querer enjuiciar a adultos y menores, por causas graves en un tribunal especial al efecto.

Hasta ahora, el balance es positivo de lo que se ha hecho. Y se ha diferenciado de manera clara la legislación de menores de la de adultos. No podemos tratar de igual manera a unos chicos que por muy grave sea el hecho que hayan cometido, deben tener un tratamiento diferente que los mismos adultos.

Lo fundamental con los menores es buscar su recuperación y reinserción en la sociedad. De hecho, verles en el mismo procedimiento, adultos y menores no tiene mucho sentido.  Creo que este tipo de procedimientos como se encauzan ahora, con jueces especializados en menores, son los adecuados.

Hay un peligro si mezclamos a menores con adultos en el mismo proceso y procedimiento. No parece muy lógico y no va a ayudar a que los primeros puedan reintegrarse en su entorno.  Creo además que la Ley Penal del Menor hasta el momento está dando un buen resultado y está recuperando a muchos menores.

Sin embargo, es posible que desde el punto de vista social se vea que es poco lo que se está haciendo realmente.  Pero realmente lo que se intenta es trabajar tanto en el campo preventivo, de que no cometan delitos y , cuando suceden, apostar por su reinserción por encima de cualquier circunstancia.

Fuera de casos muy puntuales, que pueden llegar a ser desgracias horrorosas porque puede haber incluso víctimas, la Ley Penal del Menor está dando buenos resultados desde su implantación. En la reforma que se hizo en el 2000, en su Exposición de Motivos decía que se reformaba la ley pese a que no existía problemática importante para esa reforma.

Es muy importante que las administraciones públicas se basen  en criterios jurídicos y no políticos a la hora de cualquier cambio normativo que se vaya a realizar. Hay que respetar el sentimiento de agravio de las víctimas pero darse cuenta que en este terreno la propia administración de Justicia tiene otras finalidades.

Nuestro legislador debe consensuar cualquier reforma desde la reflexión y no a golpe de telediario o de oportunidad concreta de un caso aislado. En el caso de menores estamos hablando de situaciones que pueden ser muy graves. En este contexto, la justicia debe ir por otros caminos.

Creo que no habría que tocar nada en cuanto a la responsabilidad penal del menor que se establece desde los dieciocho años, incluso a lo mejor se puede regular el capítulo de jóvenes que va de dieciocho a veintiuno. No se puede reformar por cuatro asuntos graves lo que es el actual procedimiento de menores y los fundamentos de lo que es justicia.
 

De entrada, conviene recordar algo que, no por obvio resulta menos importante, como es que las reformas legales en general, y las procesales en particular, deben ser fruto de un proceso de reflexión y análisis de la situación que se pretende abordar, el problema detectado, las posibles soluciones y los pros y contras de cada una de ellas, de manera que, en un marco de debate sereno y abierto, pueda encontrarse la alternativa que, a largo plazo, ofrezca la mejor respuesta para el ciudadano. Dicho de otra manera, no se puede ni debe legislar en caliente o para dar respuesta a problemas o casos concretos.

Manuel Almenar es magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Presidente Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura y Exvocal del CGPJ


Reformas Legislativas: ¿ Menores y Adultos juzgados conjuntamente?: Una reforma que debería ser escrupulosa con la normativa internacional e interna de menores

En relación con la cuestión planteada, efectivamente se trata de un debate que surge periódicamente con ocasión de la investigación y enjuiciamiento de delitos graves, en cuya comisión han intervenido mayores y menores de edad. En principio, la posibilidad de que unos y otros sean enjuiciados en un mismo proceso ofrece luces y sombras, aunque es verdad que gran parte de las posibles objeciones podrían salvarse, siempre que se garantizasen los mecanismos introducidos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
 
En efecto, la existencia de dos procedimientos separados parece lógica desde el momento en que los objetivos no son exactamente los mismos, puesto que, si bien en ambos se trata de determinar la participación que una persona pudiera haber tenido en un hecho delictivo, la tramitación, las medidas a adoptar, los intereses en conflicto, la finalidad y las consecuencias responden a distintos principios y parámetros.
 
Ahora bien, forzoso es reconocer que el enjuiciamiento separado puede dar lugar, no solo a que uno de los procedimientos (normalmente el de menores) finalice en breve plazo mientras el otro (mayores) se dilate en el tiempo, sino a situaciones hasta cierto punto difíciles de entender por la ciudadanía (que el menor declare como testigo en el juicio del mayor y el mayor como testigo en el del menor) y, sobre todo, a decisiones contradictorias (absolución y condena, condena o absolución, o condena o por delitos distintos).
 
Obviamente, el enjuiciamiento en un mismo procedimiento, por un mismo Tribunal en el que se integrase, al menos, un Juez de Menores, podría dar respuesta a esta situación, pero condicionado al escrupuloso respeto de la normativa internacional (en particular, la Convención de Derechos del Niño) e interna, lo que implicaría la limitación de la acción popular, e incluso de la acusación particular, la intervención del Equipo Técnico asesor, una regulación específica de la vista oral (a fin de velar por el cumplimiento de los derechos del menor, por ejemplo, mediante su presencia en otra sala -piénsese que pueden ser menores de hasta 14 años) y el enjuiciamiento y, en su caso, tipificación y sanción del menor conforme a las normas previstas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Lunes, 1 de Febrero 2016

Acabo de leer que el Ministro de Justicia anda dando vueltas a una reforma de la ley del Menor. Se plantea la posibilidad de cambiar el procedimiento de modo que menores y mayores que participen de un mismo hecho sean juzgados a la vez, en un solo juicio. Y según parece, la decisión arranca o se relaciona con la visita de los padres de una menor asesinada por todos conocida y las promesas o propuestas a ellos hechas. A pesar de encontrarse en funciones y con un panorama de futuro mucho más que incierto.

Por Susana Gisbert. @gib_sus. Fiscal de Violencia de Género. Fiscalía Provincial de Valencia



A vueltas con la Ley del Menor

   
La cosa no es para tomársela a la ligera. Las decisiones legislativas a golpe de telediario o vía presión social por un hecho concreto, por repugnante que resulte como en este caso, nunca han sido buenas. Las víctimas de los delitos tienen derecho a ver las cosas desde el prisma de su enorme y comprensible dolor, pero el legislador y el político tienen la obligación de trasladar sus peticiones hacia el bien común, por más que a las personas que se esconden detrás les duela.

Por tanto, habría que analizar la conveniencia de esa medida, y de sus efectos. Es cierto que la celebración de dos juicios cuando en un mismo hecho delictivo hay culpables mayores y menores de edad puede reportar a la víctima el dolor de someterse a un juicio dos veces, con todo lo que supone de victimización secundaria.

Pero, aparte de eso, no hay otra desventaja de esta doble celebración, salvo algunos problemas técnico jurídicos derivados de llamar como testigos en un juicio a quienes fueron imputados en otro por el mismo hecho. Pero ningún otro inconveniente reporta, porque la Justicia opera igual en ambos procesos, el de mayores y el de menores, según sus respectivas naturalezas.
Y tal vez ahí esté el quid de la cuestión.

La naturaleza y el fin de un juicio contra un mayor de edad para exigirle responsabilidad y el de un proceso contra un menor es totalmente diferente. De hecho, ni siquiera se debería llamar juicio, igual que no se llaman” penas” sino “medidas” las consecuencias que se imponen. En materia de menores el fin de la reeducación y la reinserción social es el objetivo, a diferencia del juicio penal a mayores de edad en donde el objetivo es la imposición de una pena, por más que está esté orientada a la rehabilitación.

La perspectiva de la represión no es la propia de la jurisdicción de menores, por más que lo reprochable de algunos hechos lleve a quienes lo sufren a clamar venganza. Algo que a ellos, por cierto, no se les puede reprochar, pero que el legislador ha de reconducir en sus propios términos.

Precisamente por esa razón sería difícil llevar a cabo macrojuicios especiales cohonestando ambos fines. Ello supondría que, o bien al menor se le trata como mayor, cambiando la orientación a la represión, o que se opere en sentido inverso, y ceda el carácter represivo en pro del reeducativo en el desarrollo del proceso. Y es difícil considerar igual peras y manzanas, por más que ambas vayan en el mismo frutero.

Pero lo realmente preocupante es lo que subyace. Parece que se está reconociendo implícitamente que no se hace Justicia en la jurisdicción de menores. Y que por eso se reclama “mano dura” y que sean tratados como mayores. Y eso entraña el riesgo de que se desdibuje el principio de interés del menor que debe regir siempre las actuaciones en materia de menores.

Tratar como mayores de edad a quienes no lo son conllevaría desandar todo el camino andado en esta materia. Un paso muy peligroso.

En definitiva, una medida que poco aporta. Y menos por un legislador que vive de prestado. Mucho ruido y pocas nueces. Como tantas veces.
 
 

Lunes, 1 de Febrero 2016

Nadie discute de la necesidad de contar con reformas legislativas sólidas y con un amplio consenso político para que tengan una estabilidad en un escenario amplio. Curiosamente las reformas más destacadas como la del último Código Penal o la Lecrim, no contaron con el apoyo de ningún grupo político, salvo el PP. Ahora, la reforma de la Ley del Menor vuelve a planear sobre nuestras cabezas. La visita de los padres de Marta del Castillo que han entregado al Ministro en funciones, Rafael Catalá, cerca de 1.500.000 firmas para que se repita el juicio de su hija, fallecida y desaparecida hace siete años, ver foto, ha servido de detonante.


Reformas Legislativas: ¿ Menores y Adultos juzgados conjuntamente?
En un momento como el que vivimos, de transición de una  legislación a otra, con un Gobierno a punto de configurarse fruto del pacto, hemos conocido ayer la idea del Ministro en funciones de Justicia, Rafael Catalá de proponer una reforma legal que juzgue conjuntamente a adultos y menores en la misma causa.

Esta idea viene barruntando en la cabeza de nuestros políticos en los últimos años, y ciertos episodios mediáticos, el último de ellos la agresión del Presidente Rajoy por un menor, encienden siempre el debate y la controversia sobre esta cuestión. El propio Ruiz-Gallardon, al inicio de la anterior legislatura esbozó la idea pero al final no cuajó

Para el hoy titular de Justicia, la idea sería crear otro tribunal, en el que se integrarían Magistrados de la Audiencia Provincial y magistrados en menores para poder enjuiciar este tipo de delitos graves.

Esta iniciativa se da a conocer cuando Catalá recibe a los padres de Marta del Castillo quienes entregan al ministro casi un millón y medio de firmas para intentar reabrir el caso de la joven desaparecida y asesinada hace siete años.

Con esta idea se vuelve abrir el debate de cuál debe ser el tratamiento penal del menor. En la actualidad la ley señala que los menores de catorce años no son imputables, de hecho la mayoría de edad penal está en los dieciocho años y a partir de esos catorce años se les puede pedir  responsabilidades.

Así lo marca la legislación vigente relativa a menores, recogida en el Código Penal de 1995, y posteriormente en la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores del año 2000.

El artículo 19 del Código Penal dice que "los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente", aunque aclara que "cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor".

De nuevo, un hecho concreto parece que anima al legislador a hacer cambios normativos de calado. Y tú, ¿Qué opinas?  ¿Hay que juzgar a adultos y menores conjuntamente?.

 Ayudanos a Pintar la Justicia y a definir cómo deben ser nuestras reformas legislativas
 

Jueves, 28 de Enero 2016

Hace algo más de diez años, Luis Javier Sánchez, @LuisjaSanchez, para quien le sigue en redes sociales, advirtió que su lugar era contando la actualidad jurídica.

Atrás quedaron sus doce  años de Consultor de Comunicación y Experto en Relaciones Institucionales, donde además de trabajar con empresas de todo tipo y  firmas legales se preocupó por dar a conocer actividades desconocidas en los años noventa, como el arbitraje y la mediación, métodos extrajudiciales de los que ha escrito bastante.

Luis Javier es socio fundador de ACIJUR, asociación de periodistas y comunicadores del sector legal, así como de FORETICA, como socio personal y EMPLEOSENIOR.ORG, plataforma reivindicativa para que los mayores de cuarenta y cinco años tengan el reconocimiento laboral que merecen por su experiencia y preparación.

A nivel editorial, el coordinador de este blog sobre PINTAR LA JUSTICIA siempre ha tenido la iniciativa de promover actividades. En su día, formó parte del equipo fundacional de Puromarketing.com, una de las principales publicaciones de marketing del sector, también ha sido coordinador de DIARIOJURIDICO.COM y acaba de salir de Lawyerpress.com donde durante tres años impulso una publicación jurídica de gran nivel.

De forma paralela a su trabajo editorial, merece la pena destacar su trabajo en redes sociales, en especial Twitter y Linkedin, donde a diario nutre estas herramientas con contenidos de primer nivel. Por este motivo, no es extraño que sus seguidores sean millares.  De las entrevistas ha hecho un género vivo y siempre estamos abiertos a que nos sorprenda con algún reportaje o historia de interés.

Nuestro periodista colaborador es una persona intuitiva y de gran creatividad.  Cuida mucho su trabajo y sus actividades para con FIDE. Su espíritu de trabajo es encomiable. No deja un tema para el día siguiente y estamos seguros que ayudará en la difusión y coordinación de este blog.

@LuisjaSanchez se mueve bien en las redes sociales y pese a la crisis por la que pasa nuestro periodismo, aún apuesta por estar en este lado de la barrera. En la actualidad colabora en publicaciones jurídicas como LawandTrends.com o el CANAL CIMA de Lawyerpress.com. También sabemos que prepara otros proyectos editoriales. 

Para FUNDACION FIDE es un placer tenerle cerca y que nos ayude a este cambio que estamos generando dentro de nuestra entidad

Confío que le ayudéis en su trabajo

Cordialmente

Cristina Jiménez, Presidente de FIDE

Martes, 12 de Enero 2016

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Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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