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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




Mejoras necesarias para la justicia penal en el ámbito de la Fiscalía


Lunes, 30 de Mayo 2016

La Justicia, concebida como servicio público fundamental para la convivencia ciudadana y también para el control del poder y de la administración está lamentablemente fuera de las prioridades de los políticos en España desde la Transición democrática. Las preocupaciones fundamentales al respecto se han dirigido fundamentalmente al control político de la jerarquía de las Carreras Judicial y Fiscal: ver a ex directores generales, ex altos cargos políticos, incluso Ministros, en los puestos de responsabilidad más elevados como Magistrados y Fiscales es desolador, pero no es sino la manifestación de otro problema, el realmente determinante.

Salvador Viada. Fiscal del Tribunal Supremo. Portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)




Debemos considerar que la Justicia en España hoy es el resultado de las políticas de PP y PSOE durante casi 35 años, creándose un modelo de Justicia que por la politización de su Gobierno (CGPJ y Fiscalía) genera críticas incluso en el Consejo de Europa .

Habiéndose instalado un acuerdo tácito o explícito entre los dos partidos políticos de gobierno sobre el control político de la Justicia, ¿habrá ahora una mayoría suficiente, o mejor, un consenso político para separar justicia de política y dejar de crear nichos de protección que fomenten la impunidad de la corrupción o al menos dificulten las investigaciones sobre esos casos?   ¿Podrá crearse finalmente un consenso sobre la necesidad de dotarnos de una Justicia moderna, con medios, barata para el ciudadano, sin tasas disuasorias, igual para todos y en la que al tiempo que se presta un servicio de calidad el ciudadano pueda mostrar cierta satisfacción con el mismo?  

Leemos cosas en ese sentido, contrarias al reparto vergonzoso de la Justicia, al incumplimiento de promesas electorales sobre despolitización, cosas favorables a reformas dirigidas a mejorar ese servicio esencial, pero lamentablemente no en el partido mayoritario y si, como tantas oras veces, en la oposición.
 
 Es muy difícil, creo, construir un proceso penal ágil, discreto –salvaguardando el honor y la presunción de inocencia de investigados-, rápido, garantista, y eficaz sin colocar la investigación de los delitos en el ámbito de la Fiscalía y bajo el control de un juez de garantías.    Pero la Fiscalía está abandonada de manera penosa en su desarrollo y en las garantías internas profesionales para los fiscales.   No está hoy la Fiscalía preparada para afrontar ese reto y no se ve en la jerarquía de la Carrera Fiscal –formada muchas veces en razón a criterios políticos o a afinidades personales con los Fiscales Generales- demasiada inquietud por trabajar para que lo esté. 

La pereza del legislador (el Reglamento del MF es de 1969, una norma franquista) y la falta de interés de los Gobiernos nos encuentra hoy con un Ministerio Fiscal sin recursos para asumir sus actuales obligaciones, con inequívoca inclinación hacia el Gobierno de turno, sin mecanismos de hacer valer con transparencia su independencia y para ser exigido en su imparcialidad. 
 
Por eso, la APIF propuso recientemente a los partidos políticos un Decálogo de iniciativas para cambiar las cosas.   Solo dos grupos políticos acusaron recibo, lo que no deja de preocupar y de llamar la atención.   

Entre esas propuestas se reclamaba un Pacto por la Justicia para cambiar las cosas –no como el último que concluyó con un reparto del control del CGPJ entre los partidos-; reforzar la independencia del FGE y la neutralidad política de la Fiscalía; un Reglamento democrático para el Ministerio Fiscal; definiciones de derechos y obligaciones de cada puesto de trabajo de cada fiscal, garantías profesionales para los fiscales, medios materiales (por poner un ejemplo,  la mayor parte de los Fiscales se compran sus Códigos penales y procesales porque el Ministerio no incluye el suministro de textos legales a fiscales como una de sus obligaciones, y por supuesto la Fiscalía General mira a otro lado cuando se solicitan); o la necesidad de suspender Lexnet hasta que funcione correctamente y se solucionen sus problemas gravísimos, entre otros, de seguridad.   

Si queremos una mejor calidad democrática el camino pasa por ahí.
 



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Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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