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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




Es cierto que en la actualidad vivimos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están influyendo de modo decisivo no solo en la manera de actuar, sino también en la manera de pensar y comportarse de los individuos y las sociedades, constituyendo sin duda alguna un motor para el cambio. Si la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de las empresas y de su cadena de valor es un elemento diferenciador para generar valor añadido y una palanca para aumentar la competitividad, dicha transformación si cabe al menos, es igual de trascendente en la Administración de Justicia

Por Javier Puyol Montero. Ex Magistrado. Socio de Ecix Group. Premio Enatic 2015 Mejor Jurista Digital


II: Cambio Tecnológico : Tecnología en la Admon de Justicia. Sí, pero no a cualquier precio

 
. A medida que surgen nuevos modelos de gestión y transformación globales, la inversión en innovación y desarrollo tecnológico se convierte en el mejor camino para optimizar los procesos y obtener resultados de excelencia en las organizaciones. El aprovechamiento de las TIC, como herramientas de transformación, supone un importante ahorro de recursos con el consiguiente impacto positivo en el desarrollo de cualquier actividad.

La Administración de Justicia hoy en día está más necesitada que nunca de una importante y profunda transformación. La sociedad y los ciudadanos así lo vienen reclamando y poniendo de manifiesto desde hace demasiado tiempo.

Es necesario racionalizar todos los procedimientos, y más que en otro ámbito de actividad pública, este sector de la Administración está  siendo víctima,  o bien la dejadez casi más absoluta, o se pasa a un momento de frenesí legislativo donde es necesario cambiar y modificarlo todo. Nuestras leyes de procedimiento de 1.881, y 1.882 son un buen reflejo de ello.

Cabe preguntarse el por qué del exiguo número de reformas que han sufrido y las causas que las han motivado. Por el contrario, hoy en día, tomando simplemente como ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal y la Ley Concursal vemos que entre las tres en muy pocos años han sufrido cerca de 80 reformas, sin contar las de otras leyes o normativas que inciden de manera directa en el funcionamiento de los Tribunales. Ello implica que esta sin razón normativa, en primer término, no puede ser indiferente ni a los planteamientos ni a la racionalidad con la que se ha de afrontar la organización de la Justicia en nuestro país.

Partiendo de esta situación, y siendo evidente que no tenemos  claramente definido un modelo de justicia de futuro, pues entre otras circunstancias condicionantes, igual hoy se crea una jurisdicción, y mañana se elimina, la tecnología no puede ser indiferente a estos planteamientos. La informática, y los avances en esta materia, que tan normalizados se encuentra en el ámbito de la empresa o de cualquier clase de negocio, no constituyen un fin en sí mismos, sino que tienen un carácter puramente medial con la organización de un sistema de gestión.

Por ello, es necesario definir el modelo de organización estructural y de funcionamiento interno de la Administración de Justicia, que en primer término se quiere establecer, y sobre ello, establecer el nivel de implantación tecnológico que es preciso implementar tanto por razones cualitativas, como cuantitativas para que los objetivos de gestión y de producción se vean adecuadamente satisfechos, precisamente, con ayuda inestimable de la tecnología.

Y esta reflexión tiene una especial trascendencia. No cualquier tecnología es adecuada para todos los modelos de gestión. La falta de definición de estos últimos, está determinando desde hace muchos años, que el nivel tecnológico que se implementa tenga un carácter de provisionalidad, pero lo que es más grave, fundamentalmente, de azar, injustificado e injustificable.

Esta situación es especialmente expresiva con la implantación de LEXNET. Se han cambiado los marcos legislativos para hacerlos adecuados a la implantación de este nuevo sistema de trabajo, que más que nuevos sistemas de gestión, constituye una nueva filosofía que trata de ser implantada en la Administración de Justicia.

En este sentido, debe afirmarse que si su desarrollo no va unido a una cierta estabilidad legislativa, lejos de tanta reforma normativa, unido a un desarrollo adecuado de los medios materiales en todo el territorio, ocurre lo que está sucediendo en los momentos presentes, cuando se aspira a lo mejor, y sin embargo, hay muchos órganos judiciales que ni siquiera pueden comunicarse con los ciudadanos y los profesionales mediante correo electrónico.

Una vez más la improvisación y el actuar unilateralmente de manera completamente desorganizada, produce los frutos que se están produciendo, y que eran del todo punto previsibles, y más que avance lo que produce es desánimo y desorganización en la ya maltrecha Administración de Justicia.

Probablemente esta situación pase por la urgente necesidad de un “pacto de estado” que dote de la necesaria estabilidad y seguridad al sistema, propiciando una visión de futuro, que permita un adecuado funcionamiento de la Justicia, de acuerdo con los medios materiales y humanos existentes, y que sea necesario invertir, teniendo en cuenta, que en muchas ocasiones, tal como se está produciendo la inversión “sin razón” y “sin previsión de futuro” en tecnología carece de sentido.


Otro de los puntos claves de las mejoras de la justicia es la tecnológica. Desde el 2003 se conoce la existencia de Lexnet, un programa que pretende ser el enganche a las tecnologías del siglo XXI. El Ministró Catalá ha intentado que por mandato legal se llegara a esta fecha del 1 de enero con la conexión online de las comunicaciones. Aqui en esta entrevista publicada en Lawandtrends.com nos ofrece Joaquin Bosch cómo están encajando los jueces este cambio tecnológico


II:Cambio Tecnológico : Joaquín Bosch, portavoz Jueces para la Democracia :" Hay más papel ahora que hace seis meses en los juzgados"
Este tipo de reformas, que ha sido aplazada muchas veces, requiere de una inversión importante que contemple los medios tecnológico necesarios y apueste por la formación de los profesionales “ “El trabajo judicial es diferente al traslado de comunicaciones y tramites. Hay que examinar documentos y a veces es mejor ir a la fuente original que a la propia pantalla. Hará falta más tiempo de adaptación al ámbito tecnológico”, comenta.

Reconoce que no es sencillo para nadie pasar de la tecnología elemental de los juzgados, ordenadores e impresoras de baja calidad, acompañados no siempre de fotocopiadoras y faxes, a que nuestros juzgados lideren la tecnología punta como quiere nuestro Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá: “Cualquier tipo de cambio de este calado necesita de un estudio a fondo, inversión suficiente y la dotación de medios y formación adecuada para que los operadores jurídicos podamos entender a dónde vamos”, señala Joaquín Bosch, magistrado y Portavoz Nacional de Jueces Para la Democracia, una de las asociaciones judiciales de nuestro panorama jurídico.

Con él, hemos querido conocer más a fondo cuál va a ser el impacto de las nuevas tecnologías en nuestros 5390 jueces a corto y medio plazo. “Los jueces necesitamos de la implicación del CGPJ en este tema, porque de él emanan las firmas digitales de los magistrados y los medios y funcionarios necesarios para hacer nuestro trabajo. Ahora situaciones como las de los juzgados de Madrid señala que algo está fallando en la implantación de Lexnet”, apunta. Y señala un dato importante que convertimos en titular de esta entrevista: “Hay más papel en los juzgados ahora que hace seis meses”. Bosch y su propia asociación es partidaria de una moratoria de la obligatoriedad de Lexnet, de tal forma que la aplicación se mejore mientras se permite la entrada de escritos en papel.

Los sistemas tecnológicos de Justicia son inferiores a los de la Agencia Tributaria Nadie esperaba el revuelo que podría generar introducir las tecnologías en nuestra Administración de Justicia. En este día de hoy hay un reportaje que profundiza en la situación de nuestros juzgados, ahora con muchos problemas de estar al día. La difícil transición entre una justicia lenta sin apenas tecnología y otra que pretende tender al concepto de papel cero está siendo un calvario para muchos juristas: ”Los sistemas tecnológicos de la justicia en la actualidad son muy inferiores a los de la Agencia Tributaria y también de escasa calidad frente a los de la mayoría de los despachos de abogados de este país. Es necesario hacer este cambio, pero de otra forma; con más planificación y recursos y mejor coordinado con las CCAA con competencias transferidas en Justicia”, comenta nuestro interlocutor.

A juicio de este magistrado, anunciar desde el Ministerio la puesta en marcha de Lexnet cuando estábamos en vísperas de unas Elecciones Generales que iba a cambiar mucho, como así ha sido a posteriori, nuestro mapa electoral, no fue la mejor idea tomada. “No se ha visto que el poder político emanado de las urnas haya asumido como suyo la responsabilidad de este cambio tecnológico necesario. Pretender hacer reformas como las que ha querido plantear el Ministro Catalá a coste cero es inviable. Al final el anuncio del fin del papel cero era más preelectoral que riguroso, por desgracia para todos”, señala.

Y es que no parece que pasado el 1 de enero del 2016 haya desaparecido el papel de los juzgados: “todo lo contrario, creo que ahora hay más papel que hace seis meses. Lexnet realmente es un paso pequeño, un correo electrónico desde donde enviar los escritos a los órganos judiciales. Aún queda bastante para desarrollar el expediente electrónico digital, realmente”, subraya. En estos momentos, la situación es bastante caótica. Donde funciona Lexnet se ha incrementado la petición en papel. Los documentos llegan a los juzgados, pero hay que imprimirlos con posterioridad porque en los juzgados falta el sistema de gestión procesal adecuado fruto del expediente electrónico que está pendiente por diseñar. “No podemos olvidar que Lexnet es una aplicación del 2003 y que a lo largo de estos años no se ha podido mejorar en su desarrollo. Ahora mismo los sistemas de gestión de reparto de algunos decanatos como en Madrid no son compatibles con esta aplicación, eso está generando muchos problemas de estar al día en diferentes jurisdicciones”, aclara.

Los errores de la aplicación y la falta de capacidad de la herramienta han llegado a pedir a diferentes colectivos, letrados de la administración de Justicia, CGAE y ahora la propia Jueces para la Democracia “una necesaria moratoria para que el sistema funcione sin riesgo a la seguridad jurídica del justiciable. El proceso debería reestructurarse de otra forma para que viéramos mejores resultados “, indica Bosch. Papel cero, difícil que desaparezca En opinión de nuestro entrevistado es muy complicado que el papel cero desaparezca al cien por cien de nuestro panorama legal. “Este tipo de reformas, que ha sido aplazada muchas veces, requiere de una inversión importante que contemple los medios tecnológico necesarios y apueste por la formación de los profesionales.

Hasta la fecha puedo decir que los jueces no hemos hecho ningún programa formativo relacionado con Lexnet, con lo cual el manejo de estas aplicaciones es aún más complicado de lo que parece,“ advierte. Sin esta formación, es posible que este cambio tecnológico, que supone un cambio cultural, en definitiva, con lo que ello supone de modificar hábitos de trabajo, sea más lento a corto y medio plazo. “Si se le pregunta a un juez que tiene que utilizar un expediente digital no sabrá de lo que le estás hablando”, explica Joaquín Bosch.

Nadie oculta que introducir la tecnología entre nuestros jueces no es sencillo y muchos de ellos muestran su preocupación sobre cómo podrán desempeñar ese trabajo de otra forma ahora. Sobre cuál debería ser el papel del CGPJ en este entorno de tecnología y profesionales de la judicatura, Bosch remarca que “El CGPJ no se implica en nada que suponga criticar al Ministerio de Justicia. Tampoco cumple su papel de garante de la independencia judicial y así asegurar una justicia como servicio público adecuado. Al final hemos sido las asociaciones judiciales las que hemos hecho las observaciones pertinentes a Lexnet y su desarrollo. Ahora mismo en el ámbito judicial no tenemos herramientas ni instrumentos para afrontar este reto de la tecnología”, señala.

Respecto a la cuestión de que a muchos magistrados les es más sencillo trabajar con el papel cerca y no con doble o triple pantalla, nuestro interlocutor recuerda que será cuestión de tiempo el acostumbrarse a esta nueva fórmula de trabajo que deriva de la tecnología. “El trabajo judicial es diferente al traslado de comunicaciones y tramites. Hay que examinar documentos y a veces es mejor ir a la fuente original que a la propia pantalla”, comenta. Estos problemas que está generando Lexnet, con tres organismos que gestionan nuestra Justicia, Ministerio; CGPJ y CCAA con competencias transferidas, no parece que se hubieran superado con un único organismo de gestión de la Administración de Justicia, a juicio del portavoz de Jueces para la Democracia: ”Todo es cuestión de coordinación, como estamos viendo ahora. Si ese poder único hubiera tenido esa relación estrecha con los poderes inferiores seguramente hubiéramos logrado mejoras. Pero desde fuera, el problema radica en que la inversión no ha sido suficiente y la planificación ha sido apresurada. Sin esas inversiones, el Gobierno no puede pedir a las CCAA que en tres o cuatro meses se pongan al día en estos temas”, remarca.

La fecha clave es el 7 de julio, donde la misma reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala el momento de entrada en todo nuestro territorio del expediente digital en nuestra Administración de Justicia: ”Es cierto, será una prueba de fuego. Por desgracia estos antecedentes que están surgiendo no anticipan nada bueno a medio plazo. El tiempo dará o quitará razón al Ministro en funciones Catalá”.

Cortesía de www.lawandtrends.com

Domingo, 14 de Febrero 2016

Esta noticia de querer enjuiciar menores junto a adultos es una vieja reivindicación de nuestros políticos. Una primera reflexión de la misma sobre ella, como penalista que soy, indica que no soy muy partidario de la misma y su implantación. La problemática que tienen los menores es diferente y ya tienen su jurisdicción especializada. No es la misma que la que tienen los adultos. Creo que siempre hay que tener en cuenta el interés del menor como un principio que tiene que prevalecer siempre y la manera de cumplirlo no pasa por someter a los menores a la justícia de los mayores, sino a ser considerados como tales.

Oriol Rusca es Presidente del Consell de Abogacía Catalana. Vicepresidente del CGAE; Decano del ICAB y abogado penalista.


No parece lógico que menores y adultos sean juzgados en el mismo procedimiento
Creo que a los menores lo que hay que hacer es recuperarles. De hecho, con las actuales políticas que hay de reinserción es más sencillo que se reintegren en nuestra sociedad. Por este motivo, chirria mucho la idea del Ministro Catalá de querer enjuiciar a adultos y menores, por causas graves en un tribunal especial al efecto.

Hasta ahora, el balance es positivo de lo que se ha hecho. Y se ha diferenciado de manera clara la legislación de menores de la de adultos. No podemos tratar de igual manera a unos chicos que por muy grave sea el hecho que hayan cometido, deben tener un tratamiento diferente que los mismos adultos.

Lo fundamental con los menores es buscar su recuperación y reinserción en la sociedad. De hecho, verles en el mismo procedimiento, adultos y menores no tiene mucho sentido.  Creo que este tipo de procedimientos como se encauzan ahora, con jueces especializados en menores, son los adecuados.

Hay un peligro si mezclamos a menores con adultos en el mismo proceso y procedimiento. No parece muy lógico y no va a ayudar a que los primeros puedan reintegrarse en su entorno.  Creo además que la Ley Penal del Menor hasta el momento está dando un buen resultado y está recuperando a muchos menores.

Sin embargo, es posible que desde el punto de vista social se vea que es poco lo que se está haciendo realmente.  Pero realmente lo que se intenta es trabajar tanto en el campo preventivo, de que no cometan delitos y , cuando suceden, apostar por su reinserción por encima de cualquier circunstancia.

Fuera de casos muy puntuales, que pueden llegar a ser desgracias horrorosas porque puede haber incluso víctimas, la Ley Penal del Menor está dando buenos resultados desde su implantación. En la reforma que se hizo en el 2000, en su Exposición de Motivos decía que se reformaba la ley pese a que no existía problemática importante para esa reforma.

Es muy importante que las administraciones públicas se basen  en criterios jurídicos y no políticos a la hora de cualquier cambio normativo que se vaya a realizar. Hay que respetar el sentimiento de agravio de las víctimas pero darse cuenta que en este terreno la propia administración de Justicia tiene otras finalidades.

Nuestro legislador debe consensuar cualquier reforma desde la reflexión y no a golpe de telediario o de oportunidad concreta de un caso aislado. En el caso de menores estamos hablando de situaciones que pueden ser muy graves. En este contexto, la justicia debe ir por otros caminos.

Creo que no habría que tocar nada en cuanto a la responsabilidad penal del menor que se establece desde los dieciocho años, incluso a lo mejor se puede regular el capítulo de jóvenes que va de dieciocho a veintiuno. No se puede reformar por cuatro asuntos graves lo que es el actual procedimiento de menores y los fundamentos de lo que es justicia.
 

De entrada, conviene recordar algo que, no por obvio resulta menos importante, como es que las reformas legales en general, y las procesales en particular, deben ser fruto de un proceso de reflexión y análisis de la situación que se pretende abordar, el problema detectado, las posibles soluciones y los pros y contras de cada una de ellas, de manera que, en un marco de debate sereno y abierto, pueda encontrarse la alternativa que, a largo plazo, ofrezca la mejor respuesta para el ciudadano. Dicho de otra manera, no se puede ni debe legislar en caliente o para dar respuesta a problemas o casos concretos.

Manuel Almenar es magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Presidente Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura y Exvocal del CGPJ


Reformas Legislativas: ¿ Menores y Adultos juzgados conjuntamente?: Una reforma que debería ser escrupulosa con la normativa internacional e interna de menores

En relación con la cuestión planteada, efectivamente se trata de un debate que surge periódicamente con ocasión de la investigación y enjuiciamiento de delitos graves, en cuya comisión han intervenido mayores y menores de edad. En principio, la posibilidad de que unos y otros sean enjuiciados en un mismo proceso ofrece luces y sombras, aunque es verdad que gran parte de las posibles objeciones podrían salvarse, siempre que se garantizasen los mecanismos introducidos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
 
En efecto, la existencia de dos procedimientos separados parece lógica desde el momento en que los objetivos no son exactamente los mismos, puesto que, si bien en ambos se trata de determinar la participación que una persona pudiera haber tenido en un hecho delictivo, la tramitación, las medidas a adoptar, los intereses en conflicto, la finalidad y las consecuencias responden a distintos principios y parámetros.
 
Ahora bien, forzoso es reconocer que el enjuiciamiento separado puede dar lugar, no solo a que uno de los procedimientos (normalmente el de menores) finalice en breve plazo mientras el otro (mayores) se dilate en el tiempo, sino a situaciones hasta cierto punto difíciles de entender por la ciudadanía (que el menor declare como testigo en el juicio del mayor y el mayor como testigo en el del menor) y, sobre todo, a decisiones contradictorias (absolución y condena, condena o absolución, o condena o por delitos distintos).
 
Obviamente, el enjuiciamiento en un mismo procedimiento, por un mismo Tribunal en el que se integrase, al menos, un Juez de Menores, podría dar respuesta a esta situación, pero condicionado al escrupuloso respeto de la normativa internacional (en particular, la Convención de Derechos del Niño) e interna, lo que implicaría la limitación de la acción popular, e incluso de la acusación particular, la intervención del Equipo Técnico asesor, una regulación específica de la vista oral (a fin de velar por el cumplimiento de los derechos del menor, por ejemplo, mediante su presencia en otra sala -piénsese que pueden ser menores de hasta 14 años) y el enjuiciamiento y, en su caso, tipificación y sanción del menor conforme a las normas previstas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Lunes, 1 de Febrero 2016

Acabo de leer que el Ministro de Justicia anda dando vueltas a una reforma de la ley del Menor. Se plantea la posibilidad de cambiar el procedimiento de modo que menores y mayores que participen de un mismo hecho sean juzgados a la vez, en un solo juicio. Y según parece, la decisión arranca o se relaciona con la visita de los padres de una menor asesinada por todos conocida y las promesas o propuestas a ellos hechas. A pesar de encontrarse en funciones y con un panorama de futuro mucho más que incierto.

Por Susana Gisbert. @gib_sus. Fiscal de Violencia de Género. Fiscalía Provincial de Valencia



A vueltas con la Ley del Menor

   
La cosa no es para tomársela a la ligera. Las decisiones legislativas a golpe de telediario o vía presión social por un hecho concreto, por repugnante que resulte como en este caso, nunca han sido buenas. Las víctimas de los delitos tienen derecho a ver las cosas desde el prisma de su enorme y comprensible dolor, pero el legislador y el político tienen la obligación de trasladar sus peticiones hacia el bien común, por más que a las personas que se esconden detrás les duela.

Por tanto, habría que analizar la conveniencia de esa medida, y de sus efectos. Es cierto que la celebración de dos juicios cuando en un mismo hecho delictivo hay culpables mayores y menores de edad puede reportar a la víctima el dolor de someterse a un juicio dos veces, con todo lo que supone de victimización secundaria.

Pero, aparte de eso, no hay otra desventaja de esta doble celebración, salvo algunos problemas técnico jurídicos derivados de llamar como testigos en un juicio a quienes fueron imputados en otro por el mismo hecho. Pero ningún otro inconveniente reporta, porque la Justicia opera igual en ambos procesos, el de mayores y el de menores, según sus respectivas naturalezas.
Y tal vez ahí esté el quid de la cuestión.

La naturaleza y el fin de un juicio contra un mayor de edad para exigirle responsabilidad y el de un proceso contra un menor es totalmente diferente. De hecho, ni siquiera se debería llamar juicio, igual que no se llaman” penas” sino “medidas” las consecuencias que se imponen. En materia de menores el fin de la reeducación y la reinserción social es el objetivo, a diferencia del juicio penal a mayores de edad en donde el objetivo es la imposición de una pena, por más que está esté orientada a la rehabilitación.

La perspectiva de la represión no es la propia de la jurisdicción de menores, por más que lo reprochable de algunos hechos lleve a quienes lo sufren a clamar venganza. Algo que a ellos, por cierto, no se les puede reprochar, pero que el legislador ha de reconducir en sus propios términos.

Precisamente por esa razón sería difícil llevar a cabo macrojuicios especiales cohonestando ambos fines. Ello supondría que, o bien al menor se le trata como mayor, cambiando la orientación a la represión, o que se opere en sentido inverso, y ceda el carácter represivo en pro del reeducativo en el desarrollo del proceso. Y es difícil considerar igual peras y manzanas, por más que ambas vayan en el mismo frutero.

Pero lo realmente preocupante es lo que subyace. Parece que se está reconociendo implícitamente que no se hace Justicia en la jurisdicción de menores. Y que por eso se reclama “mano dura” y que sean tratados como mayores. Y eso entraña el riesgo de que se desdibuje el principio de interés del menor que debe regir siempre las actuaciones en materia de menores.

Tratar como mayores de edad a quienes no lo son conllevaría desandar todo el camino andado en esta materia. Un paso muy peligroso.

En definitiva, una medida que poco aporta. Y menos por un legislador que vive de prestado. Mucho ruido y pocas nueces. Como tantas veces.
 
 

Lunes, 1 de Febrero 2016

Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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