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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




En el Siglo IV antes del nacimiento de Cristo, el dramaturgo griego Aristófanes escribió una excelente obra titulada “Las Acarnienses”. La misma constituyó su comedia cumbre, tras otras dos que la precedieron: “Los comensales” y “Los babilonios”.

Por Esteban Ceca Magán. socio director Ceca Magán Abogados


III- Reformas institucionales: La Justicia necesita más Justicia
En las Acarnienses figuran unas bellas frases de Platón, a modo de Diálogos con el propio Aristófanes, en las que en determinado momento de la conversación, dicho gran antropólogo filosófico define la Justicia y se refiere a los Jueces, señalando las principales virtudes de éstos. “Los Jueces – dice Platón – tienen cuatro singulares características: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.
 
Frases e ideas que, trasladadas a nuestro tiempo, siguen suponiendo una preclara e insuperable lección de sabiduría jurídica.
 
Por lo que a Ulpiano se refiere, dicho jurista y filósofo, exento de presentación, allá por el mismo Siglo IV antes de Cristo consagró algunas definiciones sobre conceptos tan esenciales como lo son la Justicia y el Derecho.
 
Su concepto de Justicia, como valor, sorprende; por cuanto que su brevedad dota de extraordinaria precisión a lo que por naturaleza es una idea eminentemente abstracta: ‘'Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi'': la Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho.
 
Siempre se ha defendido que este excelso jurista romano se inspiró en la filosofía griega de los pitagóricos y estoicos para ofrecer esa definición, de modo que la Iustitia en la que piensa Ulpiano es una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno: ''aequum et bonum''.
 
Y de ahí que el texto del Digesto de Ulpiano (Pandecta en griego) comience con la definición del Derecho que acuñara Aurelio Cornelio Celso: “Ius est ars boni et aequi”: el Derecho es el arte de lo justo y de lo bueno.
 
Estas definiciones, todos cuantos estudiamos el Derecho Romano y la Filosofía del Derecho, nunca las hemos olvidado. Muy al contrario, las hicimos nuestras un día y con ellas construimos los cimientos de nuestro hacer profesional; que es tanto, como decir, de nuestro vivir.
 
Es por ello que, responder sobre el estado actual de la Justicia en España, reconozco que para un iuslaboralista es toda una invitación a centrar nuestra respuesta en las múltiples disfunciones que en la disciplina concreta padecemos, tanto desde la perspectiva abstracta del valor Justicia, como desde la relativa al Poder estatal que la imparte y a su aparato administrativo o funcionarial.
 
Mas, superando esas tentaciones de crítica de lo concreto (aunque abundante), propias del espíritu latino, preferimos quedarnos en los cimientos y sobre ellos poner nuestra mirada; pues de poco sirve dar lustre a lo adjetivo, si los pilares, carcomidos, no sostienen el edificio.
 
Y es ahí, en la pérdida de los valores de los conceptos de Justicia y Derecho, donde hallamos los males que con mayor inquina atacan a la Justicia de nuestro país.
 
Cada vez es mayor el desencuentro entre el término con el que designamos al aparato judicial (la Justicia) y su significado como valor supremo; mayor esa dicotomía que en la mente de juristas, legos y leguleyos se produce cuando refiriéndose al término “Justicia”, su cabeza les sugiere o representa dos imágenes tan dispares como la virtud abstracta, de una parte, y de otra, un aparato lento, carente de consistencia técnica, colapsado, plagado de afanes de protagonismo y no pocas veces sorprendente.
 
A la Justicia española (al aparato de la Justicia) le pasa, como dijera Don Quijote al referirse a la Celestina de Fernando de Rojas: “que sería divina si escondiera más lo humano”.
 
La Justicia necesita importantes dosis de Justicia. Por supuesto que requiere más y superiores medios técnicos y humanos para su mejora; pero de lo que más parca está la Justicia, es de Justicia; de la que nos describieron, tanto Ulpiano, como Aristófanes.
 
 
 

Miércoles, 16 de Marzo 2016

1990. Ministerio de Hacienda español. Dirección General de Inspección. Abelardo Delgado Pacheco -Subdirector General a la sazón, y sabio de lo tributario, entonces y ahora- encabeza un equipo de trabajo que visita el Ministerio de Finanzas francés. En particular, la Subdirección pilotada por el inspector de Finanzas, maître Hervé Leherissel. Propósito: intentar inspirar la que luego sería reforma del régimen de estimación objetiva singular, importando el régimen del forfait; esto es, los futuros signos índices y módulos.

Por Juan Pujol, Consejero Delegado Grupo Lefebvre El Derecho


II Cambios Tecnológicos. Hay un Mañana con Lexnet
Una de las conclusiones más contundentes e inesperadas del viaje de trabajo fue el resultado del imprevisto cotejo de los sistemas informáticos francés y español.
 
En una de las reuniones, tuvimos ocasión de comprobar (recuerden: 1990) la apabullante tecnología gala. Juan Manuel López Carbajo y Soledad Fernández Dotor, ambos llamados después a tener altas responsabilidades en la Administración Tributaria, tomaban buena nota de cuanto veíamos a nuestro alrededor .
 
"Fichas bristol" manuscritas, con  abigarradas y multicolores anotaciones, que constituían la base informativa de trabajo de cada "agent des impôts". Docenas de archivadores apilados en anacrónico concierto, que contrastaba con la potencia mítica y legendaria de una Agencia impositiva célebre por su eficacia recaudatoria. ¿Podía ser  cierto aquello?
 
Aquel espontáneo cotejo arrojó, pues, un saldo espectacular en favor del CPD de entonces , del arcaico Centro de Proceso de Datos de Josefa Valcarcel. Sin haberlo pretendido, esa percepción nos congraciaba a los integrantes del equipo español, visitantes en la imponente y no muy elegante fortaleza de Bercy,  con la capacidad de desarrollo e innovación de la Administración de la que formábamos parte.
 
 Y el tiempo pasó...
 
Si viajamos 26 años adelante, constatamos realidades bien diversas.
 
Por una parte, y según el "Global Innovation Index 2015" (citado por Pedro del Rosal en Iuris&Lex febrero 2016), la Administración española  resulta ocupar una meritoria cuarta plaza mundial en el capítulo de desarrollo de la Administración electrónica, con 94,49 puntos. Por delante, Corea del Sur (97,64), Singapur (99,21) y....Francia (100), que con vuelco espectacular en su desarrollo innovativo de estos cinco últimos lustros, pasa a encabezar tan singular ranking.
 
 En lo tributario, sin duda, no hace sino confirmarse  que hoy, en 2016, la informática de la AEAT es un ejemplo global de eficacia y de exhaustividad cibernética; en algún supuesto, incluso, potencialmente cuestionable desde el punto de vista estricto de las garantías ciudadanas. Implacable, en cualquier caso.
 
A la vista de aquellas percepciones, ya lejanas en el tiempo, y del reciente "Global Innovation 2015", habiendo vivido como contribuyentes, como ciudadanos, el despliegue en el tiempo de tan llamativa estructura, de tan formidable aparataje, no podemos sino concluir que el sistema informático de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es tan potente como el que más en el universo mundo.
 
El obligado tributario español recibe el borrador de su declaración anual del Impuesto personal que le grava; accede a su información patrimonial tributaria a través de firma electrónica; confirma o corrige los datos o tantas en poder de la AEAT; por análoga vía es objeto de notificaciones, que cobran visibilidad en el TEU o Tablón Edictal Único. En fin,  la sofisticada red recaudatoria, con poco margen al escape del incumplidor, acaba trabando y capturando, gracias a la tenaz persecución informática, cuentas bancarias u otros activos que saldan las deudas contraídas con el Fisco.
 
Todo ello, sustentado por una organización administrativa de medios materiales y humanos, con capacidad de gestión para una población de cerca de 20 millones de declarantes de  IRPF, que integra varios miles de millones de datos, referencias e identificaciones de todo tipo.
 
Si trasladamos las reflexiones precedentes a la experiencia que estamos viviendo como consecuencia de la implantación del modelo Lexnet por nuestra  Administración de Justicia, hemos de aspirar a que se sosiegue  el encendido debate que agita a día de hoy las instancias profesionales y administrativas afectadas.
 
Ministro de Justicia, Fiscal General, representantes corporativos de Abogados, Letrados de la Administración de Justicia, Procuradores, Graduados Sociales, en sus respectivas demarcaciones territoriales y Colegios, todos desfilan por las diversas tribunas públicas,  en las que queda constancia de las diferentes actitudes, ya críticas, ya mordaces, ya tranquilizadoras, pero también apocalípticas.
 
A mi entender es censurable, sin ambages, que un sistema de la envergadura y complejidad técnica de Lexnet, con el impacto y repercusión llamados a provocar sobre el medio profesional y ciudadano, no haya sido objeto del necesario y reiterado rodaje, no se haya sometido al periodo de prueba suficiente para excluir cualquier problema mayor de puesta en práctica. Ello, a la vista de los hechos, no se ha llevado a cabo con la suficiente exhaustividad.
 
Y los bienes jurídicos a preservar no son, en el caso, de rango secundario o menor. La  tutela judicial efectiva  (Victoria Ortega dixit) y la propia seguridad jurídica del sistema se resienten, con el consiguiente quebranto de derechos y garantías. Hemos de reprochar tales padecimientos de principios basilares del sistema.
 
Dicho todo lo cual, a nuestro entender,  la incidencia en el nacimiento de Lexnet es, pura, simple, lisa y llanamente, eso: una incidencia en la programación y lanzamiento de un sistema informático omnicomprensivo, complejo, capilar, sofisticado y potente.
 
No puede caber duda de que los mismos o similares medios que en los años 80 y 90 movilizaron la gestión tributaria española, hasta convertirla en una de las más avanzadas del mundo, esos mismos o similares medios, puestos en 2016 al servicio de la Administración de Justicia, propiciarán que se consiga, sin duda, un encaje y ajuste fino de sus engranajes y elementos de seguridad. Y se acabará superando, más pronto que tarde, cualquier incidencia de lanzamiento, de implantación, hasta conseguir que Lexnet sea una realidad igual de infalible, igual de avanzada, igual de eficaz que lo es la de la Administración Tributaria española.
 
Desde luego, quienes estuvimos en 1990 reunidos con el inspector Leherissel, no podemos tener duda.

  El ciudadano, el contribuyente, el justiciable español medio, tampoco debería tenerla.

En estos momentos no es tarea fácil trasladar la idea de las ventajas de la tecnología en el Justicia española, cuando la estructura organizativa de los juzgados unipersonales, como compartimentos estancos, del Siglo XIX no ha cambiado mucho y la nueva oficina judicial no se ha implantado en todo el territorio nacional y donde se ha desplegado no se ha hecho de manera uniforme, sino a la carta de cada comunidad judicial.

Por Angel Dolado Pérez, Juez Decano de Zaragoza. Ex portavoz nacional de Foro Judicial Independiente


II:Cambios Tecnológicos. La Digitalización de la Justicia Española

Se imaginan que el proceso de modernización de la Agencia Tributaria se hubiera hecho de la misma forma. Es inimaginable porque se hizo con unidad de acción, con garantías de seguridad y autenticidad, con sistemas de firma electrónica o contraseñas y porque el fin último de la  necesaria recaudación podía hacer peligrar la propia organización del Estado.

En el proceso de digitalización de los juzgados se está perdiendo de vista que la función de la administración de justicia no es la digitalización en sí misma, sino que tiene como función resolver los problemas que se suscitan ante ella por ciudadanos y entidades. El colofón de todos los trámites es una actividad intelectual del juez. Esta actividad es delicada y compleja. Por ello, la digitalización no puede ser un fin en sí mismo sino un instrumento al servicio de la función jurisdiccional y no puede ir en detrimento de la actividad del juez.

En este proceso de cambio tecnológico unos operadores son la punta de lanza de la innovación y otros – ahora la mayoría – manifiestan razonadamente una resistencia al cambio por la incertidumbre que supone, por miedo al cambio o comodidad en la forma de trabajo habitual y porque se desconocen las eventuales ventajas.

Desde el punto de vista de los actos  procesales de comunicación, la plataforma Lex-net ofrece ventajas innegables de ahorro de dinero público y privado, de tiempo para los profesionales del Derecho y de todo el sistema de función y servicio públicos.

Sin embargo, debe ir acompañado de cambios procesales: aumento de la oralidad, la inmediación, la concentración de prueba, exposiciones orales, aportación directa de pruebas por los Abogados, limitación de los tiempos en la celebración de juicios, etc. Actualmente, no se pueden aportar digitalmente las grabaciones de una conversación, un video, la dependencia de la tecnología JAVA hace difícil las actualizaciones, la interoperabilidad de sistemas procesales, de navegadores, etc.

La sustitución del expediente judicial de referencia en soporte papel por el electrónico, cuando funcione bien  puede servir a los funcionarios pero para los jueces será costoso ya que si es difícil leer todo en papel, la tarea de pasar cientos de pantallas digitales puede ir en detrimento de la calidad final de la sentencia.
 
En este proceso hubiera sido necesaria la formulación previa a la implantación del expediente digital, de protocolos homogéneos para toda España que determinaran las actuaciones que necesariamente han de seguir en soporte papel y pasos uniformes en el proceso de entrada, asegurando la interoperabilidad de sistemas y con la intervención conjunta de CGPJ, Ministerio de Justicia, CCAA, Abogados, Procuradores, Ministerio Fiscal y funcionarios de Justicia.
 
Por el contrario, se ha preferido llevar al BOE el principio de legalidad y una entrada en vigor inmediata, sin garantía alguna de los medios materiales y personales mínimos para que la implantación fuera segura y no atentara al derecho de los ciudadanos a tener una administración de justicia con  las debidas garantías.
 
El sacrificio y la colaboración proactiva que se nos está exigiendo a todos los que queremos a la Justicia se basa más en el voluntarismo y buena fe que en la confianza del resultado mediato. No se puede partir de una mentira originaria, como ha sido asegurar que está implantación ha de realizarse a coste cero, cuando la ingente cantidad de dinero que está siendo necesaria para  mal acoplarnos al nuevo sistema se desconoce porque no ha habido ningún estudio de costes efectivos, ni en el Ministerio de Justicia ni en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
 

Martes, 1 de Marzo 2016

Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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